La existencia de vehículos a motor tiene cientos de ventajas imprescindibles para el desarrollo de la vida cotidiana, pero, también conlleva ciertos riesgos. Los accidentes de tráfico tienen numerosas consecuencias, a veces fatales, y por ello el Derecho se ocupa de regularlos, en distintos ámbitos jurídicos. Principalmente, los accidentes de tráfico están muy presentes en el ordenamiento administrativo, en el civil y en el penal.

Cuando sucede un accidente de tráfico, según la DGT, lo mejor es siempre intentar llegar a un acuerdo amistoso con el otro conductor, cumplimentando un parte amistoso de accidente que se pasará a las respectivas compañías de seguros. Este parte amistoso, que contendrá todos los datos relevantes para el suceso, se firmará por los conductores y, posteriormente, las compañías de seguros se encargarán de lo que procesa.

Pero, en muchas ocasiones, por variopintas razones, la posibilidad de llevar a cabo un acuerdo amistoso no existe. En ese caso, se debe llamar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional. Además, se deberá solicitar su asistencia siempre y cuando existan daños personales o los daños materiales que haya provocado el accidente sean de relevancia. Las autoridades elaborarán un atestado, que supone una prueba fundamental de lo que ha ocurrido. Por otro lado, si se han sufrido daños personales, se deberá solicitar un parte de asistencia médica.

En cuanto al ámbito penal, el Código Penal establece una serie de infracciones relacionadas con los accidentes de tráfico. En primer lugar, el artículo 152 de dicho código establece las penas que se corresponden a los delitos de lesiones imprudentes, siendo estas lesiones a las que hacen referencia los artículos 147 a 150. Este artículo 152 clasifica las penas según el riesgo creado y el resultado producido:

  • Prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses si se trata de lesiones que menoscaben la integridad corporal o la salud física o mental, siempre que se necesite, además de una asistencia facultativa en primer lugar, tratamiento médico o quirúrgico.
  • Prisión de uno a tres años si se trata de la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, de un sentido, impotencia, esterilidad, grave deformidad, grave enfermedad somático o psíquica.
  • Prisión de seis meses a dos años si se trata de la pérdida o inutilidad de un órgano no principal o su deformidad.

En segundo lugar, el artículo 267 de ese mismo cuerpo legal establece que los daños causados por imprudencia grave que sean superiores a 80.000 euros serán castigados con una pena de multa de tres a nueve meses, según la magnitud que estos tengan. Este artículo clarifica que estas infracciones solo se persiguen si la persona agraviada o, en su caso, su representante legal, denuncian. Es decir, se trata de delitos semipúblicos. En caso de que el afectado sea un menor de edad o una persona discapacitada o desvalida, el Ministerio Fiscal también podrá proceder a interponer la denuncia. El perdón del perjudicado extinguirá la acción penal.

Por otro lado, el capítulo IV del Código Penal establece los delitos contra la Seguridad Vial. El artículo 379 establece que, quien conduzca un vehículo de motor o ciclomotor a una velocidad superior en 60 kilómetros por hora en la vía urbana o en ochenta en la interurbana a la que esté establecida, será castigado con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en todo caso, con la privación del carnet de conducir por tiempo de entre uno y cuatro años. Estas penas también se aplican a aquella persona que conduzca bajo la influencia del alcohol, las drogas o cualquier estupefaciente.

El artículo 380 se ocupa de la temeridad al volante que ponga en peligro la vida o la integridad de las personas, que conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años y la retirada del carnet de conducir por entre uno y seis años.

El 381 castiga con pena de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y retirada del carnet de conducir por entre seis a diez años para aquel que llevase a cabo una conducta temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás. Si no se hubiera puesto en un peligro concreto la vida o integridad física las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del carnet de conducir por el mismo tiempo antes indicado.

Por otro lado, se regulan otra serie de supuestos como la negación a someterse a pruebas de alcoholemia o de drogas, conducir sin permiso de conducir o sin que éste se encuentre vigente, colocar en la vía obstáculos o sustancias o no reestablecer la seguridad de la vía, en su caso.

En cuanto al ámbito civil, el sujeto causante del accidente de circulación tendrá que responder por los daños personales y por los daños materiales que con su conducta haya ocasionado. Los daños materiales son los que afectan al propio vehículo implicado u otros objetos que hayan sido dañados durante el accidente. Por otro lado, los daños personales son los que han sufrido las personas, desde conductores y pasajeros hasta peatones.

El texto legal a tener en cuenta en este caso es el RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

El primer artículo de dicha Ley establece que el conductor de un vehículo será responsable del riesgo que se ha creado por su conducción y de los daños causados a las personas o bienes. En el caso de los daños personales, solo podrá exonerarse el conductor cuando se pruebe que dichos daños fueron exclusiva culpa del perjudicado o debidos a una fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo, no considerándose fuerza mayor ni los defectos del propio vehículo, ni las roturas o fallos.

Existen dos vías para interponer una reclamación en el caso de sufrirse un accidente de circulación en el que hayan existido daños:

  • La vía extrajudicial, mediante la negociación con la aseguradora correspondiente.
  • La vía judicial, cuando se haya constituido un delito o no se haya conseguido llegar a un acuerdo por la primera vía. En el primer caso, habría que acudir a los juzgados penales y, en el segundo, a los civiles.