Las sociedades mercantiles dividen su capital en distintas partes que, dependiendo de su naturaleza, pueden ser acciones o participaciones sociales. Cada parte puede pertenecer a una persona distinta, o varias partes a una misma persona, por ello, a la hora de tomar decisiones, se sigue el principio de la mayoría, aprobándose o no lo que la mayoría del capital (no de las personas) decidan. Pero, este principio de mayoría puede dar pie a abusos. Éste sería el caso de una sociedad en la que la mayor parte del capital estuviera en manos de unas pocas personas, mientras que existiese una miríada de socios o accionistas con poco peso en el capital. Si se siguiera el principio de las mayorías de forma estricta, estos socios o accionistas mayoritarios se quedarían a expensas de lo que decidieran los socios mayoritarios.

Para evitar este tipo de situaciones, nuestro ordenamiento jurídico prevé una serie de normas que están dirigidas a proteger a los accionistas o socios minoritarios, las cuales vamos a pasar a analizar. Estas normas se encuentran en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Estos derechos otorgados suelen depender del porcentaje de participación en el capital social que los accionistas o los socios minoritarios hayan reunido. Además, hay que tener en cuenta que algunos de estos derechos están presentes únicamente o de una manera diferente para la Sociedad Anónima, mientras que otros pertenecen a las Sociedades de Responsabilidad Limitada o se configuran de forma distinta para éstas.

  • Derecho a solicitar la convocatoria de la Junta

Los administradores se verán obligados a convocar la Junta General en el caso de que así lo soliciten uno o varios socios que representen, como mínimo, un 5% del capital social, según establece el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, en la Sociedad Anónima, el 5% del capital puede solicitar que se incluyan puntos del día mediante una notificación fehaciente en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la convocatoria, según el artículo 172 de dicha Ley.

  • Derecho a asistir a las Juntas

En este caso, hay una diferencia importante entre la regulación que se establece para la Sociedad de Responsabilidad Limitada y la que posee la Sociedad Anónima, tal y como podemos ver en los distintos apartados del artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital. De esta manera, en la primera de ellas, todos los socios tienen, por sí mismos, el derecho a asistir a las Juntas Generales de la sociedad en cuestión. Además, se establece la prohibición de que, mediante los estatutos sociales, se limite este derecho, imponiendo un número mínimo de participaciones para poder ejercer el derecho de asistencia.

En cambio, con respecto a la Sociedad Anónima, sí se pueden establecer, a través de los estatutos sociales, límites respecto al número mínimo de acciones que hay que poseer para tener el derecho a asistir a las Juntas. Ahora bien, en ningún caso ese número mínimo de acciones podrá ser superior a un uno por mil del capital social.

  • Derecho a solicitar la asistencia de un notario a la Junta General

Este derecho, que podemos encontrar en el artículo 203.1 de la LSC, también posee diferencias entre la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en cuanto al capital que es necesario poseer para poder ejercerlo. Mientras que en la Sociedad Anónima es necesario poseer el 1% del capital, en la Sociedad de Responsabilidad Limitada esta cifra aumenta hasta el 5%. El contenido de este derecho es la solicitud al órgano de administración de la sociedad dirigida a nombrar un Notario que asistirá a la Junta y levantará un acta notarial de la misma. Tan solo se considerarán válidos, en este caso, aquellos acuerdos que figuren en el acta. Los honorarios del notario serán a cuenta de la propia sociedad.

  • Derecho a impugnar los acuerdos sociales

Este derecho, en el caso de que los acuerdos sociales sean nulos, lo podrán ejercer los socios, los administradores y todos aquellos terceros que posean un interés legítimo en ello, y lo encontramos en el artículo 206 de la Ley de Sociedades de Capital.

En cambio, si los acuerdos se consideran anulables, la legitimación sería de aquellos socios que hubieran asistido a la Junta, siempre que hubieran hecho constar su oposición a los mismos. También tendrán legitimación los socios ausentes y aquellos socios que hubieran sido privados de voto de forma ilegítima. Además, estarían legitimados los administradores.

  • Derecho a interponer la acción social de responsabilidad

El porcentaje mínimo para poder ejercer este derecho, según establece el artículo 239 LCS, será del 5% del capital social. El artículo 238, por su parte, en su apartado segundo, establece que cualquier socio que tenga un porcentaje inferior al 5% podrá oponerse a la renuncia o/y a la transacción de la acción de responsabilidad contra los administradores sociales.

  • Derecho a solicitar un auditor de cuentas

Este derecho, que se encuentra en el artículo 265 de la Ley de Sociedades de Capital, establece que, si la sociedad hubiera estado obligada a someter sus cuentas a una auditoría, en el caso de que no hubieran nombrado un auditor o en el caso de que éste, una vez nombrado, rechace el cargo o le resulte imposible ejercerlo, cualquier socio podrá solicitar la designación.

Este derecho se podrá ejercer también en todas aquellas sociedades que no se encuentren obligadas a verificar sus cuentas mediante un auditor. Cualquier socio podrá solicitar el nombramiento de un auditor de cuentas para revisar las cuentas anuales. El único requisito es que no hayan pasado más de tres meses desde que se cerró el ejercicio. Los honorarios correrán a cuenta de la sociedad.

  • Derecho a obtener información

Una vez que se ha convocado la Junta General, todos los socios deben poder acceder a la documentación que vaya a ser objeto de aprobación en dicha Junta General. También, deberán poder acceder al informe de gestión y al informe del auditor de cuentas, en el caso de que existan. Este derecho se debe cumplir, además, de forma gratuita e inmediata. Este derecho lo podemos encontrar en el artículo 272, en su segundo apartado, de la Ley de Sociedades de Capital. Este derecho tiene las mismas características tanto en la Sociedad de Responsabilidad Limitada con en la Sociedad Anónima.

  • Derecho de separación

Este derecho se puede ejercer cuando uno de los socios hubiera votado en contra de la sustitución o de la modificación sustancial del objeto social, de la prórroga, de la reactivación, de la creación, modificación o extinción anticipada de la obligación de realizar prestaciones accesorias, salvo que en los estatutos se establezca lo contrario, o de la transformación o traslado al extranjero de la sociedad. En estos casos, establecidos en el artículo 346 de la Ley de Sociedades de Capital, el socio podrá separarse de la sociedad.

En las Sociedades de Responsabilidad Limitada, además, habría que añadir la modificación del régimen de transmisión de las participaciones sociales a la lista de motivos que dan derecho a la separación del socio.

También encontrados una referencia al derecho de separación en el artículo 348 bis del mismo cuerpo legal, para aquellos socios que hubieran votado a favor del reparto de beneficios, cuando la Junta no hubiera acordado el reparto de al menos un tercio de los beneficios que se consideren legalmente repartibles.