En nuestro ordenamiento jurídico, la personalidad jurídica se obtiene una vez que la persona es desprendida enteramente del seno materno. La personalidad jurídica, que no es otra cosa que el reconocimiento de una persona como sujeto de derechos y deberes, se extingue, finalmente, una vez producido el fallecimiento de la persona en cuestión. Pero, ¿qué sucede si no se tiene ninguna constancia del fallecimiento de una persona, pero ésta se encuentra en paradero desconocido? En este ámbito, actúa lo que se conoce como la declaración de ausencia.

Podríamos definir la ausencia como aquella situación en la que se encuentra la persona de la cual se desconoce su actual paradero, existiendo dudas razonables sobre si dicha persona permanece viva o, por el contrario, se encuentra fallecida. Nuestro Código Civil es el encargado de regular esta figura, concretamente en el Libro I, Título VII, que recoge los artículos 181 y siguientes.

Para que a un desaparecido se le pueda declarar ausente, se deben cumplir ciertos plazos temporales. Estos plazos dependerán de si la persona desaparecida dejó a cargo de la gestión de sus bienes a alguna otra persona o, en cambio, no lo hizo. En el primer caso, es decir, si otorgó la administración de sus bienes a alguna persona, el plazo que se tendrá en cuenta será de tres años desde que la persona desapareció. En cambio, si no se hubiera dejado a nadie a cargo de los bienes, el plazo se reducirá hasta el año. Además, si la persona a la que se encargó la administración de esos bienes falleciera o renunciara de manera justificada a su cargo, o éste caducase, se determinará la ausencia legal siempre y cuando haya transcurrido un año desde que se tuvieron las últimas noticias del desaparecido.

¿Quién puede solicitar la declaración de ausencia? Lo podrán demandar todas aquellas personas que se encuentren interesadas en la declaración, entendiendo por tales a los familiares y a aquellos otros sujetos que tengan algún derecho ejercitable contra el ausente o dependiente de su muerte, y el Ministerio Fiscal. Concretamente, el artículo 182 del Código Civil, establece que se encontrarán obligados a promover e instar la declaración de ausencia las siguientes personas:

  • El cónyuge del desaparecido, siempre y cuando no se encuentre legalmente separado.
  • Todos los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado.
  • El Ministerio Fiscal, ya sea de oficio, ya sea en virtud de una denuncia.

Además, mientras se sustancia la declaración de ausencia, se podrá nombrar por el Secretario judicial un defensor para que represente al desaparecido en todos aquellos asuntos que no puedan esperar, que no puedan posponerse sin que resulte un grave perjuicio. Este representante y defensor será el cónyuge mayor de edad no separado legalmente y, si éste no existe, el pariente más próximo hasta el cuarto grado, siempre que éste sea mayor de edad. Si no existe ninguna de las personas anteriormente señaladas, el Secretario judicial deberá proceder a nombrar un defensor que sea solvente y que posea buenos antecedentes, previa audiencia del Ministerio Fiscal. El artículo 181, en su último inciso, añade que el juez podrá adoptar todas las medidas que considere oportunas dirigidas a proteger el patrimonio de la persona desaparecida.

Una vez que la persona ha sido declarada ausente, se le nombrará un representante. Según el artículo 184 del Código Civil, ostentará la representación del ausente, protegiendo y administrando sus bienes y cumpliendo sus obligaciones:

  • El cónyuge mayor de edad no separado, ni legalmente, ni de hecho. Es interesante añadir en este punto que el cónyuge del ausente tendrá derecho a que se produzca la separación de bienes.
  • El hijo mayor de edad. Si hubiese varios, se preferirá a el que convivía con la persona ausente y se preferirá al de mayor edad que al de menor.
  • El ascendiente más próximo de menor edad, de una u otra línea.
  • Los hermanos mayores de edad que convivieran con el ausente, prefiriendo al de mayor edad sobre el de menor edad.

Si no existieren estas personas, se nombrará, como en el caso del defensor, a una persona solvente y de buenos antecedentes por el Secretario judicial, una vez oído el Ministerio Fiscal.

Este representante del ausente queda obligado a llevar a cabo ciertas acciones, que se encuentran recogidas en el artículo 185 del Código Civil. Son las siguientes:

  • Deberá realizar un inventario de los bienes muebles del ausente, así como describir los bienes de carácter inmueble.
  • Deberá prestar una garantía, que será fijada por el Secretario judicial. Se encuentran excluidos de prestar esta garantía los representantes legales que sean cónyuges, hijos o ascendientes del ausente.
  • Deberá defender y conservar el patrimonio de la persona declarada ausente y obtener todos aquellos rendimientos que se obtendrían normalmente por los mismos.
  • Deberá ajustarse a las normas que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a la posesión y la administración de los bienes del ausente.

Por otro lado, si el representante es el cónyuge, uno de los hijos o un ascendiente, dicho representante disfrutará de la posesión temporal del patrimonio del declarado ausente, haciendo suyos los productos líquidos en la cuantía que determine el Secretario judicial, teniendo en cuenta siempre el importe de los frutos, rentas y aprovechamientos, el número de hijos que tenga el declarado ausente y sus obligaciones de prestación de alimentos, cuidados y actuaciones, las afecciones que graven el patrimonio y el resto de circunstancias a tener en cuenta de similar índole.

En el caso de que el representante sea un hermano del ausente, también disfrutarán de la posesión temporal y harán suyos los rendimientos de los bienes en la cuantía que el Secretario judicial señale, pero dicha cuantía no podrá ser en ningún caso superior a dos tercios de los productos líquidos, quedando lo demás para el ausente, sus herederos o sus causahabientes.

Que estos representantes tengan la posesión temporal no quiere decir que puedan hacer lo que deseen con los bienes del ausente. Al contrario, tal y como señala el último inciso del artículo 186, no pueden venderlos, gravarlos, hipotecarlos o darlos en prenda, salvo que se demuestre su necesidad o utilidad evidente. Quien deberá determinar dicho punto será el Secretario judicial, quien deberá autorizar al acto y determinar en qué se empleará la obtenido. Si el ausente regresa, se restituirían sus bienes, pero no los frutos obtenidos por el representante en la cuantía que se haya señalado, excepto que haya mediado mala fe.

Por último, si se probare la muerte del declarado ausente, se abrirá su sucesión a favor de los sucesores que se hayan determinado, ya sea voluntariamente a través de un testamento, ya sea legalmente en caso de no existir dicho testamento. El poseedor temporal deberá entregarles a ellos el patrimonio del declarado ausente, manteniendo para sí los frutos en la cuantía señalada.