Quizás el eximente más conocido es el de la llamada defensa propia, que jurídicamente se conoce como legítima defensa. Esta definición es más acertada que la de defensa propia, pues aparte de la defensa personal propiamente dicha, están incluidas más materias. Así, muchas veces la legítima defensa no sólo se puede ejercer sobre bienes o derechos propios, sino también de terceras personas.

En nuestro ordenamiento jurídico, la legítima defensa se encuentra regulada en el artículo 20. 4º de nuestro Código Penal. Atendiendo a esto, podemos definirla como aquella defensa que es necesaria para frenar una agresión ilegítima de derechos o bienes. La encuadramos dentro del grupo conocido como “causas de justificación”.

Es un tema delicado, pues hay que tener en cuenta que el agresor, por muy agresor que sea, sigue poseyendo sus derechos. Por lo tanto, se someterá a unos requisitos muy estrictos, que han sido definidos por la doctrina y por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 26 de abril de 2010. Pasaremos a examinar los tres requisitos que, en general, son exigidos.

  • Existencia de una agresión ilegítima

Entendemos por agresión la creación de un riesgo, un posible atentado contra los bienes jurídicos legítimos. Algunos de estos son la vida, la salud, la vivienda, la morada, etc. Este riesgo estará asociado a un acto material ofensivo o de fuerza. En ningún caso podrá existir la legítima defensa si no existe agresión. Por ejemplo, en una disputa que se ha aceptado por ambas partes.

Respecto a que sea ilegítima, significa que sea injustificada. Es decir, ese ataque no encuentra amparo en la ley. Es necesario hacer esta distinción puesto que hay ciertos tipos de agresiones que son legítimas, por ejemplo, las que causan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dentro de sus facultades legales.

En el caso de que la agresión sea sobre los bienes patrimoniales, para que el acto de protección se encuadre en la legítima defensa, el peligro de perder dichos bienes deberá ser grave o su deterioro inminente. En el caso de la morada, se considerará una agresión ilegítima si alguna persona entra en nuestro hogar sin permiso, es decir, está protegida la defensa contra el allanamiento de morada.

Dentro de este requisito hay que considerar que la agresión tiene que estar produciéndose, o bien, ser inmediata. Esto quiere decir que la defensa debe producirse en el momento en que la agresión se está llevando a cabo o en un momento previo, cuando se puede deducir de manera suficiente que se va a producir. En ningún caso se podrá contemplar como legítima defensa el acto posterior, por ejemplo, pegar después de ser pegado. Este supuesto se encuadraría en la venganza y ésta no tiene protección jurídica.

Además, también debe concurrir la actuación en defensa por parte del agredido. La razón de actuar por parte del que ha visto sus derechos o bienes atacados debe ser siempre defender dichos bienes y derechos. El agredido debe tener siempre presente que está utilizando un medio defensivo, que se está protegiendo. Su intención original no puede ser atacar a aquél que está poniendo en peligro sus bienes o derechos.

  • Necesidad racional del medio empleado

Como ya hemos señalado, el perpetrar una agresión no está ligado a la inminente pérdida de derechos, si no que se siguen teniendo los mismos protegidos. Por lo tanto, la respuesta por parte del agredido debe ser proporcional. Se entiende por esto que se utilizó el medio menos lesivo posible, es decir, no había una manera de actuar más leve que pudiera proteger los bienes o derechos atacados. Por ejemplo, no será considerado como un medio proporcional si se pega un disparo mortal a una persona que amenazaba con una navaja. En muchos casos podría pensarse que el medio menos lesivo es la fuga, la huida. Pero ésta no se exige, puesto que el derecho no puede ceder ante el hecho injusto.

La valoración de la justificación o proporcionalidad deberá ser anterior a la defensa. Se valorarán todas las circunstancias del caso. A pesar de ello, hay que tener en cuenta que es difícil para el agredido realizar un juicio pausado y reflexionado ante una situación de peligro, que normalmente conlleva una sensación de inseguridad, de nerviosismo. Por lo tanto, no podría exigírsele el raciocinio sobre la proporcionalidad que podría llevar a cabo una persona en una situación de vida cotidiana en la que no se percibe ningún peligro.

Si se produce un exceso en la proporcionalidad de la defensa que no sea total y absolutamente desproporcionado, se podría considerar la existencia de una eximente incompleta. Es decir, no se poseerían los requisitos necesarios para considerar la legítima defensa en su totalidad, pero, ante la existencia de un miedo insuperable, podría actuar ésta como atenuante. En el caso de la total desproporcionalidad del mismo, nada se podría alegar.

  • Que no exista provocación por parte de la persona agredida

La doctrina y la jurisprudencia entienden en este sentido que no haya una provocación o amenaza adecuada. Para valorar si el acto de defensa presenta este requisito o no se suele tener en cuenta si la actuación anterior del atacado hubiera producido en un ciudadano común una reacción agresiva. En caso de que no se cumpla este requisito también podría buscarse una eximente incompleta, como en el caso anterior.

Una vez observados los requisitos, podemos hablar de la conocida como legítima defensa putativa. Ésta se define como la creencia de ser víctima de una agresión o de la posibilidad inminente de su producción cuando dicho ataque ni se ha producido ni se iba a producir. Se considera como un tipo de error, un error sobre la realidad del ataque. Puede ser tenida en cuenta a la hora de establecer una eximente incompleta. Para ello deberá probarse que existían suficientes circunstancias o elementos que podían inducir al sujeto a concluir que se iba a producir tal agresión. Así, se tendrán en cuenta las condiciones del lugar de los hechos, el aspecto de los que se pensaba agresores, la existencia de ataques previos o las amenazas que pudieran haber proferido aquéllos.

En todo caso, para que se pueda apreciar la legítima defensa, se deberá probar por parte de quién lo alega, de forma suficiente, de igual manera que se deben probar los delitos cometidos.