El crowfunding ha saltado recientemente a la primera plana de la actualidad, gracias a Pedro Sánchez y su equipo de campaña para las primarias socialistas. El ex Secretario General, que aspira a volver a serlo, inició el día 3 mayo una recogida de donaciones con el fin de financiar su campaña electoral. El Tribunal de Cuentas ha considerado que dicha recogida debe ser reflejada por el Partido Socialista en sus cuentas anuales, pues si no se estaría incumpliendo la ley de financiación de partidos políticos. Las donaciones habían sido recogidas hasta ahora a través de una asociación, pero el equipo de Sánchez ha acatado la resolución y, desde este momento, llevarán a cabo su crowfunding a través del partido.

A pesar de que esta noticia ya es sabida, mucha gente desconoce este método de financiación. Pues bien, ¿qué es un crowfunding? Podríamos definirlo como la financiación participativa o en masa, es decir, una empresa, asociación o persona, con el fin de llevar a cabo un proyecto de cualquier tipo y entidad, inicia una campaña, normalmente a través de Internet, para conseguir la financiación que requiere. Sería, por decirlo así, una financiación colectiva o un micromecenazgo.

La regulación de este tipo de financiación en nuestro país es relativamente reciente. Las empresas de crowfunding, así como las personas que buscan financiación en ellas y las que quieren financiar proyectos, están sujetas a la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial. Además de España, otros países europeos que ya regulaban con anterioridad este nuevo tipo de financiación son Francia, Italia o Alemania. La Unión Europea aún se encuentra estudiando si debe o no hacer una armonización de todas estas regulaciones.

El crowfunding no es un todo unitario. Hay distintos tipos del mismo, y cada uno tiene sus particularidades. Son los siguientes:

  • El crowfunding tradicional o de recompensa. En este tipo de crowfunding la persona que presenta un proyecto no promete la devolución del importe, sino algún tipo de recompensa o regalo, que será de mayor entidad normalmente cuanto mayor sea la aportación realizada.
  • El Equity crowfunding o crowfunding de acciones. En este, lo que el inversor recibe a cambio de su financiación es un número determinado de acciones de la empresa que presenta el proyecto, en función de la cantidad que hayan aportado al mismo.
  • Crodlending o préstamos P2P. La metodología de este sistema de financiación es que, la persona que requiere de financiación obtiene cantidades de varios inversores. Pasado un plazo determinado, el que recibió la financiación tendrá que reembolsar el dinero a quien se lo prestó, además de un cierto tipo de interés que habrán pactado con anterioridad.

¿Se regulan todos estos tipos de crowfunding a través de la mencionada ley? Pues no, tan solo el crowfunding de acciones y los préstamos P2P se encuentran bajo su ámbito de aplicación, quedando fuera, por tanto, el sistema tradicional o de recompensa.

Los primeros sujetos afectados por esta Ley 5/2015 son, sin duda alguna, las empresas que se dedican a conectar en sus sitios web a personas que necesitan financiar sus proyectos con personas que desean financiarlos. Estas plataformas deberán obtener autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que se sitúa como la entidad responsable de supervisar, inspeccionar y sancionar los proyectos que se presenten en la plataforma. También, estarán sometidas al control del Banco de España, así como a la regulación que les concierne como entidades de financiación.

Para poner en marcha una plataforma de este tipo, la ley recoge los siguientes requisitos:

  • Contar con un capital social mínimo de 60.000 euros, que deberán ser desembolsados de forma íntegra, en efectivo. Como alternativa a esto, se puede contar con un seguro de responsabilidad civil profesional, aval o garantía equivalente, para hacer frente a posibles responsabilidades por negligencia. La cobertura de este seguro tendrá que ser, como mínimo, de 300.000 euros por reclamación de daños y de 400.000 euros anuales para todas las reclamaciones. Como tercera vía, se podrá llevar a cabo algún tipo de combinación entre el seguro de responsabilidad y el capital social que otorgue un resultado equivalente.
  • Hacer accesible, a través de su página web, toda la información sobre los promotores de los proyectos y sus potenciales inversores.
  • Acreditar que los administradores de la plataforma tienen la competencia suficiente para llevar a cabo dicha tarea.
  • Llevar a cabo, de forma adecuada, su organización administrativa y su contabilidad.
  • Contar con un reglamento interno de conducta.

Para los segundos interesados, es decir, los emprendedores que quieran financiar sus proyectos a través de una de estas plataformas, dichos proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:

  • Deben dirigirse a una pluralidad de personas, ya sean éstas físicas o jurídicas, que esperan obtener algún tipo de beneficio económico de su inversión.
  • Deben solicitar en nombre propio su inversión, ya sean personas físicas o jurídicas.
  • Deben utilizar el dinero conseguido a través de la plataforma exclusivamente al proyecto para el que fue obtenido, que tendrá que ser de tipo empresarial, formativo o de consumo.

Las entidades o personas que acudan al crowfunding para financiar sus proyectos cuentan con límites. En primer lugar, no podrán obtener más de 5 millones de euros de financiación. Además, si en su financiación concurren inversores no autorizados, a los que seguidamente nos referiremos, su límite descenderá hasta los 2 millones de euros.

Por otro lado, su objetivo de financiación, que siempre deben determinar antes de dar comienzo a una campaña de este tipo, no podrá ser superado en más del 125% por la financiación que finalmente obtengan. Es decir, no pueden obtener más de un 25% de financiación por encima de lo que habían solicitado.

Por último, respecto a los inversores, se distinguen dos tipos. Por un lado, estarían los inversores acreditados, que son inversores institucionales, empresas o fondos con un activo superior al millón de euros, un negocio por valor superior a dos millones, o recursos propios que alcancen los 300.000 euros. También entrarían en esta categoría aquellas personas físicas que tengan unas rentas anuales por encima de los 50.000 euros o que cuenten con un patrimonio de más de 100.000 euros. En el otro lado, se situarían los inversores no acreditados, que serían todos los demás.

Es importante ver en qué categoría se encuadra un inversor, pues los inversores no acreditados tienen ciertos límites. No podrán invertir más de 3.000 euros en una misma empresa ni más de 10.000 euros por año y plataforma. La razón de ser de dicho límite es la protección que pueden necesitar este tipo de inversores, que por regla general carecerán de la suficiente experiencia y conocimiento para realizar este tipo de operaciones. Los inversores acreditados no cuentan con ningún límite de inversión.