En 2015 se publicó la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Esta Ley recoge todos los derechos, tanto procesales como extraprocesales, que asisten a una persona que ha sido la víctima de un hecho delictivo, dando respuesta a los problemas jurídicos y sociales que un hecho como ese puede causar. Esta Ley es el resultado de la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de una serie de Directivas de la Unión Europea, siendo el antecedente más directo la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, de 15 de marzo de 2001.

Según la Ley, se aplicarán sus disposiciones a las víctimas de delitos que hayan sido cometidos en nuestro país o que puedan ser perseguidos en el mimo. Es indiferente la nacionalidad, la residencia, o la mayoría o minoría de edad del afectado. Podríamos decir que hay dos tipos de víctimas:

  • Las víctimas directas: son aquellas personas que han sufrido el hecho delictivo en primera persona y, debido a ello, han padecido algún tipo de perjuicio, entendiendo éste de manera amplia.
  • Las víctimas indirectas: serían el cónyuge o persona unida a la víctima por una análoga relación de afectividad, así como sus hijos y padres, sus parientes directos y las personas que estén cargo de la víctima directa para el caso de que, a consecuencia del delito, la víctima directa hubiera fallecido o se encuentre desaparecida.

Dentro de la propia Ley, además de los distintos derechos que posteriormente analizaremos, se prevé la regulación y creación de un mecanismo que permita evaluar periódicamente el sistema de protección a las víctimas, con el fin de poder mejorarlo en el futuro.

Los organismos encargados de prestar esta asistencia a las víctimas son las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que se encargan, entre otras cuestiones, de:

  • Informar a la víctima sobre sus derechos y sobre las posibles indemnizaciones a las que puede acceder.
  • Informar sobre los servicios especializados de asistencia que están a su disposición.
  • Prestar el apoyo emocional que sea preciso.
  • Realizar una labor de coordinación con los distintos órganos, instituciones y entidades competentes, así como a los Jueces, Tribunales y al Ministerio Fiscal.

El artículo tercero del Estatuto de la Víctima del delito establece que todas las víctimas tienen derecho a ser informadas, apoyadas y atendidas, además de derecho a participar en el proceso y a ser tratadas durante el mismo con respeto, con un trato individualizado y en ningún caso discriminatorio, desde que se pongan en contacto con las autoridades públicas.

Como derechos básicos de las víctimas encontramos los siguientes:

  • Derecho a entender y ser entendida en todas las actuaciones que lleve a cabo, incluso antes de interponer una denuncia. Por ello, todas las comunicaciones se deben realizar en un lenguaje que resulte claro y comprensible, teniendo en cuenta las peculiaridades que pueda tener la persona, como minoría de edad o discapacidades. En este último caso, también se le prestará todo el apoyo necesario para que se puedan hacer entender, como, por ejemplo, la interpretación en lengua de signos. Además, se incluye en este derecho el que la víctima pueda ser acompañada por una persona de su elección.
  • Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades competentes, información que debe estar adaptada a sus circunstancias personales y al propio delito que se haya cometido. Se deberá informar, entre otras cuestiones, sobre las medidas de asistencia y apoyo a las que puede acudir o sobre la posibilidad de solicitar medidas de protección.
  • Derecho a la traducción e interpretación, pudiendo el intérprete prestar sus servicios por cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Juez o el Tribunal acuerden su presencia física.
  • Derecho a obtener una copia de la denuncia y a recibir asistencia lingüística como denunciante.
  • Derecho a recibir información sobre la causa penal, como la fecha, la hora y el lugar en el que el juicio se celebrará, así como las resoluciones que sean relevantes tales como la sentencia o puesta en libertad. Las víctimas pueden solicitar no ser informadas en cualquier momento.
  • Derecho de acceso a servicios de asistencia y apoyo, de forma gratuita y confidencial.
  • Periodo de reflexión. Éste se refiere a que ni los Abogados ni los Procuradores podrán dirigirse a las víctimas de sucesos como catástrofes hasta que pasen 45 días desde el acaecimiento del mismo, salvo que el servicio hubiera sido pedido por la propia víctima.

Además, la Ley también prevé la participación de la víctima en el proceso penal. Las víctimas tienen derecho a ejercer tanto la acción penal como la acción civil derivada de delito. Por otro lado, también tienen reconocido el derecho a comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportar cualquier información que considere relevante para la resolución del caso. El sobreseimiento del asunto deberá comunicarse a todas las víctimas reconocidas, hayan o no ejercido la acción penal.

Si la víctima ha participado en el proceso penal, tendrá derecho a que se le reembolsen los gastos y las costas procesales, con preferencia a la devolución de los gastos que se hayan producido al Estado, en el caso de que la sentencia condene al pago de las costas procesales y se hubiera condenado al acusado, a instancia de la propia víctima, por delitos por los que el Ministerio Fiscal no acusó. También se producirá este hecho para casos en los que se haya revocado el archivo del caso debido a un recurso interpuesto por la víctima. Además, se reconoce el acceso a la víctima a servicios de justicia restaurativa y a poder presentar solicitudes de reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita.

Por otro lado, se reconoce a la víctima el derecho a la devolución de todos los bienes que hubieran sido incautados durante el proceso, siempre que dicha devolución sea posible y no exista una causa justa de denegación de la misma.

El Título III es el que se encarga de la protección de las víctimas. Se deberán adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger, tanto la vida de la víctima, como la de sus familiares, así como su integridad, intimidad y dignidad, evitando así su victimización secundaria o reiterada. También tiene derecho a evitar el contacto con el agresor en la medida de lo posible y a que se evalúen individualmente sus posibles necesidades especiales de protección, teniendo en cuenta todas las características personales de relevancia, como la minoría de edad o las discapacidades.

Algunas de las medidas de protección que recoge el Estatuto de la Víctima del delito son:

  • Que la declaración de la víctima sea recibida por profesionales con formación especial.
  • Que las declaraciones, en caso de ser varias, sean realizadas siempre por la misma persona.
  • Que se celebren las vistas a puerta cerrada, cuando se considere necesario para proteger a la víctima.
  • Que se evite el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor del delito.
  • Que se eviten las preguntas referidas a la vida privada de la víctima.