Es un hecho que Internet ha revolucionado el mundo, y aún lo hace cada día más. A diario, nuevas tecnologías salen a la calle, dejando obsoletas a las anteriores, que hasta hace poco eran el último grito. Lo que hoy es totalmente posible, corriente e, incluso, ordinario, hace diez o quince años, o incluso menos, tan solo era un sueño que parecía muy difícil de alcanzar.

En la mayoría de las ocasiones, estos cambios son tan bruscos y tan rápidos que al derecho le cuesta mucho seguir el ritmo. Indudablemente, las nuevas realidades que conlleva la Red suponen un reto para el ordenamiento jurídico, que contiene normas obsoletas o de poca aplicación actual, pues es difícil para la legislación seguir la estela de una tecnología que no deja de cambiar e innovar. Uno de estos retos, relacionado con las herencias y los legados, es la denominada herencia digital.

Como bien sabemos, la herencia es el conjunto de relaciones jurídicas y de bienes que una persona, a su muerte, transmite a otras, que serían sus herederos o sus legatarios, según dice el artículo 659 del Código Civil. Con la llegada de Internet, esta herencia deja de ser solo física, incluyendo también bienes digitales. ¿Qué pasa con nuestro perfil de Facebook cuando fallecemos? Y, ¿qué hay de los puntos digitales que acumulamos en una determinada web de viajes? O, ¿qué ocurre con todos aquellos archivos personales que teníamos almacenados en la nube?

A lo largo de nuestra vida, desde que empezamos a relacionarnos con Internet, vamos forjando una identidad digital, compuesta por nuestros correos electrónicos, nuestros perfiles en redes sociales, y todos aquellos datos personales que vamos depositando en la Red de redes. Pero, al contrario de lo que ocurre con la personalidad, tal y como se entiende comúnmente, que desaparece una vez que se produce el fallecimiento, la identidad digital permanece ahí, inmutable, si nadie hace nada al respecto.

Pero la herencia digital puede abarcar varios tipos de bienes que es importante tener en cuenta, no solo los perfiles en nuestras redes sociales o nuestras cuentas de correo electrónico. Hay que pensar también en el dinero que podemos tener almacenado en Bitcoin, en productos como música, películas o videojuegos que no hemos adquirido en formato físico, así como todo el dinero que hemos podido acumular en páginas de apuestas. Incluso podríamos haber contraído algún tipo de deuda online. Por lo tanto, no solo se compone de bienes con valor sentimental o personal, que podríamos decir que es la identidad digital, también existe un patrimonio digital, que podría tener un alto valor monetario. Hay que tener en cuenta que si lo que teníamos era un derecho de uso, lo más probable es que se extinga con el fallecimiento.

Por último, hay que tener en cuenta el problema, menos común pero también importante, de aquel patrimonio que podría considerarse sujeto a derechos de propiedad intelectual. Este sería el caso de un famoso bloguero o de un Youtuber, pues una vez fallecidos, dejan un extenso contenido de creación propia que estaría protegido por la Ley de Propiedad Intelectual y que también habría que tener en consideración. Incluso puede que se haya llegado a tener un valor como marca digital. La legislación general en materia de derechos de propiedad intelectual otorga a los herederos la facultad de explotar estos contenidos durante 70 años.

Según nuestro Código Civil, en el que están las reglas básicas de la sucesión hereditaria que rigen en nuestro sistema jurídico, los derechos sucesorios de una persona, denominada causante, se transmiten desde el instante en que se produce el fallecimiento. Podemos encontrar esta importante regla en el artículo 675 de dicho cuerpo legal. El causante pudo haber dejado, a través de un testamento, su voluntad de forma clara, pero puede que no lo hiciese. En este último caso, se seguirían las reglas que nos otorga nuestro propio Código Civil, en lo que se viene denominando como sucesión legítima.

Respecto al patrimonio digital, no existe hoy en día una regulación jurídica específica que nos indique cómo actuar en estos casos, cada vez más y más frecuentes. Como hemos indicado, la legislación, normalmente, se sitúa un paso por detrás de las innovaciones tecnológicas, y la herencia digital no es una excepción. Aun así, hay una serie de reglas que sí podríamos relacionar con la herencia digital, y que podrían dar solución, mediante su interpretación, a algunos de los problemas, aunque no a todos, ni mucho menos.

Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen establece que, tanto el cónyuge, como los descendientes, ascendientes y los hermanos de la persona fallecida estarán legitimados para llevar a cabo todas las acciones que el causante podría haber realizado en vida para proteger su imagen, su honor o su intimidad. Aquí también se incluiría la denominada reputación digital, y tiene mucho que ver con el llamado derecho al olvido.

También, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, permite a los familiares de una persona fallecida dirigirse a los responsables que posean datos de carácter personal del difunto para notificar el fallecimiento.

Para todo lo que no está incluido en estas dos normas, podemos seguir unas recomendaciones, que nos ofrece la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Lo más importante sería dejar clara nuestra voluntad. Y este punto no solo es importante de cara a nuestra herencia digital pues, como hemos indicado más arriba, si una persona no hace testamento, se seguirán las reglas legales que establece el propio Código Civil, lo que quizás no coincida al 100% con la voluntad del fallecido. Por ello, dejar clara cuál va a ser la última voluntad en un testamento es muy importante para establecer nuestras intenciones de cara al acaecimiento de la muerte, también en el ámbito digital. Hay dos maneras de actuar respecto a nuestra voluntad digital.

En primer lugar, podemos hacer una transmisión testamentaria, como hacemos con el resto de nuestros bienes, de nuestro patrimonio digital. Para ello se seguirán las reglas comunes de los testamentos, que indica el Código Civil. Si introducimos las contraseñas de nuestros perfiles en Internet, es importante que las actualicemos periódicamente, pues de nada serviría ofrecer una información desfasada. Además, se puede nombrar un albacea digital, que tan solo se dedique a gestionar nuestra voluntad respecto a la herencia digital, mientras existe otro albacea que se ocupa de todos los demás asuntos. O, también, nombrar un albacea universal que se ocupará tanto de los asuntos digitales como del resto de cuestiones relacionadas con nuestra sucesión. De esta manera, será el albacea nombrado para encargarse de estos asuntos el único que podrá acceder a nuestras cuentas y gestionarlas. Esto es muy útil para que no todos nuestros herederos puedan acceder a la información que mantenemos en la Red.

En segundo lugar, podemos pasar a contratar a compañías especializadas en el tratamiento de la herencia digital. De esta forma, podremos indicar qué queremos que se haga con cada asunto digital concreto y será la propia empresa quien se encargue de cumplir nuestra voluntad una vez que se produzca el fallecimiento.