El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es aquel tributo que se encarga de gravar todos los incrementos patrimoniales que se obtienen a título lucrativo por personas físicas. A título lucrativo significa que se ha recibido de forma gratuita, sin tener que realizar ningún tipo de sacrificio ni otorgar una contrapartida. El texto jurídico que regula este impuesto es la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que entró en vigor el uno de enero de 1988.

En cuanto al ámbito territorial, es decir, los lugares en que dicha Ley se aplica, es todo el territorio español, salvadas las especialidades de País Vasco y Navarra, que se rigen por sus propias leyes forales y poseen algunas diferencias de gran calado con la regulación general.

En cuanto a las características de este impuesto, podemos decir que:

  • Es un impuesto directo porque se aplica de forma directa a la manifestación de capacidad económica que supone recibir una herencia o una donación.
  • Es un impuesto personal porque grava la manifestación de riqueza de una persona, pero no está unido a ningún bien concreto.
  • Es un impuesto progresivo, pues cuanta más base imponible haya que declarar, mayor tasa impositiva se tendrá que abonar.
  • Es un impuesto instantáneo, ya que el hecho imponible se ha producido en un concreto instante.

El hecho imponible de este impuesto se divide en tres categorías, tal y como establece el artículo 3 de la Ley 29/1987, que son las siguientes:

  • Haber adquirido bienes o derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, mortis causa. En este caso, el sujeto pasivo, es decir, el obligado a abonar el impuesto, será el causahabiente.
  • Haber adquirido bienes o derechos por donación o por cualquier negocio jurídico gratuito entre personas viva En este caso el sujeto pasivo es el favorecido por la transmisión.
  • Haber recibido cantidades como beneficiario de un seguro de vida siempre que el contratante y el beneficiario sean una persona distinta, salvo aquello que se regule en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias. El sujeto pasivo en este último caso será el beneficiario.

Por otro lado, hay una serie de supuestos que se consideran de no sujeción, es decir, que no se consideran como hechos imponibles del impuesto. Serían:

  • Premios que hayan sido conseguidos en juegos autorizados.
  • Premios e indemnizaciones exentos de IRPF.
  • Subvenciones, becas, premios, primas, gratificaciones y auxilios que haya sido otorgados por entidades, ya sean públicas o privadas, para fines benéficos, docentes, culturales, deportivos o de acción social.
  • Aquellas cantidades o prestaciones que se otorguen mediante un contrato laboral, es decir, los rendimientos en especie.
  • Las cantidades que se reciban por ser beneficiario de un plan de pensiones o similar, que se integran en el IRPF.
  • Aquellas cantidades que reciba un acreedor, beneficiario de un seguro de vida, para garantizar una deuda, siempre que se pruebe dicha circunstancia.

Además, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones establece una serie de presunciones. Es decir, ante una determinada situación, se presume que se ha producido uno de los hechos imponibles que provocan la obligación de abonar el Impuesto. Así, se considera que ha existido una transmisión lucrativa cuando se pueda demostrar con los datos que posee la Administración que una persona ha disminuido su patrimonio y, correlativamente, algún cónyuge, descendiente, heredero o legatario ha recibido dicho incremento patrimonial. También se presumirá que existe hecho imponible en el caso de que hayan existido adquisiciones onerosas realizadas por ascendientes que sean representantes de descendientes menores de edad, a menos que se pruebe lo contrario.

Estas presunciones, según el último inciso del artículo 4 de la Ley, se deben poner en conocimiento de los interesados para que aleguen o prueben lo que consideren necesario.

Los artículos 6 y 7 de la Ley 29/1987 nos hablan de la obligación personal y la obligación real. Obligación personal tendrán todos los contribuyentes que residan en España, con independencia de dónde se sitúen los bienes. En cambio, la obligación real se exige a aquellos contribuyentes a los que no se pueda exigir obligación personal, cuando los bienes o derechos que hubieran recibido estuvieran situados, pudieran ejercitarse o cumplirse en España, o hayan percibido cantidades derivadas de seguros de vida y el contrato haya sido realizado por aseguradoras españoles o se haya celebrado en nuestro país.

La base imponible se encuentra regulada en el artículo 9, que dice que constituirán la base imponible de este Impuesto:

  • En el caso de herencias y sucesiones, se considerará el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, siendo éste el valor real de los bienes y derechos, restando todas las cargas y deudas deducibles.
  • Si se trata de transmisiones inter vivos lucrativas, será el valor neto de los bienes y derechos que se hayan recibido, siendo éste, igual que en el caso anterior, el valor real minorado por las cargas y deudas que se puedan deducir.
  • En el caso de los seguros de vida, será la cantidad que haya sido recibida por el beneficiario del mismo, acumulada al importe del resto de bienes y derechos que haya recibido por herencia cuando el causante de la misma sea el contratante.

La Administración Tributaria será quien determinará la base imponible mediante la estimación directa. La Administración puede comprobar el valor de los bienes y servicios, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley General Tributaria.

La Ley se encarga, posteriormente, de hacer algunas diferenciaciones según el hecho imponible. Así, las especialidades respecto a las transmisiones mortis causa se encuentran en los artículos 11 a 15 y las normas especiales para las transmisiones lucrativas inter vivos en los artículos 16 y 17. Estas normas se dirigen, por regla general, a determinar las cargas y deudas que pueden resultar deducibles.

La base liquidable será el resultado de aplicar todas las reducciones, ya sean estatales, ya sean autonómicas, que puedan proceder, sobre la base imponible. Existen reducciones por actos mortis causa y pólizas de seguro de vida y, por otro lado, reducciones por actos inter vivos.

Las tarifas se aplicarán a la base liquidable, dando como resultado la cuota íntegra del impuesto. Las tarifas se encuentran en el artículo 21 y dependerá de la Comunidad Autónoma en cuestión. Posteriormente, a la cuota íntegra se aplica un coeficiente multiplicador en función de los tramos de patrimonio, también dependiendo de la Comunidad Autónoma, y esto dará como resultado la cuota tributaria.

En cuanto al devengo del impuesto:

  • Si se trata de una adquisición mortis causa, el devengo se produce el día del fallecimiento.
  • Si se trata de una transmisión inter vivos, el día que se celebró el acto o contrato.
  • Si se trata de un seguro de vida, el día del fallecimiento del asegurado.