Hay determinadas personas que necesitan asistencia para protegerse y para amparar sus propios bienes. Estas personas son los menores de edad, hasta que alcancen los 18 años, y los incapacitados. Respecto a los menores, en la mayoría de las ocasiones son los propios padres quienes se encargan de proteger a sus hijos. Pero, cuando el menor no se encuentra sujeto a la patria potestad, por la razón que sea, tiene que entrar en escena la figura del tutor.

El Código Civil, en su Título X, se ocupa de las figuras destinadas a la protección de los menores y de los incapacitados. De esta manera, el artículo 215 de dicho cuerpo legal establece que la guarda y la protección de la persona y de sus bienes, o solamente de uno de ellos, de los menores y de los incapacitados, se llevará a cabo, según corresponda, por las figuras de la tutela, la curatela y el defensor judicial.

Las personas que se encuentran sujetas a la tutela, tal y como establece el artículo 222 del Código Civil, son:

  • Los menores que no se encuentren bajo la patria potestad y que no se encuentren emancipados.
  • Los incapacitados, cuando la sentencia de incapacitación determine la necesidad de la tutela.
  • Aquellos que estén sujetos a patria potestad prorrogada, una vez que esta termine, salvo en el caso de que la figura a aplicar sea la curatela.
  • Los menores que se encuentren en situación de desamparo.

La tutela se constituye siempre por la autoridad judicial competente, aunque, cuando exista una persona que se encuentre en los casos del artículo 222, los familiares de dicha persona que puedan ser designados como tutores y aquella persona que se encuentre guardando al menor o incapacitado, deben promover que se constituya la tutela desde el momento en que se conozca el hecho. Si no la promueven, se considerarán responsables solidarios en la indemnización que proceda por daños y perjuicios. Además, toda persona puede poner en conocimiento del Ministerio Fiscal o autoridad judicial el hecho que determina la tutela. El Ministerio Fiscal o el Juez que conociesen de alguna de estas situaciones pedirán o dispondrán que se constituya la tutela, incluso de oficio.

El artículo 223 establece que los padres, a los que no se les haya retirado la patria potestad, podrán establecer, mediante testamento o mediante un documento público notarial, el tutor que quieren para sus hijos o los órganos de fiscalización de la tutela, o cualquier otra regla que quieran disponer sobre sus hijos menores o incapacitados. Del mismo modo, una persona que prevea encontrarse en una situación de incapacidad, antes del hecho, mientras mantenga su capacidad de obrar, podrá establecer cualquier regla sobre su propia persona y designar un tutor. En estos casos, tal y como relata el artículo 224, el Juez se encontrará vinculado a la hora de constituir la tutela, salvo que, por decisión motivada, considere que es más beneficioso para el menor o incapacitado establecer otras consideraciones.

El encargado de constituir la tutela, como ya hemos señalado, será el Juez. Antes de constituir la misma, deberá prestar audiencia a los parientes más próximos del menor o incapacitado y a aquellas personas que considere oportuno. Si el menor o incapacitado tuviere el juicio suficiente y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, también se le deberá escuchar antes de constituir la tutela.

Según el artículo 234 del Código Civil, para el cargo de tutor se prefieren unos individuos con respecto a los otros:

  • En primer lugar, el designado por el propio tutelado según lo ya comentado que contiene el artículo 223.
  • El cónyuge que conviva con el tutelado.
  • Los padres del tutelado.
  • Aquella persona o personas que hayan sido nombradas por los propios padres en sus disposiciones de última voluntad, según el artículo 223.
  • El descendiente, ascendiente o hermano que el Juez considere oportuno designar.

Siempre y cuando se fundamente en una resolución motivada, el Juez puede alterar el orden establecido en el artículo 234 o, incluso, prescindir de todas las personas que en él se mencionan, siempre y cuando ello recaiga en el beneficio del menor. En su último inciso, este artículo señala que se considera beneficioso que el menor sujeto a tutela se integre en la vida familiar del tutor. Si no existen ninguna de estas personas, será el Juez el que nombre al tutor que considere más idóneo. Los tutores siempre deberán tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles y no estar inmersos en causas de inhabilidad. Por ejemplo, no podrían ser tutores aquellas personas que hayan sido legalmente removidas de una tutela anterior, los que tuvieren una enemistad manifiesta con el menor o incapacitado o los que tuvieran conflictos de intereses con el mismo.

El artículo 216 establece que las funciones tutelares son un deber que se debe ejercer siempre en beneficio del menor o incapacitado y bajo la salvaguarda de la autoridad judicial. Por lo tanto, esta es una de las diferencias principales entre la patria potestad, que no se encuentra bajo el control de la autoridad judicial, y la tutela, que sí se encuentra bajo dicho control. La tutela es una función, además, irrenunciable. Solo se admite excusarse de dichas funciones en unos supuestos determinados, que están permitidos por la propia ley. Entre dichas excusas podemos encontrar la edad, una enfermedad o causas profesionales.

El artículo 221 del Código Civil prohíbe a los tutores llevar a cabo determinados actos:

  • Recibir liberalidades tanto del tutelado como de sus causahabientes hasta que no se haya aprobado su gestión definitiva.
  • Representar al menor o incapacitado en aquellos casos en los que, en el mismo acto, intervenga en su propio nombre o en el de una tercera persona y, por tanto, exista un conflicto de intereses.
  • Adquirir, por título oneroso, bienes del tutelado o transmitirle por el mismo título bienes.

Además, aquella persona que done bienes a un menor o incapacitado sometido a tutela podrá disponer que las funciones de guardar y administrar dichos bienes recaigan sobre un administrador y establecer las reglas por las cuales se llevará a cabo su gestión. Aquellas funciones que no hayan sido señaladas para un administrador, recaerán sobre el propio tutor.

Como ya hemos dicho anteriormente, la principal diferencia entre la tutela y la patria potestad es el control judicial que se realiza sobre la primera. Según el Código Civil, la tutela será ejercida bajo la vigilancia del Ministerio Fiscal, actuando éste de oficio o a instancia de algún interesado. Además, se podrá exigir en todo momento al tutor información sobre la situación de la persona sometida a tutela y del estado de su administración. El Juez puede establecer en la resolución que constituye la tutela o en otra resolución posterior aquellas medidas de vigilancia y control que considere oportunas, siempre y cuando se establezcan en beneficio del menor o incapacitado. A su vez, también el Juez puede solicitar el informe sobre la situación o administración en cualquier momento.

El tutor podrá ser removido del cargo por el Juez, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, siempre que se vea inmerso en una causa de inhabilidad, incumpla sus deberes, sea manifiestamente inepto para el cargo, o surgieran problemas graves y continuados en la convivencia.