Uno de los principios que rigen nuestro ordenamiento es el principio non bis in ídem, también llamado ne bis in ídem, que proviene de la expresión latina que vendría a significar “no dos veces sobre lo mismo”.  Este principio se aplica sobre todo al ámbito penal, pero también se puede encontrar en el derecho civil y en el administrativo. Como regla general, este principio se traduce en que ninguna persona puede ser juzgada más de una vez por un mismo asunto. Lo que garantiza es que ningún sujeto, una vez que ya ha sido juzgado por un hecho considerado como delictivo, pueda ser sometido de nuevo a un proceso judicial por los mismos hechos.

Este principio es una de las manifestaciones del principio de legalidad o de primacía de la ley y, además, está muy relacionado con la noción de cosa juzgada que viene a significar, en parecido sentido, que no se puede abrir un proceso cuya causa, objeto y sujetos son idénticos a otro anterior.  A su vez, se relaciona íntimamente con el principio de seguridad jurídica, que es aquel que establece que el ciudadano tiene que tener confianza y certeza sobre el derecho que se aplica en cada momento concreto y que es uno de los pilares del denominado estado de Derecho. También con el concepto de litispendencia, que significa que no puede enjuiciarse un asunto que sea idéntico a otro que ya está siendo enjuiciado por otro órgano.

En cuanto al origen del principio non bis in ídem, podemos encontrarlo en Roma. Ya en la época romana estaba prohibido iniciar un juicio nuevo sobre una materia que ya hubiera sido juzgada. Posteriormente, durante la Revolución Francesa, este principio fue entrando en los textos constitucionales de aquel período. Posteriormente, ha sido recogido también en el derecho internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, firmado en 1966, en su artículo 14.7 establece que ninguna persona podrá ser juzgada ni sancionada por un delito por el que ya haya sido condenada o absuelta con una sentencia firme.  En el mismo sentido se pronuncia el Protocolo Adicional 7º del Convenio Europeo de Derechos Humanos en su artículo 4.

En nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha establecido en múltiples ocasiones que el principio non bis in ídem es un derecho fundamental, que se puede observar en el artículo 25.1 de nuestra Constitución española. También ha establecido que será el propio Tribunal Constitucional quien será competente para examinar lo que los órganos jurisdiccionales hayan establecido respecto a la identidad de sujeto, fundamento y hechos, aunque es cierto que, en ocasiones, no es necesaria este triple identidad, sino que basta con que concurran dos o una de ellas.

Además, podemos decir que este principio tiene dos aspectos, uno material y otro procesal, pues tiene una doble significación. En cuanto al aspecto material, este principio pretende impedir que no se sancione dos veces por el mismo hecho, al mismo sujeto y bajo el mismo fundamento. Esta expresión no solo se refiere a la imposibilidad de que una misma conducta sea castigada bajo dos tipos penales distintos, sino que también se extiende a aquellas conductas que ya han sido penalmente sancionadas para que no lo sean por otra vía sancionadora, como la administrativa, o viceversa. Aunque, en el caso de que se trate de dos bienes jurídicos lesionados diferentes, no se aplicaría lo anteriormente dicho.

Por el otro lado, en cuanto al aspecto procesal del non bis in ídem, un mismo hecho no podrá ser sometido a juicio, en un mismo momento, tanto en un órgano penal como en uno administrativo. En el caso de que, durante un procedimiento administrativo, se conozca o se llegue a la conclusión de que se trata de una causa penal o que la misma ya ha sido puesta en funcionamiento, siendo las causas exactamente idénticas, se deberá suspender el procedimiento hasta que se llegue a una resolución judicial sobre el asunto. Respecto al aspecto internacional, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 23.2.c, establece que no se podrá juzgar en España a aquellos que hayan sido absueltos, indultados o penados en el extranjero o que ya hayan cumplido su condena.

Para que sea de aplicación el principio non bis in ídem, se requieren unos requisitos:

  • Que los sujetos sean los mismos. Es decir, el sujeto al que se imputa el hecho debe ser la misma persona. En el caso de que se trate de un proceso en el cual se juzgue a varias personas y una de ellas ya haya sido juzgada por ese hecho, el proceso deberá suspenderse para aquel que ya ha sido juzgado, en aplicación del principio non bis in ídem, pero el proceso continuará para todos los demás.
  • Que los hechos sean los mismos. Tal y como estableció el Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de diciembre de 1992, este principio no se ve quebrado cuando las penas resultan de acciones típicas distintas. Además, el Tribunal Supremo establece que este principio tampoco se aplica en casos de reincidencia, pues el hecho reincidente tiene una identidad diferenciada.
  • Que el fundamento o causa sea el mismo. Por ejemplo, si se trata de imponer una sanción en los dos procesos, se tendrá la misma causa. En cambio, si una causa pretende imponer una sanción y la otra prevenir un delito no tendrían la misma fundamentación.

Este principio no solamente se aplica en nuestro país, sino que también tiene su aplicación en el ámbito del llamado territorio Schengen, es decir, el acuerdo por el que se suprimieron las fronteras interiores entre los países firmantes, pertenecientes a la Unión Europea. Por lo tanto, una vez que se ha ejercitado la acción penal en un país perteneciente a este ámbito, ya no se podrá ejercer en otro, por el principio de confianza mutua en el ordenamiento jurídico de todos los estados integrantes. También en el ámbito internacional se encuadra lo ya dicho sobre el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), artículo que debe ser interpretado conforme a los convenios y tratados internacionales.