Sin lugar a dudas, todo el mundo ha oído hablar de las franquicias. Pero, ¿qué son en realidad? Podríamos definir las franquicias como aquel sistema que permite que dos sujetos colaboren. Uno de ellos, que sería el franquiciador, traspasa a otra u otras, que serían los franquiciados, su marca, servicio o producto. Además, con esta cesión se otorga cierta seguridad de rentabilidad, ya que esos productos, marcas o servicios ya han sido probados y, junto a ellos, se ofrece también un saber hacer, un sistema de gestión de negocio. A cambio de todo ello, el franquiciado aporta una inversión suficiente para poner en marcha el negocio y su propio esfuerzo para que sea rentable. Para ello, lo que ambas partes establecen es un contrato de franquicia.

En nuestro ordenamiento jurídico, las franquicias no están reguladas como tal en una norma de rango legal. Pero sí las podemos encontrar en el artículo 62 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista. Además, éste ha sido desarrollado reglamentariamente. Recientemente, el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y comunicación de datos al registro de franquiciadores, ha mejorado los anteriores Reales Decretos 2485/1998 y 419/2006. También encontramos regulación sobre este tema en algunas normas de carácter europeo.

Respecto a lo que debe comprender un contrato de este tipo, el RD 201/2010 establece que el contenido mínimo de un contrato de franquicia será:

  • La utilización de una denominación o de un rótulo común o bien distintos derechos de propiedad intelectual o industrial y una presentación uniforme de aquellos locales o medios de transporte que vayan a ser objeto del contrato.
  • La transmisión por parte del franquiciador al franquiciado de aquellos conocimientos técnicos o de su saber hacer, que el dicho decreto caracteriza como propio, sustancial y singular.
  • Por último, el franquiciador debe prestar continuamente el franquiciado su asistencia, ya sea comercial, técnica, o de ambos tipos, mientras el contrato esté en vigor. Además, se podrán establecer facultades de supervisión en el propio contrato de franquicia.

El Real Decreto faculta al franquiciador para requerir a su franquiciado un deber de confidencialidad de la información precontractual que se reciba o se vaya a recibir.

Por otro lado, este cuerpo legal define el concepto de franquicia maestra o principal. Este tipo de franquicia sería aquella en la cual que se otorga a otra, el franquiciado principal, a cambio de una contraprestación financiera, ya sea directa, indirecta o de naturaleza mixta, la potestad de comercializar la propia franquicia. Es decir, será el franquiciador principal quien se encargue de llevar a cabo contratos de franquicia con otras personas, los franquiciados. En definitiva, sería la cesión del papel de franquiciador al franquiciado principal.

Además, se encarga de excluir determinados tipos de relaciones mercantiles que no se pueden considerar como contratos de franquicia. Serían los siguientes:

  • En primer lugar, se dice que los contratos mercantiles de distribución exclusiva en los cuales un empresario se responsabiliza de obtener en unas condiciones determinadas unos productos a otro, otorgándole por el mismo una cierta exclusividad en una zona determinada, revendiendo dichos productos, que normalmente serán de marcas reconocidas, con unas condiciones, prestando asistencia a los compradores, no tendrán que tener necesariamente la consideración de un contrato de franquicia.
  • En segundo lugar, se excluyen las concesiones de licencias de fabricación.
  • También, las cesiones de marcas registradas con el fin de usarla en una zona determinada.
  • Tampoco considera abarcable bajo la denominación de contrato de franquicia a la transferencia de tecnología.
  • Por último, se excluye la cesión de utilización de enseñas o rótulos comerciales.

Además, hay que tener en cuenta el registro de franquiciadores. Este registro, que tiene el carácter de registro público y naturaleza administrativa, tiene las facultades fundamentales de publicitar e informar sobre las franquicias instaladas en nuestro país. Entre sus funciones básicas podemos destacar:

  • Inscribir a los franquiciadores en el registro, a propuesta de las Comunidades Autónomas o a solicitud de los propios interesados, en cada caso.
  • Asignar una clave individualizada de identificación registral.
  • Actualizar periódicamente la relación de aquellos franquiciadores que se encuentran inscritos con sus establecimientos franquiciados.
  • Inscribir las cancelaciones a las que procedan los franquiciadores.

Todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, que deseen desenvolver en nuestro país la actividad de franquiciadores deben comunicarlo, en el plazo de tres meses de que se haya iniciado dicha actividad, a el Registro de Franquiciadores, comunicando una serie de datos establecidos. Están exentos de esta obligación de comunicación de datos al Registro de Franquiciadores aquellos que estén ya establecidos en otros Estados parte de la Unión Europea que operen en régimen de libre prestación, sin un establecimiento permanente en España. Si se trata de empresas pertenecientes a terceros países, deberán comunicarlo directamente al Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria en el plazo de tres meses desde su inicio y será éste el encargado de notificarlo a las Comunidades Autónomas. A su vez, éstas comunicarán al Registro de Franquiciadores del Ministerio todas las modificaciones que se produzcan en su propio registro autonómico.

También hay que añadir que, el franquiciador, tiene la obligación de entregar por escrito determinada información al posible franquiciado, con la finalidad de que éste pueda decidir de forma libre y con conocimiento si se incorpora o no a la red de la franquicia. Esta información deberá siempre cumplir con los requisitos de veracidad y no ser engañosa, y deberá incluir al menos:

  • Los datos que permitan identificar al franquiciador.
  • La acreditación de que éste posee un título de propiedad o licencia de uso vigente en España, tanto de la marca como de los signos distintivos y todos aquellos recursos judiciales interpuestos que puedan afectar a esa titularidad, expresando por qué periodo de tiempo se posee la licencia.
  • Una descripción, de tipo general, de la actividad que desarrolla el negocio, abarcando los datos más importantes.
  • La experiencia con la que cuenta la empresa franquiciadora.
  • El contenido y características de la propia franquicia, incluyendo tanto la estructura como la extensión de la red en nuestro país, la forma de organización y el número de establecimientos implantados.
  • Aquellos datos esenciales del contrato o acuerdo, entre los que se pueden comprender los derechos y obligaciones a los que ambas partes se someten, la duración del acuerdo, las condiciones de renovación y de resolución, las contraprestaciones económicas, pactos de exclusivas y limitaciones a la libre disponibilidad del franquiciado.

Esta información se deberá otorgar con veinte días de antelación mínima a la firma de cualquier tipo de contrato o precontrato de franquicia o a la entrega por parte del franquiciado al franquiciador de cualquier tipo de pago.