Tener un animal de compañía es fuente de muchas y variadas alegrías. Pero eso no significa que no tengan unas responsabilidades aparejadas. Así, el propietario debería vigilar a su mascota para que no cometa actos perjudiciales contra terceros. De ahí deriva la responsabilidad por los perjuicios causados por animales domésticos.

Nuestro Código Civil regula expresamente este tipo de responsabilidad en su artículo 1905, que se encuentra encuadrado dentro de la responsabilidad civil extracontractual, es decir, aquella responsabilidad que no proviene de un incumplimiento contractual. Dicho artículo establece que el poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable por los perjuicios que cause, aunque se escape o pierda.

Por lo tanto, sería una responsabilidad objetiva o no culpabilística. Se conoce así porque la sola existencia del daño es suficiente para que el propietario esté responsabilizado, aunque no sea directamente fruto de su culpa o negligencia.

Para que se pueda proceder a la exigencia de responsabilidad por daños cometidos por animales es necesario que se den tres requisitos:

  • Existencia de un daño.
  • Que la causa de ese daño sea imputable al animal.
  • Que exista un nexo causal entre el daño producido y el riesgo que supone poseer un animal.

Además, el 1905 señala que serán responsables tanto el poseedor del animal como el que se sirve de él. Entendemos como estos últimos aquellos que obtienen un beneficio del animal, cedido de forma voluntaria por su propietario, entendiendo por beneficio desde el económico hasta el afectivo.

Tan solo no se incurrirá en responsabilidad cuando exista fuerza mayor o culpa del que sufrió el daño. Se entiende por fuerza mayor la falta de previsión o inevitabilidad de un hecho, es decir, que no hubiera podido preverse o que, aunque se hubiese previsto, fuese inevitable. En este caso se produce una ruptura del nexo causal anteriormente citado, aunque tanto la doctrina como la jurisprudencia optan por una interpretación restrictiva de esta excepción y se concede en casos muy excepcionales.

En todo caso, la carga de la prueba, tal y como se desprende del 217.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pesa sobre el dueño o beneficiario del animal, que deberá probar y acreditar la existencia de fuerza mayor o culpabilidad de la víctima.

Se puede producir la responsabilidad del poseedor o propietario, principalmente, en dos supuestos:

  • Daños o lesiones que cause un animal al cruzarse en la vía pública, causando un accidente de tráfico. El poseedor o propietario será responsable, por lo tanto aquel que, como consecuencia de dicho accidente, hubiera obtenido lesiones de cualquier tipo tendrá acción contra él.
  • Daños o lesiones producto de mordeduras. Se incluyen aquí tanto aquellas que sufren personas como aquellas que sufren otros animales de compañía propiedad de terceros. Para que los argumentos de culpabilidad de la persona que sufrió el daño tengan validez legal, como puede ser el hecho de una agresión previa del tercero o su animal de compañía, deberá acreditarse correctamente por el propietario o poseedor del animal agresor.

Tanto en uno como en otro caso, el poseedor o propietario deberá atender todos los gastos que tengan su causa en la lesión, como pueden ser la atención, tanto médica como psicológica, el dolor o sufrimiento, las enfermedades que se puedan acarrear, las incapacidades, la medicación, los daños patrimoniales y las pérdidas de ingresos o beneficios salariales. Para calcular la cantidad a la que ascienden dichos gastos, se suelen seguir dos métodos de valoración del daño:

  • Valoración del perjuicio como si de negligencias médicas se tratase. Esta valoración se basa en parámetros de cuantificación del perjuicio total causado, conteniendo el daño, tanto moral como patrimonial, y la pérdida de oportunidad o expectativas que la lesión hubiera producido en la víctima.
  • Valoración del perjuicio siguiendo el Baremo de Accidentes causados por vehículos a motor. Este baremo será aplicado si la víctima lo escoge para su caso concreto y es ampliamente solicitado, en parte por la práctica objetividad de su cuantificación, aunque adolece del problema de la inclusión del daño moral.

Para escoger un método de valoración u otro se deberá tener en cuenta el concreto asunto a tratar, las circunstancias de la lesión.

Por la parte que concierne a la persona que sufrió la lesión, la acción prescribe al año y se deberá exigir la responsabilidad, cuando se trate de lesiones, mediante la correspondiente denuncia, en la localidad donde el incidente tuvo lugar, ante la Policía o Guardia Civil.

En cuanto a la otra parte, es muy aconsejable para los dueños de animales domésticos, aunque no estén incluidos en el grupo de animales potencialmente peligrosos, que suscriban un seguro de hogar que cuente con cobertura para este tipo de incidentes o bien con un seguro específico de Responsabilidad Civil derivada de animales.

Es importante tener en cuenta que, determinados dueños, están sometidos a condiciones más restrictivas. Son aquellos que posean o sean propietarios de un animal considerado como potencialmente peligroso. Algunas de las razas de perro que pertenecen a este grupo son el Pit Bull Terrier, el American Staffordshire Terrier o el Dogo Argentino.

En primer lugar, el propietario deberá registrar al animal en el correspondiente Registro de Animales Peligrosos de su municipio, con todos los datos que permitan su identificación, los datos personales del dueño, el lugar donde el animal va a residir y si se va a utilizar para la convivencia con humanos o para la protección y guarda de lugares. También se deberá incluir cualquier incidente relacionado con el animal.

Además, en el caso de los propietarios de uno de estos animales, la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil específico es obligatoria. Dicho seguro deberá tener una cobertura mínima de 120.000 euros. No tendrán dicha obligación los perros-guía o perros de asistencia acreditados e instruidos, así como aquellos que se encuentren en su periodo de instrucción.

Antes de proceder a la posesión o tenencia, se deberá adquirir una licencia administrativa en el Ayuntamiento de la localidad. Se exige para su adquisición ser mayor de edad, no haber sido condenado por una serie de delitos como lesiones, homicidio o pertenencia a organización criminal, así como no estar privado del derecho de tener este tipo de animales por resolución judicial ni haber sido sancionado anteriormente por cometer las infracciones, graves o muy graves, que se tipifican en el Registro Jurídico de Animales potencialmente peligrosos. Algunas de estas infracciones son poseer este tipo de animales sin haber obtenido la previa licencia, abandonarlos o dejarles sueltos. Además, el potencial propietario deberá poseer una capacidad física y psicológica adecuada y acreditar que se ha suscrito el anteriormente citado seguro de Responsabilidad Civil.