Formalizar legalmente la relación de pareja es un paso importante en la vida de una persona. No es algo en que nos guste pensar antes de dar el sí quiero, pero es inevitable detenerse en el posible final de nuestra historia de amor. Nuestro ordenamiento jurídico nos ofrece una serie de opciones entre las que podemos elegir, cada uno con una regulación concreta. Cuál de ellos se aplica a nuestra relación matrimonial en el caso de que no nos pronunciemos sobre el mismo dependerá, en primer lugar, de nuestra vecindad civil.

¿Qué es la vecindad civil? La vecindad civil es un concepto que tiene mucho que ver con los derechos forales. Como es sabido, hay territorios de nuestro país que tienen un derecho civil foral, propio del mismo, por razones históricas. La vecindad civil no es otra cosa que el derecho, foral o común, que se aplica a una persona. También se suele denominar como Regionalidad o como Condición Foral.

Una vez que sepamos nuestra vecindad civil y, por tanto, el tipo de régimen matrimonial que se aplica a nuestra relación a no ser que nos pronunciemos en contrario, tendremos que ver cuáles son los regímenes económicos que tenemos a nuestra disposición y en qué se diferencian.

En primer lugar, tenemos el sistema ganancial.  Este sistema es el que se aplica por defecto en casi todas las Comunidades Autónomas puesto que es el que rige en el derecho común. Su principal característica es que crea un patrimonio común de bienes de los futuros esposos, al que pertenecerán las rentas que obtengan una vez celebrado el matrimonio o los bienes comprados por cualquiera de ellos. Junto a este patrimonio existirá otro privativo, formado por todo aquello que pertenecía a los cónyuges antes de la celebración del matrimonio, así como las herencias y donaciones. Pero es importante destacar que se comparten tanto los pasivos como los activos, es decir, tanto los bienes o derechos como las obligaciones. Es decir, la característica esencial de este régimen es que existen los siguientes patrimonios:

  • El patrimonio de cada uno de los cónyuges, es decir, todo aquello que poseían antes de la celebración del matrimonio. Por ejemplo, un piso comprado antes de que se produjesen las nupcias. Este patrimonio pertenece al cónyuge de forma privativa y, por lo tanto, podrá disponer y administrar el mismo tal y como desee, sin que pueda impedírselo el otro cónyuge. Aunque hay que destacar que estos bienes estarán sujetos al levantamiento de las cargas cuyo origen sean gastos matrimoniales o familiares.
  • El patrimonio ganancial. Éste contendrá todos aquellos bienes que hayan ido haciendo suyos los cónyuges, cualquiera de ellos, mientras dura el matrimonio. En él estarían incluidos todos los sueldos que gane la pareja en sus correspondientes empleos o todos los bienes que adquieran una vez que han contraído matrimonio.

Cuando se produzca la disolución del matrimonio, el patrimonio privativo pertenecerá por entero al cónyuge que lo posea, pero el patrimonio ganancial será de propiedad de ambos, teniendo cada uno de ellos un 50%.

En segundo lugar, tenemos la llamada separación de bienes. Este es el régimen que aplican por defecto algunas Comunidades Autónomas en las que rige el derecho foral, como en Aragón, Cataluña o Baleares   En la separación de bienes, el patrimonio común o ganancial no existe. Los bienes de ambos serán independientes y lo adquirido se poseerá de forma proporcional a la aportación hecha. Así, por ejemplo, los sueldos pertenecerán al cónyuge que los haya ganado por entero y si adquieren una casa aportando uno un 40% y el otro un 60%, ésa será la proporción que poseerán. Ambos patrimonios soportarán todas aquellas cargas derivadas de la familia. Pueden pactar la proporción que quieran en cuanto a dichas cargas pero si no pactan nada se entiende que lo harán de forma proporcional a sus recursos económicos. Aquellas deudas u obligaciones que contraigan los cónyuges se atribuirán al que las ha contraído, de forma exclusiva, y no afectarán al patrimonio de éste. Cuando se disuelva el matrimonio, en este caso no será necesaria una liquidación como tal pues cada cónyuge tiene su patrimonio separado cuando finaliza el matrimonio.

Por último, el Código Civil regula un régimen de separación que está prácticamente en desuso. Es el régimen de participación, que se encuentra regulado en el artículo 1411 de dicho cuerpo legal. Este régimen, que como hemos dicho apenas es utilizado hoy día, consiste en que cada cónyuge participa de las ganancias del otro mientras el matrimonio haya perdurado, derecho a participar que se genera una vez se disuelve éste. Es decir, con este régimen, durante el matrimonio cada cónyuge goza y disfruta de su propio patrimonio y de sus ganancias, es decir, tal y como ocurría en el régimen ya visto de separación de bienes. Del mismo modo que en éste, también responderá de forma privativa de las deudas y cargas que genere. La diferencia principal y su característica esencial es que, cuando el matrimonio termina y se disuelve, cada cónyuge poseerá un derecho de participación en las ganancias del otro. Para calcular las ganancias, se hallará la diferencia entre el patrimonio inicial, es decir, aquellos bienes que tenían los cónyuges antes de comenzar el matrimonio y aquellos que obtuvieron mediante donaciones, herencias o legados, restando las pertinentes deudas que pudieran poseer, y el patrimonio final, que serán todos los bienes que el cónyuge tiene tras finalizar el matrimonio, menos las deudas que se encuentren pendientes. Se podrá pactar la participación que los cónyuges consideren oportuna, aunque si no pactan nada se entenderá que participan por mitades. Será obligatoria esta participación si tienen descendientes que no sean comunes.

Una vez que tenemos claro en qué consiste cada uno de estos sistemas, tendremos que decantarnos por uno. La elección corresponde a una preferencia personal y cada pareja deberá estudiarlo. Pero es importante que, si el régimen escogido no es el que se da por defecto en nuestra región, hagamos constar nuestra elección en capitulaciones matrimoniales.

Si se realizan antes de la boda, habrá que acudir a un Notario e inscribirlas en el Registro Civil. Esta es la mejor opción, porque si queremos variarlo en un momento posterior a la celebración, habrá que liquidar el régimen anterior, lo que aumentará los costes en tiempo y dinero. Pero, por supuesto, también existe la posibilidad de cambiar de régimen económico sin necesidad de disolver el matrimonio, otorgando unas nuevas capitulaciones matrimoniales, lo que supondrá, por tanto, la consiguiente liquidación del otro régimen.

Si tiene cualquier duda, en Serna Castejón Abogados nos ponemos a su entera disposición. Contacte con nosotros.