El pasado 17 de febrero, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales dos artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa relativos al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), conocido generalmente como Plusvalía municipal. Este impuesto, de carácter municipal, grava el incremento que se produce en el valor de los terrenos urbanos desde el momento en que se obtuvo hasta que se transmitió, y se debe abonar por el transmitente. Hay que tener en cuenta que el impuesto se refiere exclusivamente al valor del suelo, no al de la construcción.

Varios juzgados españoles han llevado la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal, pero por ahora solo se ha resuelto la planteada por el número 3 de lo Contencioso-Administrativo de San Sebastián, quedando pendientes las planteadas en Vitoria, Madrid, Barcelona y Jerez.

Hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional se refiere a la Norma Foral de Guipúzcoa, que es una norma exclusiva del País Vasco. Pero la relevancia de esta sentencia está en que estos artículos declarados inconstitucionales son básicamente una copia de los que se encuentran en la Ley de Haciendas Locales, por lo tanto podría ser alegada en todo el ámbito nacional, a la espera de la resolución del resto de cuestiones pendientes.

Lo que se alega es que con el pago del IIVTNU no se está tributando la plusvalía real, sino una supuesta plusvalía calculada a través de un sistema objetivo. Por lo tanto, se podría estar pagando por una plusvalía en el caso de haber obtenido pérdidas.

El planteamiento de este recurso proviene, por tanto, de la manera en que se calcula este impuesto. La base para el cálculo es el valor catastral. Este valor se determina en parte conforme al valor de mercado del terreno y ahí se produce la discrepancia. A partir del año 2009, con la llegada de la crisis económica a nuestro país, el precio de mercado de los terrenos cayó en picado. Por el contrario, los valores catastrales se mantuvieron o alzaron. Por lo tanto, siempre resultaría en la liquidación del impuesto una cantidad que sufragar, que en muchas ocasiones resulta desproporcionada.

El Tribunal Constitucional en su sentencia establece que el legislador no puede gravar unas riquezas virtuales o ficticias, que es lo que sucede cuando se debe pagar la plusvalía aun habiendo obtenido en realidad una minusvalía. Por el contrario, exclusivamente se deberían gravar aquellas riquezas que sean reales, o bien, potenciales. Además, señala el Tribunal Constitucional que el objeto del impuesto es el incremento en el valor de los terrenos, no la mera titularidad de los mismos durante un periodo de tiempo determinado.

A pesar de que la sentencia declara dichos artículos inconstitucionales por unanimidad, es una nulidad parcial. Por lo tanto, la plusvalía se tendrá por inconstitucional en el caso de que se produjese una minusvalía y, por lo tanto, una pérdida. Las pérdidas deberían ser en todo caso demostradas por el contribuyente afectado. Esto es así porque la sentencia de inconstitucionalidad se basa en el principio constitucional de capacidad económica y en el hecho de que no se pueda corregir la valoración legal cuando se producen pérdidas. En ese caso, el impuesto podría tener un carácter confiscatorio.

Existe un tercer planteamiento, que aún no ha sido aprobado por el Tribunal Constitucional, y que se declara en la cuestión de inconstitucionalidad planteada en Madrid. Ésta dice que, cuando se produce una falta de proporcionalidad entre la plusvalía verdaderamente generada a favor del transmitente y aquella que ha sido cuantificada mediante el procedimiento objetivo, también se estaría quebrando el principio de capacidad económica. Es decir que, si se obtuvo una ganancia de, por ejemplo, 2.000 euros, y la plusvalía objetiva lo valora en 20.000, esa desproporción también supondría un perjuicio al contribuyente. Pero, por el momento, el Tribunal Constitucional solo ha declarado inconstitucional el IIVTNU cuando se produce una minusvalía.

Debido al paralelismo claramente existente entre los artículos de la Norma Foral de Guipúzcoa y los que se encuentran en la Ley de Haciendas Locales, como medida preventiva, se podría solicitar la devolución de la cantidad abonada en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en el resto del país, hasta que se produzca la resolución del resto de sentencias pendientes.

Los requisitos para poder efectuar la reclamación del IIVTNU serían:

  • Que se obtuvieran pérdidas. Es decir, que el valor que tenía el terreno cuando empezamos a ser titulares del mismo sea mayor al que tiene una vez que hemos dejado de serlo.
  • Que no se haya producido la prescripción o caducidad de la acción. Si se produjo una autoliquidación del impuesto, el plazo será de cuatro años. Ahora bien, si fue la administración la que llevó a cabo la liquidación el plazo se reduce a un mes. Por lo tanto, en este último caso, lo más probable es que el acto ya haya devenido firme y por lo tanto no podrá reclamarse por esta vía.

Si se cumplen los requisitos, la fórmula para reclamar sería la siguiente:

  • En primer lugar, solicitar la anulación de la liquidación practicada y, por tanto, la devolución del importe sufragado en concepto de IIVTNU.
  • Una vez rechazada la devolución de dicho importe, se concederá un plazo para interponer un recurso de reposición y, en siguiente lugar, para reclamar al Tribunal Administrativo. Con este paso se agotaría la vía Administrativa.
  • Si la devolución ha sido rechazada por la vía Administrativa, se iniciará la vía Judicial. Los jueces deberán tener en cuenta lo dictado por el Tribunal Constitucional en la sentencia de este 17 de febrero, así como las posibles sentencias sobre el tema que estén por venir. Se dispondrá de un plazo de dos meses para interponer un recurso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda.

Hay que tener en cuenta que, en todo caso, como ya se ha señalado, la carga de la prueba pesa sobre el contribuyente. Es decir, se tendrá que demostrar que no se produjo ninguna plusvalía mediante la transmisión del inmueble, sino que, al contrario, se produjeron pérdidas respecto al mismo. La prueba será la tasación del inmueble, donde viene diferenciado el valor de la construcción y el del suelo, que es el que se tendrá que tener en cuenta.