En nuestro país, la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional, modificada por vez última el 29 de julio de 2015, es la que se encarga de regular toda la materia relativa a aquellas adopciones consideradas como internacionales, así como establecer los requisitos y conceptos necesarios para comprender los trámites a realizar cuando se pretende adoptar a un menor proveniente de un país extranjero.

Como la propia Ley reconoce, tanto en su exposición de motivos como en su articulado, esta regulación está influenciada por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, con fecha de 20 de noviembre de 1989, cuyo fin principal y principio integrador es la protección del bienestar de los menores. Asimismo, esta Ley también se inspira en el importante Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la protección de los derechos del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, así como en otras normas de carácter supranacional.

Dentro de este cuerpo legal encontramos todo lo relativo a la capacidad y a los requisitos que deben reunir los futuros adoptantes de menores, así como todo lo relacionado con la intervención de las Entidades Públicas, la Administración General del Estado y los organismos autorizados en las adopciones consideradas como de tipo internacional. En nuestro país, las adopciones han de ser constituidas mediante una resolución judicial, no como en los ordenamientos jurídicos de otros países, como los anglosajones, que permiten utilizar para la misma las figuras contractuales privadas.

El artículo primero de la Ley arroja una definición importante, que es necesario comprender para desgranar la propia Ley y su alcance. Esta definición es, como no podía ser de otra manera, la de adopción internacional. Según este artículo, será considerada como adopción internacional aquella en la que un menor, considerado como adoptable por una autoridad competente de un país extranjero y que tiene su residencia habitual en dicho país extranjero, va a ser traído a nuestro país por unos adoptantes, residentes habituales en España, ya sea después de adoptar al menor en el Estado del que proviene éste, o bien con la finalidad de proceder a la adopción en nuestro país.

Las Entidades Públicas deben intervenir en las adopciones internacionales, intervención que se aprecia sobre todo en dos momentos: cuando se trata de declarar la idoneidad o no del posible adoptante y cuando se propone al órgano jurisdiccional competente, que puede realizarse previamente a la declaración de idoneidad. Es el artículo 5 de la Ley el que se encarga de establecer cuáles son las atribuciones que corresponden a estas Entidades Públicas. Son, entre otras, las siguientes:

  • Organizar y facilitar la información sobre legislación, trámites y requisitos necesarios, tanto en España como en los países de origen de los menores. Además, deben garantizar que esta información sea completa, veraz y actualizada y que sea de libre acceso para los interesados en la adopción internacional y para aquellos organismos acreditados para intervenir en ella.
  • Facilitar a las familias toda la formación que sea precisa para que, durante el tiempo en el que el proceso se está desarrollando, comprendan y puedan afrontar todo lo que implica una adopción internacional.
  • Recibir los ofrecimientos para la adopción y llevar a cabo su tramitación, o bien realizando ésta directamente o bien realizándola a través de los organismos acreditados.
  • Expedir los certificados de idoneidad, previa elaboración, ya sea directamente ya sea a través de organismos autorizados, del informe pericial de los posibles adoptantes.
  • Ofrecer durante el proceso de adopción el apoyo técnico que sea preciso tanto a los menores como a los posibles adoptantes.
  • Llevar a cabo informes de seguimiento.
  • Informar a la Administración General del Estado sobre la acreditación de los organismos, así como controlar, inspeccionar y elaborar las directrices de seguimiento de dichos organismos.

Además, las Entidades Públicas deberán, según el artículo 12 de la Ley, asegurar la conservación de la información relativa a los orígenes de los menores, para que puedan acceder a ella una vez alcancen la mayoría de edad o, con la intervención de sus representantes legales, mientras aún son menores de edad.

Respecto a la idoneidad de los adoptantes, hay que acudir al artículo 10 de la Ley. La Ley ofrece un concepto de idoneidad, definiendo ésta como una capacidad, actitud y motivación adecuadas para asumir todas las responsabilidades parentales, atendiendo a las necesidades de los menores y asumiendo las peculiaridades, consecuencias y responsabilidades que una adopción internacional trae consigo.

Para considerar si una persona es idónea o no se llevará a cabo una valoración psicosocial. Esta valoración tendrá en cuenta circunstancias como la situación, tanto personal, familiar y relacional, la capacidad del posible adoptante para establecer vínculos permanentes y seguros, las habilidades educativas que posea y su aptitud a la hora de atender a un menor. También se tendrán en cuenta todos aquellos elementos que, a pesar de no estar listados, puedan resultar de utilidad para considerar la idoneidad del posible adoptante.

La vigencia de estos informes será de un máximo de tres años, desde el momento en que se produzca su emisión. Esto no se cumplirá si se ha producido alguna modificación relevante en la situación personal o familiar de la persona evaluada. Además, los posibles adoptantes tienen la obligación de acudir a unas sesiones informativas y de preparación que organizan las Entidades Públicas o los organismos acreditados, previamente a la solicitud de declaración de idoneidad.

Los posibles adoptantes también deberán ofrecer toda la información necesaria y acudir a las entrevistas que se consideren precisas. Si se considera que no están ofreciendo colaboración, podrán recaer sobre ellos sanciones administrativas y, además, se podrá considerar como causa de no idoneidad en posteriores procesos de adopción.

La competencia para la constitución de la adopción internacional, por regla general, corresponde a los Juzgados y Tribunales españoles cuando el adoptado sea español o tenga su residencia habitual en España y, también, cuando el adoptante sea español o tenga su residencia habitual en España.

En cuanto a la ley aplicable, será la ley española en el caso de que el adoptando tenga su residencia habitual en España en el momento de constituirse la adopción y cuando el adoptando haya sido o vaya a ser llevado a España con el fin de establecer su residencia habitual en nuestro país. En cambio, lo relativo a capacidad del adoptando y los consentimientos necesarios se regirán por la ley nacional del adoptando en el caso de que éste tuviera residencia habitual fuera de España en el momento de constituirse la adopción y si el adoptando no adquiere, por virtud de la adopción, la nacionalidad española, aunque resida en España.

Es importante también la regulación que la ley hace sobre el reconocimiento de una adopción que ha sido constituida por las autoridades de un país extranjero. En primer lugar, se tendrá en cuenta lo que se haya establecido en los Tratados y Convenios internacionales, así como el resto de normas de carácter internacional que estén en vigor en España. Pero, si no hay ninguna norma internacional aplicable a la situación, para que la adopción tenga reconocimiento en nuestro país se deben cumplir los siguientes dos requisitos:

  • Que la autoridad que haya constituido la adopción en el extranjero sea una autoridad extranjera competente. Se considera como tal a aquella que tenga vínculos razonables con el Estado extranjero en cuestión.
  • Que no vulnere el orden público. Vulnerarán el orden público, según establece la Ley, aquellas en las que no se haya respetado el interés superior del menor, especialmente en el caso de que se haya prescindido de los consentimientos y audiencias necesarios, o cuando conste que no hubo información ni libertad o se realizó la adopción mediante una contraprestación económica o una compensación.