El Código Penal no solo contempla delitos que consisten en llevar a cabo una determinada actividad, en hacer algo. También puede consistir en actividad delictiva el no hacer algo, el omitir alguna acción. Por ello, se dividen los delitos en dos categorías: los de naturaleza comisiva y los de naturaleza omisiva. En el primer caso, para incurrir en delito, el sujeto deberá llevar a cabo una actividad que viene tipificada en el Código Penal como un delito. En cambio, en los de naturaleza omisiva, el sujeto incurre en el delito precisamente cuando la norma le obliga a llevar a cabo una actuación y él no la realiza. De esta manera, se contempla como delito punible en nuestro Código Penal la denominada omisión del deber de socorro.

Nuestro Código le dedica dos artículos a esta figura, dentro del Título IX del Libro II, encabezado como “de la omisión del deber de socorro”, los artículos 195 y 196. Es el primero de estos el que nos ofrece una definición de la omisión del deber de socorro. Sería, por tanto, el no socorrer a aquella persona que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave, siempre y cuando se pudiera auxiliar a dicha persona sin ponerse en peligro, o sin poner en peligro a terceras personas.

Lo establecido en el primer apartado del artículo 195 es la denominada omisión del deber de socorro personal. En cuanto al peligro, que el artículo define como manifiesto y grave, habrá que estar al caso concreto para analizar si se trata o no de un peligro de este tipo. Se entiende por peligro manifiesto aquel que puede ser identificado sin esfuerzo por una persona común. En cuanto a la gravedad del peligro, deberá ser determinada por el juez en cada caso concreto.

Esta figura ha sido definida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en sentencias como la de 27 de noviembre de 1982 o, más recientemente, la de 11 de noviembre de 2004 o la de 28 de enero de 2008. El Tribunal Supremo ha desgranado los requisitos necesarios para que se esté ante un delito de omisión del deber de socorro, que serían los siguientes:

  • Que exista una conducta omisiva consistente en no auxiliar a una persona que se encuentra en peligro que, como ya hemos comentado, debe ser manifiesto y grave, siempre y cuando pueda realizar el auxilio sin dañarse a sí mismo o a terceros.
  • Que exista una repulsa social ante esa conducta omisiva que ha llevado a cabo el sujeto.
  • La culpabilidad que supone conocer el desamparo de la víctima y su necesidad de ser auxiliada y no haber ayudado cuando se tenía la posibilidad de hacerlo.

El segundo apartado del artículo 195 contempla la omisión de petición de socorro, al establecer que incurrirá en iguales penas aquella persona que no pueda prestar el socorro, pero sí pedirlo con urgencia. Por lo tanto, este delito de omisión se cometería no solo por aquel que puede prestar auxilio y no lo hace, sino que también cometería este delito aquella persona que no tiene posibilidad de auxiliar por sí mismo a la persona necesitada, pero sí de solicitar auxilio, no solicitándolo.

El artículo distingue las penas a imponer según el origen del hecho que ha puesto en situación de necesitar auxilio a la persona que no ha sido ayudada. De esta manera, por regla general, si el que incurrió en la omisión no ha tenido ninguna intervención en lo sucedido al necesitado de auxilio, la pena será de multa de tres a doce meses.

En cambio, como especifica el último apartado del artículo 195, si la persona que no ha prestado el auxilio debido provocó, de manera fortuita, el accidente que ha supuesto que la otra persona se vea necesitada de auxilio, la pena será de prisión de seis meses a 18 meses. Por último, en caso de que el accidente hubiera sido producido, no por la fortuna del destino, sino por una imprudencia de dicha persona, la pena aumenta hasta llegar a prisión de seis meses a cuatro años.

Asimismo, el Tribunal Supremo, en su última jurisprudencia, se ha pronunciado, respecto a lo establecido en el último párrafo del artículo 195 sobre aquel que causa el accidente, ya sea fortuita o imprudentemente, en el sentido de señalar que esa persona tiene un deber personalísimo de auxilio, por lo que no es relevante que existan en el lugar otras personas, que no han tenido nada que ver en la provocación del accidente, que puedan auxiliar a la víctima. Es decir, que estén presentes en el lugar otras personas capaces de auxiliar a la víctima, no supone que se pierda este deber de ayudar.

Existe una discusión doctrinal sobre si este delito protege el bien jurídico de la solidaridad humana o, en cambio, se protege la seguridad colectiva.  El Tribunal Supremo se ha pronunciado en estas ocasiones en el sentido de señalar que el bien jurídico protegido, de forma inmediata, es la solidaridad humana o los deberes cívicos, pero de forma mediata, es la vida o integridad física de la persona que precisa de auxilio, que se ve en peligro por una conducta manifiestamente insolidaria de la persona que comete el delito de omisión del deber de socorro.

Por último, el artículo 196 contempla un tipo de omisión del deber de socorro diferente a los anteriores. Establece dicho artículo que, aquel profesional que esté obligado a prestar asistencia sanitaria y quela denegase o abandonase a la víctima, derivándose de ese abandono o denegación un riesgo grave para la salud de las personas, recibirá las penas establecidas anteriormente, pero en la mitad superior y, además, será inhabilitado para empleo o cargo público, profesión u oficio por término de seis meses a tres años.

Los sujetos, en este caso, serían profesionales sanitarios, a los que se debe exigir un comportamiento más diligente en casos de necesidad de auxilio y, por lo tanto, recaen sobre ellos penas de mayor gravedad. Por ello mismo, si la víctima falleciera, el profesional sanitario debería responder por un delito de homicidio en comisión por omisión, puesto se presume que el profesional actuó de forma dolosa, al conocer con exactitud las consecuencias que llevaba aparejadas el hecho de no actuar.