Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Con motivo de su celebración, recogeremos los nombres de las primeras mujeres que marcaron el camino en un mundo que, hasta hace bien poco, estaba vedado al género femenino: la Justicia.

Si hablamos de la primera mujer abogada de la historia, podríamos situarla en Babilonia, allá por el 550 a.C. Pero, en términos más recientes, la primera mujer que consiguió doctorarse en Derecho fue Sarmiza Bilcescu. Nacida en Bucarest el 27 de abril de 1867, consiguió acceder a la Universidad de París, no sin mucho esfuerzo. Pese a todos los inconvenientes que se pusieron en su camino debido a su género, consiguió ganarse el respeto tanto de profesores como de alumnos, convirtiéndose en 1887 en la primera mujer que conseguía licenciarse en Derecho en Europa. Pese a ello, viendo las dificultades que le iba a producir ser mujer en su carrera, nunca ejerció la abogacía. En su lugar, dedicó su vida a luchar por los derechos de las mujeres. Fue fundadora de la Sociedad Rumana de Señoritas. Esta institución realizó campañas para que los niños y niñas tuvieran las mismas oportunidades, creando varias ayudas económicas para que las niñas pudieran acudir a la escuela.

Ya en nuestro país, la primera abogada fue la injustamente olvidada María Acensión Chirivella. Este honor suele concedérsele a la también abogada Victoria Kent, que consiguió ejercer poco tiempo después, pero ciertamente fue María Ascensión la primera mujer en colegiarse como abogada. El 12 de enero de 1922, poco tiempo después de conseguir su título de licenciada, Chirivella conseguía introducirse en el Colegio de Abogados de Valencia. Además, el Colegio no puso ningún tipo de inconveniente ni suscitó ninguna controversia, como sí había ocurrido tiempo atrás en países como Italia, Bélgica o Francia.

Esta valenciana, nacida en 1894, era hija de un procurador de los tribunales, y deseó continuar la tradición familiar. Estudiante de espléndidas calificaciones, cursó Filosofía y Letras, Magisterio y, posteriormente, Derecho y Ciencias Sociales. Ejerció como abogada durante un total de ocho años, especializándose en Derecho Civil. Gran defensora de los derechos de las mujeres, María Ascensión dio varios discursos feministas, como el que tuvo lugar en 1935 en el Colegio de Abogados de Valencia, titulado “La Mujer y la abogacía”. Tras el estallido de la Guerra Civil, María Ascensión Chirivella, debido a sus muestras de apoyo a la República, tuvo que marchar al exilio. Murió en México en el año 1980. En su honor, desde el año 2012 se entrega el “Premio AJUDA a la Igualdad, Ascensión Chirivella”, concedido por la Associació de Jusristes dones d’ alzira.

Compañera de profesión, Victoria Kent suele considerarse erróneamente como la primera mujer abogada. A pesar de no ser éste uno de sus méritos, si tiene muchos otros. Victoria Kent nació en Málaga el 3 de marzo de 1889, en el seno de una buena familia, lo que le permitió trasladarse en 1916 a Madrid, para comenzar sus estudios universitarios. Ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Madrid ese mismo año, donde obtuvo su doctorado, en 1924.

Victoria Kent ejerció como abogada los siguientes años de su vida. El mayor prestigio lo obtuvo al ser la primera mujer en participar en un consejo de guerra, en 1931, ejerciendo la defensa de uno de los acusados.  Ese mismo año sería nombrada diputada y elegida miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Además, también fue la primera fémina en ocupar un cargo político, asumiendo la Dirección General de Prisiones en abril de 1931, ocupando ese puesto durante poco más de un año.

En cuanto a la Notaría, la Ley Orgánica del Notariado de 1862 tenía como requisito para poder acceder al cuerpo de notarios el ser varón. Se tuvo que esperar hasta 1931 para que las mujeres pudieran acceder a las oposiciones a Notario, mediante un Decreto. No obstante, el Reglamento Notarial de 1944 volvió a impedir el acceso de las mujeres a las oposiciones para acceder al cuerpo de notarios, aunque permitió que las que ya hubiesen solicitado su participación pudieran hacerlo durante las dos convocatorias siguientes. En este ámbito podríamos destacar a Consuelo Mendizábal, Margarita Baudín y Carolina Bono.

Asimismo, la ley de la época no permitía que las mujeres pudieran acceder a la judicatura o a la fiscalía. A pesar de que la Ley 56/1961, de 22 de julio, sobre Derechos Políticos, Profesionales y de Trabajo de la mujer estableció la igualdad de acceso a oposiciones, concursos-oposiciones y cualesquiera otros sistemas de provisión de plazas de las Administraciones Públicas, se excluía de dicha igualdad a los tres ejércitos, la marina mercante, los institutos armados y los cargos de magistrado, juez y fiscal de la Administración de Justicia. Para justificar dicho veto, la misma ley establecía que el acceso de las mujeres a la Administración de Justicia “pondría en peligro ciertos atributos a los que no debe renunciar, como son la ternura, la delicadeza y la sensibilidad”.

Años después, la Ley 96/1966 derogó este artículo, aunque siguió justificando la anterior normativa, aludiendo a la protección de los sentimientos ante determinadas actuaciones que el cumplimiento del deber haría ineludibles. Una vez que se permitió a las mujeres poder ocupar cargos en la Administración de Justicia, en febrero de 1971 Concepción Carmen Venero se convirtió en la primera jueza de nuestro país. Esta vizcaína fue asignada a un Tribunal de Menores. El diario Madrid, en una de sus crónicas, decía que este cargo “entra de lleno en las características, cualidades y aptitudes con que la feminidad ha sido milenariamente adornada”. En 1978, Josefina Triguero también tomaba posesión de su plaza en el Juzgado pacense de Navalmoral de la Mata.

En cuanto a la fiscalía, el primer nombre de mujer sería el de la asturiana María Belén del Valle Díaz. Se licenció en Derecho en la Universidad de Oviedo y en 1973 consiguió, en la vigésima promoción, ser la primera mujer fiscal. Además, fue nombrada académica de número en la Academia Asturiana de Jurisprudencia y obtuvo la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, de primera y segunda clase.

Todas ellas marcaron el camino hacia la igualdad en la Administración de Justicia, que ahora estamos más cerca que nunca de conseguir.