Cuando una persona es condenada por la comisión de uno de los delitos que se encuentran tipificados como tales en nuestro ordenamiento penal, dicha sentencia condenatoria se hace constar mediante la inscripción de un antecedente penal, que podría definir como la constatación oficial de la comisión de dicho delito. Tan solo generan antecedentes penales aquellas condenas que sean firmes, es decir, aquellas condenas que se hayan establecido en el final del proceso penal y contra las que no cabe ningún recurso. La firmeza se puede adquirir después de haber agotado todas las posibilidades que la ley nos ofrece de presentar recursos o por no haber interpuesto el recurso que podría haber correspondido en tiempo y forma.

Con la última reforma que supuso Ley 1/2015, se suprimieron las faltas. Estas faltas no generaban antecedentes penales. En cambio, los delitos leves sí los generan.

La inscripción de los antecedentes penales es una función que corresponde al Registro Central de Penados y Rebeldes, al que se deben comunicar todas las sentencias condenatorias firmes que se hayan podido dictar, para que se proceda a la inscripción del antecedente. Este Registro es parte integrante del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, dentro del propio Ministerio de Justicia. Con la inscripción realizada por el Registro, al sujeto le constará el antecedente penal, figurando tanto el sujeto que ha sido condenado como la duración y tipo de la pena.

El propio Código Penal, en su artículo 136, establece que las inscripciones que se realizan en el Registro de Penados y Rebeldes no son públicas. Esto quiere decir que no están a disposición de todo el público que solicite verlas, sino que tan solo estarán disponibles o accesibles para el propio interesado o por órganos oficiales cuando lo justifiquen adecuadamente.

Que un sujeto tenga antecedentes penales tiene varias consecuencias, entre ellas importantes consecuencias penales, pero que también afectarán a la vida laboral del sujeto, como en el caso de que quiera acceder a algún tipo de puesto en una Administración pública, sea cual sea el ámbito de la misma. Esto es así porque lo primero que se hace para tener en cuenta a una persona que ha aprobado una oposición pública o que quiere formar parte de la contratación de la Administración pública, es solicitar al Registro la hoja de antecedentes penales.

En el propio ámbito penal, también tiene consecuencias a tener en cuenta. Se pueden relacionar los antecedentes penales con el concepto de “reo habitual”, que son aquellos que han cometido tres o más delitos que formen parte de un mimo capítulo en un plazo inferior a cinco años. Este tipo de reos tienen más dificultades que el resto a la hora de poder acceder a beneficios penitenciarios.

Por otro lado, también se tienen en cuenta a la hora de decidir si un sujeto, una vez que se ha tenido noticia de la comisión de delito y ha sido detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial, puede permanecer en libertad o debe ingresar provisionalmente en prisión. El juez, entre otras cuestiones tales como la gravedad del delito o el peligro de que la víctima sufra algún tipo de daño por el sujeto, también tendrá en cuenta la existencia o no de antecedentes penales a la hora de decidir si aplicar o no la prisión provisional.

Además, se tendrán en cuenta también en cuanto al agravante de reincidencia, que se encuentra en el artículo 22 del Código Penal, aunque tan solo contarán los mismos a estos efectos si los delitos cometidos son de la misma naturaleza que los de los antecedentes penales. Se tienen también en cuenta aquellas condenas firmes que hayan sido dictadas en países pertenecientes a la Unión Europea.

Una vez que se tienen antecedentes penales, debido a todas estas consecuencias, interesa que se proceda a su cancelación. La cancelación, que ha sido modificada con la reforma de 2015, depende del tipo de pena que se haya impuesto al sujeto, así como de su duración. Según estos parámetros, se tardará más o menos tiempo en producirse la cancelación de los mismos, aunque para que se cancelen el sujeto no podrá cometer delito alguno en el plazo establecido para que se produzca la cancelación.

Estos plazos se encuentran en el artículo 136 del Código Penal, y, antes de ver cuáles son los plazos como tal, hay que hablar de los tipos de penas, que también han sido modificadas con la reforma del año 2015.

Se consideran como penas graves, entre otras, la prisión permanente revisable, la prisión superior a cinco años, las inhabilitaciones absolutas, la privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores en un periodo de tiempo superior a ocho años, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a los mismos por un plazo mayor a ocho años o la privación de la patria potestad.

Por otro lado, se consideran como penas menos graves la prisión de tres meses hasta cinco años, la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores por un plazo de entre un año y un día hasta ocho años, la inhabilitación especial para el ejercicio de una profesión, de un oficio o de un comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales desde un año y un día hasta cinco años o los trabajos en beneficios de la comunidad de entre treinta y un días hasta un año, entre otras.

Por último, estarían las penas leves, entre las que se encuentra la privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores de tres meses a un año, la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, comercio u oficio relacionado con animales y para tenencia de animales de tres meses a un año, las multas inferiores a tres meses y aquellos trabajos en beneficio de la comunidad que se hayan establecido de entre uno a treinta días.

Los plazos para la cancelación son:

  • Seis meses para las penas leves.
  • Dos años para las penas inferiores a doce meses y para las impuestas por delitos imprudentes.
  • Tres años para las restantes penas menos graves que sean iguales o superiores a los tres años.
  • Diez años en el caso de las penas graves.

Si, a pesar de que se cumplen todos y cada uno de los requisitos citados anteriormente para la cancelación de los antecedentes, dicha cancelación no se ha llevado a cabo, no se tendrán en cuenta los antecedentes siempre que se acredite que se cumplen las circunstancias.