La Constitución española, en su artículo 40.2, que se encuentra dentro del Título Primero, Capítulo Tercero, titulado “de los principios rectores de la policía social y económica”, establece, entre otras cosas, que los poderes públicos deberán velar por la seguridad y la higiene en el trabajo.

Esto es así porque el derecho al trabajo que se reconoce a todos los ciudadanos tiene que ser, además, un derecho a un trabajo seguro y en condiciones compatibles con la dignidad y la salud del trabajador. En respuesta a este precepto constitucional, existe una miríada de normas y leyes en nuestro ordenamiento que dotan de cobertura legal a este derecho básico de todo trabajador.

La ley más relevante en este sentido es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995. Este cuerpo legal es la piedra angular de la regulación sobre riesgos laborales, junto a otros componentes, como el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, el propio Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de la Seguridad Social, etc.  A estas normas hay que añadir varias normas de ámbito sectorial que dan respuesta a la seguridad e higiene aplicable en algunos sectores o ramas de la producción.

También hay que tener en cuenta la normativa europea aplicable, como bien recuerda la exposición de motivos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siendo la de más importancia la Directiva 89/391/CE, relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.

Con este cuerpo normativo, se crea la Prevención de Riesgos Laborales o PRL. Esta disciplina lo que intenta es conseguir que los trabajadores desarrollen su ocupación en un entorno seguro y saludable, identificando, evaluando y controlando todos los peligros y riesgos que puedan existir, y llevando a cabo todas las actuaciones que sean precisas para eliminar, en la medida de lo posible, dichos riesgos y, si no se pueden eliminar, al menos prevenirlos.

La propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece cuáles son los principios existentes en la materia, que son los siguientes:

  • Evitar los riesgos.
  • Evaluar los riesgos inevitables.
  • Luchar contra el origen de los riesgos.
  • Hacer que el puesto de trabajo se adapte a las características personales de cada trabajador.
  • Tener en cuenta la evolución técnica.
  • Llevar a cabo una sustitución de lo peligroso por aquello que no suponga ningún peligro, o al menos que suponga un peligro menor.
  • Planificar la prevención, con el objetivo de conseguir que sea un conjunto coherente, integrando técnica, organización, condiciones laborales, relaciones sociales e influencia de factores ambientales.
  • La adopción de medidas que antepongan proteger al colectivo a proteger al individuo.
  • Instruir a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales.

La propia Ley señala, además, que la protección de los trabajadores supone que la empresa tenga que realizar una actuación más allá del cumplimiento de unos deberes y obligaciones, ni su actuación debe reducirse tampoco a la corrección de los riesgos una vez que ya se han producido. Al contrario, se deberá llevar a cabo una planificación, incluso cuando la empresa tan solo es un proyecto empresarial. Además, la exposición de motivos también incluye como una obligación de las empresas formar a los trabajadores para que conozcan los riesgos que se pueden derivar de su actividad laboral, adaptando las características de las personas a su actividad, que, como ya hemos visto, es uno de los principios que la propia ley señala en cuanto a la prevención de riesgos laborales.

La Ley también se dedica a aclarar algunos conceptos relacionados en su artículo 4, como la prevención que define como “el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. También señala que será un riesgo laboral toda aquella posibilidad de que el trabajador se vea afectado por un daño durante el transcurso de su empleo, valorando tanto la posibilidad de que el daño se produzca efectivamente como su severidad a la hora de calificar la gravedad de los riesgos. Otro concepto que aclara este artículo es el de daños derivados del trabajo, que son aquellas patologías, enfermedades o lesiones que el trabajador puede sufrir y que están ocasionadas por la actividad laboral.

Órganos públicos de relevancia en la materia son el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que es el órgano científico técnico que forma parte de la Administración General del Estado y que se ocupa de analizar y estudiar las condiciones de seguridad y salud laboral y promocionar y apoyar su mejoría, y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, encargado de vigilar y controlar que se cumple la normativa de prevención de riesgos. El primero, además, cooperará con todos aquellos órganos pertenecientes a las Comunidades Autónomas que tengan competencias en materia de prevención de riesgos, siempre y cuando resulte necesario.

El instrumento que las empresas poseen para integrar la actividad preventiva en su actividad es el Plan de prevención de riesgos laborales. La prevención debe estar integrada en el sistema de gestión empresarial, a todos los niveles jerárquicos. Este plan se refleja en un documento que debe estar a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores. Este plan debe incluir:

  • La identificación de la empresa, de su actividad, de los centros de trabajo que posee, su número de trabajadores y todas aquellas características de la propia empresa que puedan ser relevantes.
  • La organización empresarial que tiene la empresa, los niveles jerárquicos y sus funciones y responsabilidades, así como las formas disponibles de comunicación entre ellos en materia de prevención de riesgos.
  • La organización productiva, identificando los procesos técnicos, prácticas y procedimientos organizativos.
  • La organización de la prevención, la modalidad preventiva y los órganos de representación.
  • Políticas, objetivos y metas que se pretenden alcanzar, recursos humanos, materiales, económicos y técnicos de los que se dispone para garantizar la prevención de los riesgos laborales.

Por último, hay que señalar que el Código Penal, dentro de su título X, “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, establece ciertas conductas delictivas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, siendo el hecho punible la creación de un peligro o riesgo grave por omitir los medios de protección de los trabajadores.