En el anterior artículo hablábamos de la declaración de ausencia, que significa que, cuando no se tienen noticias de una persona determinada, y resulte imposible saber si continua con vida o, por el contrario, ya se ha producido su fallecimiento, y tras un plazo de uno o tres años, dependiendo de si se dejó a alguien a cargo de la administración de los bienes del desaparecido, se nombra a un representante para que se ocupe de su patrimonio hasta que regrese o hasta que se corrobore su fallecimiento.

Distinta de la declaración de ausencia es la declaración de fallecimiento, de la que nos vamos a ocupar en las siguientes líneas. Dicha declaración de fallecimiento se regula en el Código Civil, justo a continuación de los artículos que se dedican a regular la declaración de ausencia. Concretamente, se ocupan de la declaración de fallecimiento los artículos 193 a 197 de dicho cuerpo legal.

Podríamos definir a la declaración de fallecimiento como la resolución judicial que declara la muerte de una persona que se encuentra en paradero desconocido. Hay que añadir que no es estrictamente necesario que se declare primero la ausencia legal de la persona para poder declarar, posteriormente, el fallecimiento. Por el contrario, se puede proceder a declarar directamente este último.

La declaración de fallecimiento, como se expresa en los artículos 193 y 194 del Código Civil, tiene unos plazos y requisitos bien distintos de los que nos encontrábamos en la declaración de ausencia. El primero de dichos artículos, es decir, el 193, expresa que procederá a declarar a una persona como fallecida en los siguientes casos:

  • Una vez que hayan pasado diez años desde que el desaparecido diera sus últimas noticias o, si no existió ninguna noticia posterior a la desaparición, se empezaría a contar el plazo desde que dicha desaparición se produjo.
  • Este plazo se reducirá a los cinco años desde las últimas noticias o desde la desaparición en el caso de que el desaparecido, para esa fecha, hubiera alcanzado la edad de setenta y cinco años. Los plazos referidos en este punto y en el anterior se empiezan a contar desde que terminó el año natural en que desapareció. Es decir, comenzará a contar desde diciembre, aunque la desaparición se hubiera producido en julio.
  • Si se hubiera producido una situación de violencia que conllevase un riesgo inminente de muerte, el plazo será de un año, contado de fecha a fecha, es decir, desde el día en que se produjo la situación de violencia, si después de dicha situación no se tuvieron noticias de la persona en cuestión. Si lo ocurrido fuera un siniestro, el plazo se reducirá hasta los tres meses. El Código Civil expresa que se presume que hubo violencia si una persona desaparece en medio de una sublevación política o social sin que se vuelva a tener conocimiento de la misma, siempre que pasaran seis meses desde que la subversión terminara.

El artículo 194, por su parte, establece otros casos en los que procede declarar a una persona desaparecida como fallecida. Estos casos son los siguientes:

  • Si la persona desaparecida formaba parte de un contingente armado o estaba unido a él como auxiliar voluntario o como informador y tomó parte en las operaciones de campaña, desapareciendo en dichas circunstancias, se considerará como fallecido una vez que transcurran dos años desde que se firmó el tratado de paz o desde que se declaró oficialmente el fin de la guerra.
  • Si la persona desaparecida ha naufragado en una nave o se haya siniestrado su aeronave, siempre y cuando se compruebe que dicha persona estaba efectivamente embarcada en la nave o aeronave y que existan evidencias fundadas de que no ha habido supervivientes.
  • Si, también para el caso de que una nave haya naufragado o de que una aeronave se haya siniestrado, se encontraran restos humanos que no pudieran ser identificados, se considerará al desaparecido como fallecido una vez que haya transcurrido un plazo determinado, concretamente, de ocho días.
  • Si la nave no llegó a su destino o no retornase, en el caso de no tener un destino fijo, presumiéndose, por tanto, que se ha producido su naufragio, y existiendo evidencias fundadas de la falta de supervivientes de tal hecho, se declarará al desaparecido como fallecido una vez que transcurra un mes desde las últimas noticias que se recibieron o, si no hubo ninguna, desde que la nave salió del puerto inicial.
  • Si fue una aeronave la que no llegó a su destino o no retornase y se presume su siniestro en zonas marítimas, desérticas o inhabitadas, existiendo evidencias de la falta de supervivientes, el plazo también será de un mes, desde las últimas noticias o desde el último punto de despegue.

Una vez que se produce la declaración de fallecimiento, termina la situación de ausencia legal, aunque se presume, como dice el artículo 195, que el considerado como ausente ha vivido hasta el momento en que se le ha considerado fallecido, salvo que se investigue y se llegue a una conclusión contraria. Las declaraciones de fallecimiento, además, deberán expresar la fecha a partir de la cual se entiende que la persona ha fallecido, según la aplicación de las reglas anteriormente expresadas.

El efecto inmediato de la declaración de fallecimiento es la apertura de la sucesión del considerado como fallecido. Ahora bien, es una sucesión en la que rigen algunas especialidades, precisamente por la ausencia de certeza total respecto al fallecimiento del ausente. La consecuencia más importante que se deriva de ello es que los herederos del declarado como fallecido no podrán disponer a título gratuito, como sería, por ejemplo, realizar una donación, hasta que hayan transcurrido cinco años desde la declaración de fallecimiento.

Otra consecuencia importante recae sobre los legados, que no podrán ser entregados por los herederos ni exigidos por los legatarios hasta que transcurran, igualmente, cinco años desde la declaración de fallecimiento. Se exceptúan de este caso las mandas piadosas en sufragio del alma del testador o aquellos otros legados que hayan sido otorgados a instituciones de beneficencia.

La última especialidad en la sucesión de un declarado como fallecido se expresa en el último párrafo del artículo 196 del Código Civil, artículo que también recoge lo anteriormente dicho respecto a la sucesión. Los sucesores estarán obligados, de forma ineludible, a realizar un inventario detallado de los bienes muebles y una descripción de los bienes inmuebles que, como vimos en el artículo anterior, es también una obligación de los representantes del declarado ausente. Estará obligado a elaborar este inventario, que se debe realizar notarialmente, incluso el sucesor único.

Y, finalmente, ¿qué ocurriría si la persona declarada como fallecida resultase no estarlo realmente? De esto se ocupa el último artículo del Código Civil dedicado a la declaración de fallecimiento. Si se presenta el ausente o se demuestra que sigue vivo, éste recibirá sus bienes en el estado en que se encuentren y tiene derecho a recibir el precio de aquello que se hubiera vendido o los bienes que se hayan adquirido con dicho precio. Pero, por el contrario, no podrá exigir que se le otorguen las rentas, frutos ni productos obtenidos de tales bienes, sino a partir del día en que se presentó o se declaró como no muerto.