Nuestro Código Penal, en su artículo 19, establece que los menores de edad no tendrán responsabilidad penal conforme al mismo. En cambio, en su segundo párrafo, dice que los menores que cometan delitos podrán ser responsables con arreglo a lo que disponga la ley que regule la responsabilidad penal de los menores. Pues bien, esa ley es la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero.

En primer lugar, ¿a qué sujetos se aplica esta ley? Se consideran menores a efectos de la misma a aquellos que se sitúen entre los 14 y los 18 años, cuando hayan cometido un delito tipificado como tal en el Código Penal o en alguna de las leyes penales de carácter especial. Estos menores gozarán de todos los derechos que nuestra Constitución reconoce, junto a aquellos que se establecen en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la Convención de los Derechos del Niño de 1989 y en todas aquellas normas referidas a la protección de los menores que se contengan en tratados internacionales celebrados por nuestro país.

En cambio, si el menor de edad tiene una edad inferior a los 14 años, no se aplicará la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, sino que se aplicarán las medidas de protección de menores que sean necesarias. La edad que se tiene en cuenta es la que el menor tenía en el momento de comisión del delito, no la que pueda llegar a alcanzar posteriormente.

La responsabilidad penal de los menores tiene, al contrario que en los adultos, un carácter educativo. Los principios básicos que rigen el sistema de responsabilidad penal de los menores son los contenidos por la doctrina del Tribunal Constitucional en sentencias 36(1991 y 60/1995. Estos principios serían los siguientes:

  • La naturaleza de tipo sancionadora-educativa del proceso penal de menores.
  • El respeto a todas las garantías como el principio acusatorio, el principio de defensa o el de presunción de inocencia, añadiendo a éstas todas aquellas que se derivan del interés del menor.
  • La existencia de tramos dentro de la minoría de edad.
  • Flexibilidad de las medidas, intentando adaptarlas siempre al caso concreto.
  • Protección a los perjudicados o víctimas.
  • Intervención de las Comunidades Autónomas, que tienen competencia para la ejecución y control de las medidas que se impongan al menor.

La responsabilidad de los menores conlleva la responsabilidad solidaria de los padres, tutores, acogedores, guardadores, que se basa en la negligencia educativa de éstos, así como una negligencia en el debido control y vigilancia del menor que deben ejercer.

Los que se ocupan de conocer de estos delitos cometidos por menores de edad son los Jueces de Menores, que son competentes para todo lo relacionado con ellos: ejecución de la sentencia, responsabilidad civil, etc. El Juez de Menores competente será aquel del lugar en el que el delito se hubiera cometido o, si se trata de uno de los delitos correspondientes a la Audiencia Nacional, al Juzgado Central de Menores. La defensa de los derechos de los menores y la vigilancia de que se siguen las garantías adecuadas corresponde, por su parte, al Ministerio Fiscal.

El artículo 4 de la Ley establece los derechos, tanto de las víctimas como de los perjudicados, velando por los mismos el Ministerio Fiscal. Estas víctimas y perjudicados tendrán el derecho a personarse como parte en el proceso que se siga contra el menor.

Los Jueces de Menores pueden imponer una serie de medidas, entre las que podemos encontrar las siguientes:

  • Internar al menor en un centro con régimen cerrado, desarrollando en el mismo actividades de carácter formativo, educativo, laboral y de ocio.
  • Internar al menor en un centro con régimen semiabierto, pudiendo realizar algunas actividades fuera del centro, pese a residir en él.
  • Internar al menor en un centro con régimen abierto, llevando a cabo todas las actividades fuera del mismo y tan solo teniendo al centro como domicilio.
  • Internamiento terapéutico, en el régimen que se considere procedente. Este internamiento se aplica a personas con anomalías o alteraciones psíquicas, que tengan dependencia a al alcohol o a las drogas.
  • Tratamiento ambulatorio, debiendo el menor asistir a un centro periódicamente y seguir las medidas que se hayan impuesto para el deshabituamiento a las sustancias correspondientes o a atender sus anomalías o alteraciones psíquicas.
  • Asistencia a un centro de día, residiendo el menor en su propio domicilio y acudiendo al centro a realizar las actividades que se establezcan.
  • Libertad vigilada.

Además, también se podrán imponer una serie de medidas como la obligación de asistir con regularidad al centro docente y acreditar dicha asistencia, la obligación de llevar a cabo programas formativos o profesionales, la prohibición de acudir a lugares concretos, la obligación de comparecer ante el Juzgado de Menores o ante un profesional, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, a realizar labores en beneficio de la comunidad, etc.

La detención del menor se deberá hacer en la forma que sea menos perjudicial para éste y las autoridades y funcionarios tienen la obligación de informarle de forma clara, comprensible e inmediata, de aquellos hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten. Además, se debe notificar la detención y el lugar de custodia de forma inmediata a los representantes legales del menor y al Ministerio Fiscal. Si el menor fuese extranjero, se deberá notificar además a las autoridades consulares correspondientes. Todas las declaraciones se deberán realizar ante el letrado y ante aquellas personas que detenten la patria potestad. En un plazo máximo de 24 horas el menor deberá ser puesto a disposición del Ministerio Fiscal o puesto en libertad.

Una vez que el menor deja de serlo, es decir, una vez que cumple los 18 años, continuará con la medida que se le impuso hasta que se cumplan los objetivos. Si se estaba cumpliendo un internamiento en régimen cerrado, se podrá acordar que pase a cumplirlo en un centro penitenciario.

Las sentencias y decisiones de los Jueces de Menores pueden ser recurridas ante las Audiencias Provinciales, que tendrán que incluir a Magistrados especialistas. Además, se establece un recurso de casación reservado a los casos más graves.