Una vez que se ha dictado sentencia en un juicio, el Juez puede determinar que una de las partes pague los gastos del proceso. Es lo que se llama la condena en costas, una condena accesoria que obliga a la parte que ha visto desestimada su pretensión al abono de los gastos producidos por los honorarios de Abogados y Procuradores, cuando su intervención es obligatoria, así como de los peritos, inserción de anuncios o edictos, certificaciones de Registros Públicos o derechos arancelarios.

La condena en costas tiene unos importantes efectos, sobre todo tributarios, que nos pueden pillar desprevenidos.

Respecto a nuestra declaración de IRPF, si hemos sido condenados a pagar costas, podremos declararlo como una pérdida patrimonial, durante el periodo impositivo en que la condena haya resultado firme. En sentido contrario, si hemos sido parte vencedora en el proceso, deberemos hacerlo constar como una ganancia patrimonial en dicho periodo impositivo.

Es decir, si hemos resultado parte vencedora en un juicio y la otra parte ha sido condenada en costas, tendremos que declarar esa alteración patrimonial en nuestra declaración de la Renta del año en que la sentencia ha adquirido firmeza, dentro del apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales. Esto se podría traducir en una subida de nuestro tipo impositivo.

No declarar dicho importe podría suponer una sanción mínima del 50% sobre la cuota descubierta, que en caso de conformidad y pago en plazo se reduciría a 26,25%. Debemos tener también en cuenta que no podremos deducir los gastos de abogado y procurador que hayamos asumido durante el proceso, ya que para la Agencia Tributaria se consideran gastos debidos al consumo.