En los medios de comunicación hemos podido escuchar o leer en muchas ocasiones la expresión “cláusula abusiva”, aplicada en los últimos tiempos en mayor medida a las cláusulas suelo. Pero, ¿qué es exactamente una cláusula abusiva? ¿Cuándo se puede considerar que un contrato tiene una de estas cláusulas y qué dice la ley sobre sus efectos? Intentaremos contestar a estas preguntas.

La regulación nos ofrece un concepto jurídico de cláusula abusiva, concretamente en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que transpuso la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. El artículo 82 de dicho cuerpo legal establece que son aquellas estipulaciones contractuales y prácticas no consentidas expresamente que no han sido negociadas individualmente por el consumidor y que, de forma contraria a la buena fe, suponen para el usuario o consumidor un perjuicio, al quebrar la necesaria igualdad entre las partes, suponiendo un desequilibrio.

Este tipo de cláusulas no son exclusivas de los contratos celebrados por consumidores usuarios. Al contrario, podrían estar incluidas en todo tipo de contratos, siempre y cuando una parte no haya tenido oportunidad de negociar el contenido del mismo. Donde dichas cláusulas han tenido una mayor operatividad ha sido en los denominados contratos de adhesión, que son aquellos cuyas disposiciones tan solo son confeccionadas por una parte, no pudiendo la otra hacer otra cosa que rechazar o asentir el contenido completo del mismo. En la práctica totalidad de los casos, aquel que no ha podido negociar las disposiciones es, precisamente, el consumidor o usuario.

El hecho de que algunos elementos de la cláusula o una cláusula aislada hubiesen sido negociadas individualmente no significa que no se pueda aplicar la legislación sobre cláusulas abusivas al resto del contrato. En caso de que la cláusula efectivamente hubiera sido negociada de forma individual, el empresario deberá probarlo, es decir, la carga de la prueba recae sobre el empresario.

Por otro lado, la propia ley recoge algunas cláusulas que, siempre y en todo caso, serán consideradas abusivas. Son las siguientes:

  • Las que vinculan el contrato a la voluntad del empresario.
  • Las que limitan los derechos del usuario o consumidor.
  • Las que supongan una falta de reciprocidad entre las partes.
  • Las que impongan al usuario o consumidor unas garantías desproporcionadas o le impongan de forma indebida la carga de la prueba.
  • Las que fuesen desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y la ejecución del contrato.
  • Las que contravengan reglas sobre comparecencia y derecho aplicable.

De todos modos, esta lista no es ningún numerus clausus, es decir, no suponen una lista cerrada de cláusulas abusivas, sino que tan solo se limita a definir algunas de ellas. Para que se considere una cláusula como abusiva se tendrá que atender a las circunstancias que hayan concurrido mientras el contrato se celebró, a la naturaleza del bien o del servicio que sea el objeto del contrato y, por último, el resto de cláusulas que componen el contrato.

Que un contrato contenga una cláusula abusiva no significa que el contrato sea abusivo, al menos no completamente. La declaración de una de sus cláusulas como abusiva, tiene como efecto que esa cláusula será nula. Que se considere nula quiere decir que se tiene por no puesta, como si nunca hubiera existido en el contrato. A pesar de ello, el resto del contrato seguirá siendo obligatorio, pues subsiste su contenido para las partes, siempre y cuando sea posible su supervivencia una vez eliminada la cláusula nula.

Serán los Jueces quienes tendrán que decidir sobre la abusividad o no de una cláusula contractual. A pesar de ello, los Notarios tendrán el deber de denegar la autorización de escrituras en cuyo contenido estén presentes cláusulas que, mediante una sentencia judicial firme que hubiere sido inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, hubieren sido declaradas como abusivas. Tampoco deberían autorizar aquellas que contengan cláusulas que, según establece la propia ley, son consideradas automáticamente por ministerio de la ley como cláusulas abusivas.

Recientemente, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la abusividad de algunas de las cláusulas que se encontraban presentes en ciertos contratos hipotecarios. Entre ellas, podemos encontrar:

  • La cláusula suelo. Probablemente, la más conocida a través de los medios de comunicación. Es aquella que introduce un mínimo al interés a través del cual se calculan las cuotas. Es decir, a pesar de que el tipo de interés variable que se haya acordado para calcularlas haya bajado, no podrá estar por debajo de un tipo mínimo marcado por la entidad bancaria. Por lo tanto, si se aplicase el interés variable realmente pactado se pagaría mucho menos de lo que realmente se paga debido a la existencia de ese “suelo” o tipo mínimo. El Tribunal Supremo las considera nulas si la entidad no ha cumplido con el deber de transparencia.
  • Cláusula multidivisa. Es aquella en la que, a pesar de que la hipoteca se contrató en euros, el cálculo, tanto del capital como de las cuotas de amortización, se realiza a través de una divisa distinta, es decir, una moneda de un país extranjero no perteneciente a la Eurozona, como pudiese ser el franco suizo. En este caso, si el euro se devalúa, pero el franco suizo sube, las cuotas del cliente se verán incrementadas en vez de disminuir. El Tribunal Supremo, a este respecto, ha dictaminado que las entidades bancarias deberían haber cumplido ciertas cautelas, como evaluar los conocimientos y experiencia de sus clientes. En el caso de que no hubieran tomado en consideración dichas cautelas, la cláusula se consideraría como abusiva.
  • Intereses de demora excesivos. El Tribunal Supremo, en su sentencia 364/2016 de 3 de junio, considera abusivas aquellas cláusulas que imponen un interés de demora superior en dos puntos al interés ordinario.
  • Cláusula de redondeo al alza. Este tipo de disposiciones consisten en que el interés variable se determine conforme a una fórmula que redondea al alza las fracciones, con el objetivo de que siempre den lugar a números enteros, cuartos o medios. El Tribunal Supremo las ha considerado nulas en sentencias de 2010 y 2011.

Además, podemos encontrar algunas más, como la fórmula de cálculo de interés 360/365, la renuncia a notificación al deudor en caso de cesión de préstamo, las cláusulas de vencimiento anticipado, la cláusula de compensación de saldos o la cláusula de imposición de gastos al prestatario.

Si tiene algún tipo de cláusula nula, sobre todo si posee una cláusula suelo, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le ayudaremos.