Hace escaso tiempo vimos cuáles son los regímenes económicos matrimoniales que nos ofrece nuestro ordenamiento jurídico y cómo optar por uno u otro. El régimen más común, como dijimos, es la sociedad o régimen de gananciales, puesto que es el que se aplica en el derecho común, es decir, en todos aquellos lugares de nuestro país donde no se tiene derecho foral.

La disolución del régimen matrimonial de gananciales va de la mano con la liquidación del mismo y se regula en los artículos 1396 a 1410 de nuestro Código Civil. Si pensamos en la causa de disolución, probablemente la primera o, incluso, la única que se nos venga a la cabeza sea la separación o el divorcio. Pero, al contrario, ésta no es la única causa de disolución.

En primer lugar, debemos distinguir una disolución de pleno derecho de una disolución que ha sido solicitada por una de las partes. En el primer caso, el régimen se disuelve sin necesidad de que se haga una petición por parte del cónyuge, sino que opera de forma automática. Estas causas de pleno derecho son:

  • La disolución del propio matrimonio, ya sea mediante un divorcio o por el fallecimiento o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges.
  • La declaración de nulidad del matrimonio. En este caso, se considera que el matrimonio no ha existido nunca, por lo tanto, los efectos de la disolución se retrotraen a la fecha de celebración del mismo, como si nunca se hubiera celebrado. Esto último encuentra su excepción en el matrimonio putativo, que opera cuando hay buena fe de los cónyuges, y que significa que los efectos se consideran a partir de la fecha de declaración de nulidad matrimonial.
  • La separación legal de los cónyuges.
  • El acuerdo de los cónyuges para cambiar el régimen matrimonial. Es decir, el matrimonio decide otorgar unas nuevas capitulaciones matrimoniales donde cambien el régimen de gananciales por otro (separación de bienes o el escasamente utilizado régimen de participación). Este cambio no puede, en ningún caso, perjudicar a los derechos que hubieran adquirido terceras personas antes de dicho cambio.

Por otro lado, estarían las causas de disolución del régimen de gananciales a petición de parte. Entre estas encontramos:

  • La declaración judicial de incapacitación de uno de los cónyuges, junto con la declaración de prodigalidad del mismo, o de ausencia, o la quiebra o concurso de acreedores. A estas declaraciones se sumaría, además, la condena por abandono de hogar.
  • La realización por uno de los cónyuges de actos o gestiones que supongan de algún modo fraude, daño o peligro para los derechos gananciales del otro cónyuge.
  • El incumplimiento, de forma reiterada y grave, del deber que tienen los cónyuges de informar sobre sus actividades económicas.
  • La separación de hecho. Es decir, los cónyuges no han tramitado una separación judicial propiamente dicha, pero uno de ellos ha abandonado el hogar o bien, por acuerdo entre ellos, llevan más de un año sin convivir maritalmente.
  • El embargo de bienes gananciales por culpa de las deudas privativas de uno de los cónyuges.
  • Que uno de los cónyuges se encuentre en situación de concurso de acreedores, en el cual se hayan incluido los bienes gananciales para el cálculo de la masa activa. La liquidación del régimen económico, en este caso, se realizará coordinadamente con el concurso.

En caso de disolución por petición de uno de los cónyuges, la fecha a partir de la cual la misma tendrá efecto será aquella en la que se acuerde. Si, como establece el 1394 CC, se sustancia un pleito sobre la causa que ha motivado la disolución, una vez que se inicie la tramitación, se practicará el inventario y el Juez adoptará las medidas que considere necesarias para administrar el caudal ganancial. Todos los actos que vayan más allá de una administración ordinaria precisarán de la licencia judicial.

Una vez que se produce la disolución, el siguiente paso será la liquidación propiamente dicha. ¿Qué ocurre con los bienes pertenecientes al régimen económico desde que se ha disuelto y hasta que se sustancia la liquidación? Se entra en lo que se denomina la comunidad post ganancial, situación en la que ambos cónyuges son considerados cotitulares de los bienes gananciales.

Respecto a la liquidación, tenemos que pararnos a ver las operaciones liquidadoras, que son todas aquellas operaciones que se precisan para averiguar cuáles son los bienes gananciales, en caso de existir, así como las deudas y cargas, para proceder a la división por mitades y la adjudicación a cada cónyuge.

La primera operación es el inventario. El inventario no es otra cosa que una descripción del activo y del pasivo de la sociedad de gananciales, así como su valoración en el tiempo en que se produce la disolución del régimen económico.

Respecto al pasivo, se considerará tal todas aquellas deudas y cargas que la sociedad tenga pendientes, así como el valor de aquellos bienes privativos de cada uno de los cónyuges que hayan sido utilizados para el beneficio de la sociedad de gananciales. También se considerarán pasivo los deterioros de los bienes privativos consecuencia del uso por la sociedad, aquellas cantidades para abonar deudas gananciales que pagaron los cónyuges con su patrimonio privativo y todos aquellos créditos que tengan los cónyuges contra la sociedad de gananciales.

Por su parte, el activo estará formado por aquellos bienes que tengan la consideración de gananciales y que existan en el momento de la disolución del régimen. Hay que tener en cuenta que nuestro Código Civil establece una presunción de ganancialidad, es decir, que los bienes se consideran, a no ser que se pruebe lo contrario, como parte de la sociedad de gananciales. También serán activo el importe de aquellos bienes gananciales que uno de los cónyuges enajenó de forma ilegal o fraudulenta, calculado dicho valor respecto al momento en que se enajenó. También, aquellas cantidades que la sociedad abonó en pago de deudas privativas de cualquiera de los cónyuges y todos aquellos créditos que posea la sociedad.

Los bienes deberán ser valorados en la misma fecha y con los mismos criterios, para obtener un avalúo correcto y equitativo. La valoración se realizará a precio de mercado, pudiendo acudir a peritos o agencias para que realicen las tasaciones oportunas.

Después de que se haya finalizado dicho inventario, el siguiente paso o la siguiente operación que habrá que realizar será el pago de las deudas. Se establece una prioridad para el pago de las deudas de carácter alimenticio. En el caso de que el activo no fuera suficiente para afrontar el pasivo, se siguen aquellas reglas que el Código establece para la concurrencia y prelación de créditos, pudiendo adjudicarse los acreedores bienes gananciales o instar la venta para cobrar el líquido que se obtenga con la misma.

Una vez que se ha satisfecho a todos los acreedores, lo que quede será el remanente, que pertenecerá por mitades a los cónyuges. En caso de que se hubiera producido el fallecimiento de uno de ellos o de los dos, su mitad irá a parar a sus respectivos herederos. Cada parte es lo que se denomina el haber. Los cónyuges tendrán preferencia para que se les incluya en dicho haber, hasta alcanzar su cuantía, todos sus bienes personales, tales como ropas, el local donde ejercía su profesión o la explotación económica que gestionaba. También tendrá derecho, si la disolución se ha producido por el fallecimiento del otro cónyuge, a que se le atribuya la vivienda habitual. En caso del local y de la vivienda, el cónyuge podrá optar entre la propiedad del inmueble o la constitución de un derecho de uso o habitación. Ahora bien, si el valor es superior a lo que le correspondía, es decir, es superior a su haber, deberá pagar la diferencia con dinero.

Por último, hay que decir que el artículo 1408 CC establece que los cónyuges, mientras se sustancia la liquidación y hasta la adjudicación de su haber, tienen derecho a que se les atribuya una pensión, que tendrá el carácter de anticipo y, por tanto, se rebajará de su haber en la parte en que excedan.

También hay que señalar que la disolución conlleva el pago de una serie de cantidades en concepto de impuestos, fundamentados en el cambio de titularidades.