El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que modificaba el Código Penal, introduciendo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta el momento de la reforma, nuestro ordenamiento penal había seguido el principio romano de societas delinquere non potest, que viene a significar que las sociedades, es decir, las personas jurídicas, son incapaces de cometer delitos, aunque sí podían imponerse sanciones en el ámbito administrativo de gran poder sancionador.

Esta responsabilidad penal de las personas jurídicas ya existía en Europa, regulada en el Corpus Iuris (1997/2000) para la Protección de los Intereses Financieros de la Unión Europea.  La propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 5/2010 hace alusión, como una de las principales motivaciones para la introducción de esta responsabilidad, la existencia de normas internacionales al respecto, especialmente europeas, como Directivas y Decisiones marco.

Respecto a los sujetos que quedan encuadrados en esta responsabilidad penal, la reforma no hace ninguna alusión a ellos. Por ello, se debe entender que cualquier empresa o entidad que tenga personalidad jurídica tendrá, correspondientemente, responsabilidad penal. Por lo tanto, habrá que ver si la agrupación o sociedad en cuestión tiene personalidad jurídica para saber si le es exigible o no la responsabilidad penal. Pero hay ciertos organismos con personalidad jurídica que vienen excluidos expresamente y, por lo tanto, no se les puede exigir responsabilidad penal. Estos serían:

  • El Estado.
  • Las Administraciones Públicas, ya sean territoriales, ya sean institucionales.
  • Los Organismos Reguladores.
  • Las Agencias y Entidades Públicas Empresariales.
  • Las Organizaciones internacionales de Derecho Público.
  • Aquellas que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o Sociedades Mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

En un principio, los partidos políticos y los sindicatos también estaban excluidos de responsabilidad penal, pero, tras la reforma operada por la Ley 7/2012, de 27 de diciembre, se consideraron como sujetos responsables.

Aunque el artículo 31 quinquies del Código Penal, que es el que regula todo lo dicho, introduce una excepción a esta exclusión. En el caso de que una Sociedad mercantil pública que ejecute políticas públicas o que preste servicios de interés económico general haya sido creada para eludir la responsabilidad penal, sí se podrá exigir dicha responsabilidad.

Además, en el primer aparado de ese mismo artículo, se especifican cuáles son los delitos de los que responden aquellas personas jurídicas a las que sí se les puede exigir responsabilidad penal. Estos delitos son:

  • Aquellos que se hayan cometido en su nombre o por su cuenta, y en su propio beneficio, ya sea el beneficio directo o indirecto, llevados a cabo por sus representantes legales o por personas que actúen, individualmente o como miembros de un órgano de la propia persona jurídica, estando autorizados para tomar decisiones en su nombre y ostentando facultades de organización y control dentro de la persona jurídica.
  • Aquellos delitos que hayan sido cometidos en el ejercicio de las actividades sociales y en beneficio, directo o indirecto, por aquellos que estén sometidos a la autoridad de las personas físicas que pueden cometer los delitos del párrafo anterior y que han podido realizar esos hechos debido al incumplimiento grave de sus deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad.

Aunque, en el caso de que los delitos se cometan por aquellas personas que se especifican en el primer párrafo, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen ciertas condiciones:

  • Si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado, de forma eficaz, previamente a que se cometiera el hecho delictivo, modelos que incluyan medidas de vigilancia y control para prevenir delitos.
  • Si la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención ha sido confiada a un órgano que tenga poderes autónomos de iniciativa uy control o que tenga encomendada la función de supervisar la eficacia de los controles internos.
  • Si los autores individuales han cometido el delito eludiendo los modelos de organización y prevención.
  • Si no se ha producido ninguna omisión o no se ha ejercido de forma insuficiente la supervisión, vigilancia y control.

Si estas circunstancias solo se pueden apreciar de forma parcial, se podrá, una vez que se acredite, conseguir que actúe como atenuante.

En cuanto a los tipos delictivos concretos, solo pueden serlo por algunos que están expresamente señalados. Algunos de los delitos más habituales que pueden generar responsabilidad penal en el ámbito de una persona jurídica son los siguientes:

  • Las estafas propias e impropias del artículo 251 bis CP.
  • Las insolvencias punibles del artículo 261 bis CP.
  • Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial del artículo 288 CP.
  • El descubrimiento y revelación de secretos de empresa de los artículos 278 a 280 CP.
  • La publicidad engañosa del artículo 282 CP.
  • El blanqueo de capitales del artículo 302 CP.
  • Los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social del artículo 310 bis CP.
  • El cohecho del artículo 427 CP.
  • El tráfico de influencias del artículo 430 CP.

El artículo 31 quater del Código Penal establece cuáles son las únicas circunstancias que pueden ser apreciadas como atenuantes cuando de la responsabilidad de personas jurídicas se trata. Consisten en una serie de actividades que se deben poner en marcha, por medio de los representantes legales, una vez que se ha cometido el delito:

  • Confesar la infracción cometida, antes de que tuviera conocimiento de que el procedimiento judicial se dirigía contra ella.
  • Colaborar en la investigación del delito, a través de la aportación de pruebas. Dicha colaboración se puede llevar a cabo en cualquier momento del proceso penal, siempre que esas pruebas sean decisivas para esclarecer los hechos ocurridos y nuevas.
  • Reparar o disminuir el daño que ha causado el delito. Esta reparación se puede realizar en cualquier momento procesal, siempre y cuando se realice con anterioridad al juicio oral.
  • Establecer, antes de que tenga lugar el juicio oral, medidas que sean eficaces para prevenir y descubrir delitos que puedan ser cometidos en el futuro con los mismos medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Por todo lo dicho a lo largo del artículo, es tan importante tener un programa de compliance penal, como ya dijimos en un artículo anterior de nuestro blog. Si tiene alguna duda al respecto, podemos ayudarle. Póngase en contacto con nosotros.