Que no todos los hechos que se podrían calificar como delito acaban con una pena igual en todos los casos ya lo vimos en este artículo, en el que hablábamos de los agravantes y los eximentes penales. Pero, en otras ocasiones, un sujeto que ha cometido un hecho delictivo puede incluso no ser castigado penalmente por determinadas circunstancias. Es lo que se conoce como eximentes.

Los eximentes tienen su base jurídica en el hecho de que no todos los actos que son delitos son siempre antijurídicos, es decir, existen algunas ocasiones en las que un acto, que a prori está prohibido, puede no ser castigado porque exista algún motivo de justificación. Los eximentes se encuentran en los artículos 19 y 20 del Código Penal. Dichos artículos hablan de aquellos que están exentos de responsabilidad criminal, es decir, de aquellos que no serán castigados, aunque cometan un hecho delictivo.

En primer lugar, debemos hacer una distinción entre las causas de justificación o de inculpabilidad. La diferencia entre estas dos tipos de causas, es que si concurre una causa de justificación, a esa persona no se le puede imponer ninguna obligación. En cambio, si lo que concurre en una causa de culpabilidad, sí se le podrán imponer medidas de seguridad, como por ejemplo un internamiento en un centro psiquiátrico, por el peligro que puede suponer para sí y para los demás, en algunas ocasiones.

Respecto a las causas de inculpabilidad, la primera de la que debemos hablar es la minoría de edad. Es el eximente que encuentra su acomodo en el artículo 19 CP, según el cual los menores de dieciocho años no tienen responsabilidad criminal, aunque puede ser responsable con arreglo a la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores, que es la Ley Orgánica 5/2000, y que se aplica a aquellos menores cuya edad esté comprendida entre los 14 y los 18 años. En cambio, a los menores de 14 años, no se les exigirá ningún tipo de responsabilidad. La Ley Orgánica 5/2000 establece medidas de corte distinto a las que se establecen en el Código Penal, tales como la obligación de asistencia a un centro docente o la realización de tareas socio-educativas.

En segundo lugar, como causa de inculpabilidad, tenemos la enajenación mental, que se encuentra en el primer inciso del artículo 20 del Código Penal. Se define como aquella persona que, en el momento de cometer el hecho delictivo, se encuentre psíquicamente alterado y, en consecuencia, no pueda comprender la ilicitud del acto que comete. Aunque el mismo inciso establece, en su parte final, que el trastorno mental transitorio no será considerado como un eximente en el caso de haberse provocado por el mismo sujeto para cometer el delito.

El segundo inciso del artículo 20 CP habla de la intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos. Esta intoxicación debe haber estado presente en el momento de comisión del hecho delictivo. También se incluyen en este eximente aquellos delitos cometidos durante un síndrome de abstinencia que impidan comprender la ilicitud del hecho. Como en el caso anterior, no se considerará eximente si el sujeto buscó a propósito este estado para cometer el delito.

Por último, dentro de las causas de inculpabilidad, tenemos el miedo insuperable, del que habla el sexto apartado del artículo 20 CP. Respecto a la definición de miedo insuperable, el Tribunal Supremo ha establecido que se trata de un temor fundado de que se produzca un mal efectivo, inminente y grave que produce cierto efecto en las facultades de la persona que hace que se produzca el delito.

Ya en el terreno de las causas de justificación, encontramos la legítima defensa, que se encuentra descrita en el artículo 20.4 CP y a la que ya dedicamos un artículo. Para que se considere que opera esta figura eximente, tiene que existir una agresión ilegítima, tiene que ser racionalmente necesario el medio empleado para impedir dicha agresión y que el defensor no haya provocado la agresión.

En segundo lugar, tenemos el estado de necesidad, que se encuentra regulado en el quinto inciso del artículo 20 del Código Penal. Podríamos definir como estado de necesidad a aquel en el que una persona daña un bien jurídico protegido de otra persona con el fin de salvar uno propio. Para que se considera que existe estado de necesidad será preciso que el bien que se pretende salvar sea de igual o de mayor importancia que el bien que resulta dañado. Esto no se cumpliría en el caso, por ejemplo, de que se dañe el bien jurídico a la vida para intentar salvar el bien jurídico a la propiedad privada.

En este caso también debe inferirse racionalmente que dañar el bien jurídico menor es totalmente necesario para salvar aquel mayor o de igual valor. Además, tampoco se podrá considerar el eximente si el estado de necesidad fue causado por el propio sujeto.

Tampoco se considerará que existe cuando aquel que se encontraba en estado de necesidad tenía, ya sea por su oficio o por su cargo, la necesidad de sacrificarse. Por ejemplo, si un panadero se encuentra en un incendio no se le pedirá arriesgar su vida para salvar la de otro, porque son bienes jurídicos protegidos del mismo valor. En cambio, si se tratase de un bombero, por razón de su cargo, debe intentar salvar la vida de aquella persona que se encuentra en peligro por las llamas. Pero, tampoco se les pueden exigir actos heroicos, es decir, si es imposible salvar esa vida, el bombero tampoco estará jurídicamente obligado a sacrificarse.

En último lugar, tenemos el cumplimiento de deber, oficio o cargo como eximente, que se encuentra en el artículo 20.7 del Código Penal. El fundamento jurídico de este eximente se encuentra en el hecho de que, si una persona ostenta un cargo con arreglo a derecho, las actividades a las que está obligado jurídicamente por razón de dicho cargo no pueden considerarse como antijurídicas. Hay que decir que se debe tratar de obligaciones establecidas en normas jurídicas, pero si se tratase de deberes de otro tipo, podría encuadrarse en el estado de necesidad. Por ejemplo, sería el caso del uso de la violencia por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siempre y cuando se cumplan los requisitos que la normativa aplicable señala.