En el caso de que contraigamos una deuda con otra persona, ya sea física o jurídica, que tenga su residencia en un país distinto al nuestro, ¿Cómo actuamos? Para este tipo de casos, el ordenamiento jurídico europeo nos da una solución que no es otra que el proceso monitorio europeo.

Este proceso se aplica en aquellos casos en los que el deudor reside en un país europeo, con el fin de solicitar una deuda pendiente. Este tipo de proceso especial nació con el Reglamento Comunitario 1896, de 12 de diciembre de 2006, comenzándose a aplicar en fecha de 12 de diciembre de 2008. Además, hay que tener en cuenta otra serie de reglamentos europeos, que han complementado o modificado el primero, como por ejemplo el Reglamento 1183/71, de 3 de junio, por el que se determinan las normas aplicables a plazos, fechas y términos.

Respecto a su ámbito de aplicación, este tipo de proceso se puede utilizar en prácticamente todos los países de la Unión Europea. La única excepción es Dinamarca, país en el que no se puede recurrir a esta figura.

En cuanto a los asuntos para los cuales se puede utilizar el proceso monitorio europeo, se trata de asuntos transfronterizos. Se consideran como tales aquellos en los que, al menos, una de las partes tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado miembro que sea diferente al órgano jurisdiccional en el cual se ha presentado la petición. Si esto no se cumple, es decir, si fuera el mismo estado, no tendría sentido acudir a esta figura procesal, pues se sustanciaría mediante las normas del país en cuestión, pues no sería un asunto transfronterizo sino un asunto interno. Por otro lado, tendrán cabida mediante este tipo de procesos todas las reclamaciones que se refieran a cuestiones civiles o mercantiles. Para saber si una materia es o no civil o mercantil a estos efectos, habría que acudir a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier caso, si existe algún tipo de duda, se puede solucionar acudiendo al Reglamento 44/01 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y mercantil.

Por último, hay que tener en cuenta que existe una serie de materias que se encuentran excluidas del procedimiento monitorio europeo. Estas son los asuntos relativos a los regímenes económicos matrimoniales, sucesiones, ya sean testamentarias o no, quiebras y procedimientos concursales o seguridad social. También se excluye la responsabilidad civil extracontractual, aunque, en este caso, se puede acudir en el caso de que se haya llegado a un acuerdo, pacto o convenio o reconocimiento de la deuda, o bien en el caso de que se trate de deudas líquidas procedentes de una comunidad de propietarios.

Respecto a la competencia judicial, es decir, aquel juez que es considerado como legalmente apto para llevar a cabo el proceso, generalmente será el del domicilio del demandado, salvo algunas competencias de tipo especial y exclusivo. También cabe en el procedimiento monitorio europeo la sumisión expresa, es decir, la manifestación de voluntad de las partes procesales, plasmada normalmente mediante un contrato, designando concreta y precisamente la circunscripción a la que se someterán en el caso de que surjan discrepancias. En cambio, la sumisión tácita, que sería cuando las partes aceptan, sin manifestarlo expresamente, la competencia de un órgano judicial que, según las normas legales, podría no ser competente, por ejemplo, mediante la participación en el proceso realizando cualquier acto que no sea una declinatoria, no se contempla tal posibilidad en el proceso monitorio europeo, por lo que podría pensarse que no es posible.

En nuestro país, los órganos encargados de llevar a cabo los procesos monitorios europeos son los Juzgados de Primera Instancia, de forma exclusiva además de excluyente.

Este proceso da comienzo a través de una petición al órgano jurisdiccional que, según las reglas anteriores, sea competente. Esta petición se debe realizar a través de un formulario sito en el anexo I del Reglamento 1896/2006. Según el artículo 7, en este formulario se ha de incluir una descripción de las circunstancias alegadas, del fundamento de la deuda y de los intereses que se solicitan, en el caso de que se pidan. Además, se deben describir aquellos medios de prueba de la existencia de la deuda. Se señala que la inclusión de documentación adicional supone su inadmisión.

La petición, además, deberá incluir una declaración del demandante de que la información que en ella consta es verdadera. También se señala que, cualquier declaración que sea deliberadamente falsa puede acarrear sanciones, según se establezcan en el Derecho del estado miembro de origen.

En cuanto a los formularios necesarios para llevar a cabo la petición, nuestra Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que se deberán tener por parte de las administraciones públicas a disposición del público. Además, se puede acudir al portal web de la Comisión Europea, en el cual están alojados todos los formularios necesarios.

Una vez cumplimentado el formulario oportuno, para lo cual se puede acudir a abogado y procurador, aunque no es estrictamente necesario, se comprobará su fundamentación y el cumplimiento de las formalidades. El Secretario Judicial será el encargado de disponer si se poseen o no defectos formales, en cuyo caso instará al demandante para que lo subsane. Si, posteriormente, el Juez considera que la petición no se sostiene o es manifiestamente infundada, es decir, no se ampara en el derecho, la podrá rechazar.

Si se acepta la petición, se pasará a notificar a la otra parte, es decir, al demandado. Esta notificación se puede hacer mediante una notificación personal con acuse de recibo firmado por éste, mediante la declaración de la persona que realizó la notificación de que se ha recibido o de que el motivo que ha alegado el demandado para negarse a recibirla era ilegítimo, mediante una notificación por correo con acuse de recibo o, por último, a través de una notificación realizada por medios electrónicos con acuse de recibo. Aunque hay que matizar que existen determinados supuestos en los que es posible que se considere realizada la notificación sin haber tenido lugar el acuse de recibo firmado por el demandado. Además, hay que tener en cuenta que el demandado tiene derecho a ser informado de su derecho a negarse a recibir cualquier requerimiento que no esté traducido a una lengua que comprenda, a la lengua oficial del Estado miembro requerido o a la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar si tiene varias.

Una vez que se recibe la notificación, el demandado podrá pagar, ya sea total o parcialmente, oponerse o no oponerse y no pagar. Cabría cualquier método de pago.

Finalmente, respecto a la ejecución, si transcurridos treinta días (naturales, puesto que para este tipo de procedimiento siempre se cuentan los plazos a través de días naturales), si el demandado no formula oposición a través del formulario correspondiente, se pasará a declarar ejecutivo el requerimiento, también a través de un formulario. El Reglamento establece que el requerimiento que haya adquirido fuerza ejecutiva será reconocido y ejecutado en el resto de estados miembros de la Unión que admitan este procedimiento, sin necesidad de una declaración de ejecutividad en el estado concreto. Respecto al derecho aplicable en la ejecución, será el del estado miembro de ejecución y se debe solicitar al órgano o autoridad competente. En España, será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado.

Si necesita asistencia o ayuda, nos ponemos a su disposición. Puede contactar con nosotros cuando lo desee.