Cuando una persona tiene una deuda y no la paga cuando debe, su salario podría verse perjudicado. También se aplica a aquellas personas que, en lugar de cobrar un salario, cobran algún tipo de pensión o prestación de la Seguridad Social. En nuestro ordenamiento jurídico, rige el principio de responsabilidad patrimonial universal del deudor. Una manifestación clara de dicho principio la encontramos en el artículo 1911 del Código Civil, que establece que del cumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Aunque dicho principio se ve matizado enseguida por otras normas existentes en nuestro ordenamiento. Esto es así porque se considera que, en muchas ocasiones, los salarios o pensiones son el único ingreso que recibe esa persona y, embargarlo en su totalidad atentaría contra su dignidad como persona. Por eso, los artículos 27.2 del Estatuto de los Trabajadores y 601.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen una limitación al embargo del salario: el SMI o Salario Mínimo Interprofesional. Una vez superado dicho SMI, tampoco se sujeta al embargo todo el salario, sino que se establecen una serie de porcentajes progresivos. Es decir, cuanto más se cobra, más porcentaje de salario se permite embargar.

Es la empresa quien, tras recibir una notificación administrativa o judicial, debe embargar el salario a su trabajador. Además, es una obligación para los empresarios. En el caso de que incumplan dicha obligación, se convertirán en responsables subsidiarios de la deuda. La empresa, también, será quien deba contestar a la notificación si se producen circunstancias que impiden que se cumpla con el embargo notificado. Por ejemplo, si el trabajador ya no se encuentra en nómina de la empresa o si su sueldo o salario no supera el mínimo interprofesional y, por tanto, nada se le puede embargar.

En cuanto a la escala que la ley establece para calcular la parte de salario que es embargable, a partir de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, es la siguiente:

  • Hasta el doble del importe del Salario Mínimo Interprofesional, el 30%.
  • Hasta el triple, el 50%.
  • Hasta cuatro veces el Salario Mínimo Interprofesional, el 60%.
  • Hasta el quinto Salario Mínimo Interprofesional, el 75%.
  • Lo que exceda de lo anteriormente establecido, el 90%.

Si la persona a quien se vaya a embargar el salario disfruta de más de una percepción, por ejemplo, si tuviera dos sueldos o un sueldo y una prestación de la Seguridad Social, se acumularán todas ellas para el cálculo del porcentaje que efectivamente puede ser embargado. En caso de que dicha persona estuviera casada y su régimen matrimonial no fuese de separación de bienes, también se tendrá en cuenta aquellos salarios, pensiones, sueldos o rentas de los cónyuges. Estos límites también se respetarán en el caso de que haya varios acreedores que tengan derecho a embargar el salario.

También hay que señalar que, en caso de que se tenga algún tipo de carga familiar, el tribunal podrá rebajar el porcentaje de embargo aplicable entre un 10 y un 15%, siempre y cuando no se supere el quíntuplo del Salario Mínimo Interprofesional.

El mismo artículo establece, en su último inciso, que, en caso de que los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones, tuvieren algún tipo de descuento permanente o transitorio de carácter público en virtud de la legislación fiscal, tributaria o de la Seguridad Social, la cantidad líquida, una vez que se han deducido éstos, será la que se aplica para regular el embargo.

Respecto a lo que se considera o no parte del salario a la hora de proceder al embargo, no se tendrá en cuenta aquellas cantidades que sean resultado de indemnizaciones o suplidos por gastos resultado de la actividad laboral, como por ejemplo son las dietas. Tampoco aquellas indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. A su vez, estarán excluidas aquellas contraprestaciones que se vinculan a la participación en el capital de una entidad, tal como primas de asistencia.

Para calcular el salario base del embargo, se excluirán o restarán las cotizaciones a la Seguridad Social que sean por cuenta del trabajador y aquellas mutualidades obligatorias de funcionarios. También las detracciones por derechos pasivos y las retenciones e ingresos a cuenta que se hayan practicado, ya sea para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o para el Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Pero, en sentido contrario, si se tienen en cuenta todas aquellas pagas extraordinarias, las remuneraciones que se obtengan a cambio de desempeñar funciones en entidades, como consejeros o administradores, las pensiones que se perciban de la Seguridad Social por jubilación, enfermedad, viudedad, orfandad, etc. También todas las prestaciones que se hayan recibido de las mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos y análogas, pensiones de alimentos y prestaciones por desempleo. Además, no solo se tienen en cuenta las percepciones salariales en metálico, sino que también se incluirán aquellas que se reciban en especie, que no pueden ser superiores al 30% del total.

En cuanto a aquellos deudores que perciben pensiones de la Seguridad Social, el límite que se impone es el de las pensiones no contributivas, que suele ser sensiblemente inferior al Salario Mínimo Interprofesional. A pesar de ello, se autoriza que se descuenten de la pensión aquellas obligaciones que haya contraído con la propia Seguridad Social. Pero, hasta en este caso, se deberá respetar, en virtud del respeto por la dignidad humana, el mínimo económico vital que la persona necesite para su supervivencia.

Si bien, todo lo dicho hasta ahora tiene una importante y relevante excepción. En el caso de que las deudas que se reclamen sean consecuencia del impago de pensiones alimenticias, como la que se debe dar a los hijos o al cónyuge tras el acaecimiento de un divorcio, no se aplicarán dichos límites. Es decir, se podrá embargar todo el salario, incluida la cuantía correspondiente al Salario Mínimo Interprofesional. Corresponderá al juez valorar o ponderar todas las circunstancias presentes en cada caso concreto, y proceder a decidir la cantidad que se va a retener o embargar. Para decidir sobre esta cuestión, el juez deberá tener en cuenta tanto las necesidades del embargado como del que solicita el embargo.