Las acciones de filiación son aquellas que están dirigidas a obtener el reconocimiento de una relación de carácter paterno-filial o, al contrario, a disolver dicha relación. La obtención del reconocimiento o de la disolución se realiza a través de una sentencia.

Estas acciones se caracterizan por ser:

  • Personales e intransferibles, solo pueden ser ejercidas por la persona concreta. Como excepción a esta característica encontramos el artículo 132 que permite llevar a cabo la acción de reclamación de la filiación matrimonial a los herederos del hijo fallecido antes de transcurrir cuatro años desde que se alcance la plena capacidad o durante el año siguiente al descubrimiento de las pruebas en que se funde la demanda, hasta el tiempo en que se completen esos plazos.
  • Son acciones irrenunciables. Por lo tanto, no cabe ni el allanamiento ni la transacción.
  • Son acciones que permiten ciertas limitaciones a la hora de admitir demandas, puesto que están muy relacionadas con la intimidad de las personas. De esta manera, el artículo 767.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que no se admitirá ninguna demanda sobre determinación o impugnación de la filiación si no está acompañada de un principio de prueba.
  • Son acciones declarativas, que son aquellas que buscan la declaración de existencia de una relación jurídica, pero no el reconocimiento de ninguna prestación.

Al contrario que en la legislación anterior, que, en algunos casos, como el del Código Civil de 1851, prohibían la investigación de la paternidad, la Constitución de 1978, en su artículo 39, establece que la Ley posibilitará dicha investigación de la paternidad. En la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 764.1 admite la reclamación de la filiación ante los Tribunales en aquellos casos que se prevean en la legislación civil.

La filiación, en nuestro ordenamiento, se determina de dos formas distintas:

  • Mediante la inscripción en el Registro Civil que será obligatoria cuando nazca el niño, en un plazo de 20 días desde el nacimiento.
  • Mediante sentencia judicial firme.

En el caso de que los progenitores estén unidos en matrimonio, existe una suposición de que el hijo nacido es descendiente de ambos contrayentes. En cambio, si no existe matrimonio en el momento del alumbramiento, el padre deberá comparecer ante el Encargado del Registro Civil. El Encargado podrá denegar la inscripción en el Registro Civil de aquellas manifestaciones que no sean, sin que quepa duda alguna, ajustadas a la realidad.

En cuanto a la vía judicial, las acciones de reclamación de filiación las pueden presentar tanto el hijo contra su padre o madre como éstos contra el hijo. Hay que tener en cuenta que nadie puede tener dos filiaciones determinadas, así que si se presenta una acción de filiación contra alguien que ya tiene reconocidos un padre y una madre, habrá que presentar además la acción de impugnación de la paternidad que se considera falsa.

Además, el artículo 131 del Código Civil declara que cualquier interesado tendrá acción para declarar la filiación que se haya manifestado mediante la posesión de estado. La posesión de estado podría definirse como la situación en la que alguien ocupa la posición familiar que corresponde, aunque no haya un título legal que lo establezca.

El plazo para ejercer la acción de filiación, tal y como establece el artículo 132 del Código Civil en su primer párrafo, es imprescriptible.

El artículo 767.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil determina que podrán utilizarse para la investigación de la paternidad y de la maternidad todo tipo de pruebas, incluyendo las biológicas. Estas pruebas biológicas suelen consistir en análisis de sangre para comprobar el material genético. La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero de 1994 establece la fiabilidad de estas pruebas. Si es negativo, la fiabilidad será del 100% y si es positivo, de más del 99%.

El sometimiento a una extracción de sangre debe utilizarse solo, según el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, cuando no existan otras pruebas menos lesivas para la integridad física que puedan utilizarse para la reclamación de la paternidad. Además, según el artículo 767.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la negación a someterse a una prueba de este tipo no puede ser en lo único que se base la declaración de filiación, deben existir otros indicios de que, efectivamente, existe esa paternidad o maternidad que se reclama.  La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de marzo de 2000 considera que la negativa no es una confesión, sino un valioso indicio.

Mientras dure el procedimiento de determinación de la filiación pueden establecerse una serie de medidas cautelares para proteger al hijo. Estas medidas se encuentran reguladas en el artículo 768 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas medidas están dirigidas a evitar todos los perjuicios que se le puedan causar al menor o a los bienes del mismo. Las medidas, que podrán ser tanto patrimoniales como personales, se podrán llevar a cabo en cualquier momento del procedimiento.

Si la persona que va a ejercer la acción de filiación es un menor de edad o un incapacitado, el artículo 765 de la Ley de Enjuiciamiento Civil declara que se podrán ejercer por sus representantes legales y por el Ministerio Fiscal. Este mismo artículo, en su parte final, declara que si la persona que comenzó la acción de filiación a fallecido, sus herederos podrán continuar el proceso ya entablado.

La alteración de la filiación puede consistir en delito, tal y como se recoge en el Código Penal, en los artículos 220.2, 220.3, 220.5 y 221. Estos delitos serían:

  • Ocultar o entregar un hijo a una tercera persona para que se altere o modifique su filiación. La pena en este caso será de prisión de seis meses a dos años.
  • Sustituir a un niño por otro, que tiene una pena de prisión de uno a cinco años.
  • Sustituciones de niños que tengan lugar en centros sanitarios o socio-sanitarios por imprudencia grave de los responsables de identificar y custodiar a los niños, con pena de prisión de seis meses a un año.
  • Entregar a un tercero un hijo, descendiente o cualquier menor a cambio de una compensación económica, que tendrá una pena de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por un tiempo de entre cuatro a diez años.