En el artículo anterior, comentábamos la figura de la tutela, que se utiliza en aquellos casos en los que una persona no puede protegerse ni proteger sus bienes por sí misma, y que se utiliza en los casos de menores de edad y personas incapacitadas. A continuación, intentaremos definir mejor cómo se ejerce esta tutela, además de citar la existencia de otras figuras similares, como la curatela, y sus diferencias con la tutela propiamente dicha.

En primer lugar, tenemos que señalar que el encargado de dar posesión al tutor que ha sido nombrado no es otro que el Secretario judicial. Una vez que se ha tomado posesión del cargo, el Juez puede exigir al tutor que preste una fianza, para que ésta responda ante un posible incumplimiento de las obligaciones tutelares. Se encuentran exentos de prestar dicha fianza aquellas entidades públicas que ejerzan la tutela de un menor, ya sea por ministerio de la Ley o por una resolución judicial.

El artículo 269 expresa cuáles son las obligaciones principales que tiene el tutor sobre el tutelado, además de la obligación general de velar por él. Según dicho artículo, estas obligaciones son:

  • Proporcionar al menor o incapacitado alimentos. Estos alimentos debemos entenderlos en sentido amplio, incluyendo todas aquellas cosas que sean necesarias para el mantenimiento del tutelado.
  • Educar al menor, procurándole una formación integral.
  • En el caso de que se trate de un incapacitado, deberá hacer todo lo que esté en su mano para que obtenga o recupere su capacidad y para que se integre en la sociedad de la mejor manera posible.
  • Mantener informado al Juez sobre la situación del menor o incapacitado y rendir cuenta sobre su administración, al menos anualmente.

Además, el artículo 270 añade que el tutor único o el de los bienes, debe ejercer la administración del patrimonio del menor o incapacitado con la diligencia de un buen padre de familia.

Es obligación del tutor realizar un inventario de todos los bienes que posea el menor o incapacitado. Este inventario deberá terminarse en un plazo máximo de sesenta días desde que el tutor tomó posesión del cargo, aunque el Secretario judicial está facultado para prorrogar este plazo, siempre que exista una razón suficiente para ello. El artículo 265 del Código Civil establece que el dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que el Secretario judicial considere que no debe poseer el tutor, se depositarán en un establecimiento señalado especialmente para ello. Además, todos los gastos que se puedan causar deberán correr a cuenta de los propios bienes del tutelado.

En el caso de que el tutor tuviera algún tipo de derecho de crédito sobre el tutelado, si éste no los incluye en el inventario, se considera que ha renunciado a los mismos. El tutor tiene que representar al menor o incapacitado en todos aquellos actos que no pueda realizar por sí solo.

Hay determinados actos para los que el tutor necesita obtener una autorización judicial. Según el artículo 271 del Código Civil, estos son:

  • Para internar al tutelado en una institución de salud mental o de educación o formación especial.
  • Vender o gravar los bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios del tutelado, así como para celebrar contratos o actos de carácter dispositivo que sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.
  • Para renunciar a derechos o transigir o someter a arbitraje cuestiones que sean del interés del menor o incapacitado.
  • Para aceptar una herencia sin utilizar el beneficio de inventario o para repudiarla, así como cualquier otra liberalidad.
  • Para realizar en los bienes gastos extraordinarios.
  • Para demandar en nombre de sus tutelados salvo que se trate de asuntos de escasa cuantía o de urgencia.
  • Para arrendar bienes por un periodo superior a seis años.
  • Para prestar dinero y tomarlo prestado.
  • Para disponer a título gratuito de bienes o de derechos pertenecientes al menor o incapacitado.
  • Para ceder a terceras personas créditos que tenga el tutelado en su contrato o adquirir a título oneroso los créditos de terceras personas contra el tutelado.

En cambio, para partir una herencia o dividir una cosa común, el tutor no necesita de ninguna autorización judicial. Eso sí, una vez que éstas se realicen, para que tengan validez, el juez deberá aprobarlas, dando su visto bueno. Para autorizar o aprobar, el Juez deberá oír primero al Ministerio Fiscal y, en el caso de que el tutelado tenga más de doce años o sea oportuno, también deberá prestarle audiencia. Además, tendrá que recabar todos los informes que se soliciten o se estimen pertinentes.

¿Tiene derecho el tutor a obtener algún tipo de retribución por atender al menor o incapacitado? Según el artículo 274, sí, siempre que el tutelado tenga patrimonio suficiente. El importe y el modo de percibirlo dependerán del Juez, pero esta retribución no podrá ser inferior al 4% del rendimiento líquido de los bienes, ni superior al 20%. Tan solo en el caso en el que, como vimos en el artículo anterior, los padres hayan dejado nombrado tutor para el caso de su fallecimiento, estos podrán determinar que el tutor tenga derecho a obtener los frutos, como compensación por los alimentos que éste debe entregar al tutelado, salvo que el Juez disponga lo contrario en una resolución motivada.

En cuanto a la extinción de esta figura, según los artículos 276 y 277, se extingue:

  • Si se trataba de un menor de edad, cuando éste alcance la mayoría de edad, salvo que hubiera sido judicialmente incapacitado con anterioridad. En dicho caso, el tutor continuará en su cargo.
  • Si se procede a la adopción del menor de edad.
  • Si el menor o incapacitado fallece.
  • Si se concede al menor de edad el beneficio de la mayor edad.
  • Cuando, en el caso de que se hubiera originado la tutela por la privación o suspensión de la patria potestad de los padres, dicha patria potestad sea recuperada.
  • Si se trataba de un incapacitado, cuando se dicte una resolución judicial que decida el fin de su situación de incapacitación o en la que se decida intercambiar la tutela por la curatela.

Una vez que se termina la tutela, el tutor debe rendir cuenta general de su administración en un plazo de tres meses, ante el Juez. Este plazo podrá ser prorrogado siempre que exista una justa causa para ello. Esta cuenta general podrá arrojar un saldo, que puede ser en contra o a favor del tutor.

Respecto a otras figuras similares a la tutela, podemos encontrar tanto la curatela como el defensor judicial. La curatela es una figura menos restrictiva, que se impone a los emancipados cuyos padres hayan fallecido o fueran impedidos, a aquellos que hayan obtenido el beneficio de la mayor edad, a los que estén en situación de prodigalidad y a aquellos sujetos incapacitados, siempre que la sentencia de incapacitación así lo establezca. El curador tiene como objetivo completar la capacidad de dichas personas y su actuación tan solo será necesaria en aquellos casos en los que necesiten un complemento de capacidad, pero no para aquellos actos que puedan realizar por sí solos.

Por último, el defensor judicial es una figura que se utiliza cuando existe un conflicto de intereses entre el menor o incapacitado y su representante, ya sea éste un curador, un tutor o incluso sus padres. También se utiliza la figura, tal y como se establece en el artículo 299 del Código Civil, en aquellos casos en los que, por cualquier causa, su tutor o curador no puedan desempeñar sus funciones, hasta que puedan volver a ejercerlas o hasta que se nombre a otra persona para el cargo.