Hay muchas formas en las que una empresa puede obtener financiación. Una de ellas es el llamado factoring, que sería como una compra de créditos. Este tipo de contrato se admite en nuestro ordenamiento jurídico por la libertad de contratación que rige en el mismo. En el factoring, una empresa, normalmente una PYME, cede los créditos que posee contra terceras personas a una empresa de carácter financiero, a cambio de un porcentaje del dinero debido. De esta manera, la empresa que utiliza este contrato no tiene que esperar a la fecha de vencimiento para obtener el dinero y, así, puede obtener liquidez. A cambio de este adelanto de dinero, la empresa financiera se lleva una parte del mismo.

Para encontrar la regulación de este contrato de factoring debemos acudir al propio Código de Comercio, que regula esta figura de forma somera en sus artículos 347 y 348. También encontramos las normas referentes a este contrato en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, en el Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, sobre el Régimen jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, en la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, en la Disposición Adicional tercera de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre,, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado. Por último, ciertos preceptos del Código Civil también serían aplicables a este tipo de contrato.

El Código de Comercio, en el citado artículo 347, establece que los créditos mercantiles que no sean endosables ni al portador podrán ser transferidos por el acreedor sin que se necesite el consentimiento del deudor, bastando poner en su conocimiento dicha transferencia. En su último inciso, el artículo 347 señala que el deudor estará obligado para con el nuevo acreedor en virtud de la notificación y, desde ese momento, el único pago legítimo que existirá será el que se realice ante éste. El artículo 348 añade que el cedente responderá de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo la cesión, pero no de la solvencia, salvo pacto expreso que declare tal circunstancia.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en relación con el factoring. Por ejemplo, en su Sentencia 2168/2000, con fecha de 31 de mayo de 2007. En dicha sentencia, el Tribunal Supremo definió el contrato de factoring como una relación atípica y señaló la dificultad que tiene este contrato de conseguir una regulación integradora, pues tiene una triple función:

  • Gestionar el cobro de los créditos que se hayan acordado en el propio contrato.
  • Asumir el riesgo de impago, en su caso.
  • Financiar, anticipando la cantidad a cobrar en los créditos, facilitando la liquidez y la operatividad comercial.

La doctrina jurídica también se ha ocupado de intentar ofrecer una definición de contrato de factoring. De esta forma, lo han clasificado como un contrato atípico, mixto y complejo, dirigido a satisfacer una serie de necesidades económicas. Por otro lado, García-Cruces González define el factoring como la operación en la que el empresario transmite en exclusiva los créditos que posee contra terceras personas y la empresa factora se ocupa de la gestión y contabilización de los mismos, pudiendo asumir el riesgo que la posible insolvencia del deudor del crédito supone y pudiendo, también, anticipar los importes a favor del cedente. Todo ello, realizado a cambio de una contraprestación de carácter económico para satisfacer los servicios prestados por la empresa factora, llevándose a cabo las relaciones entre partes a través de un pacto de cuenta corriente que se incorpora al contrato.

En este contrato encontraríamos dos partes diferenciadas. Por un lado, tendríamos el factor, que es la empresa financiera que ofrece el servicio de cesión de créditos, que puede y suele ser una entidad bancaria. En frente del factor se encontraría el cedente de los créditos que, como hemos señalado, suele ser una PYME, por la mayor necesidad de liquidez que tienen éstas.

El factor asumiría, con la adquisición del crédito, todos los riesgos de insolvencia que se puedan acarrear y debería encargarse también de lograr su cobro, según lo que se haya pactado en el propio contrato de factoring. La comisión que dicha empresa financiera impone a la empresa cedente se pondrá en función de varias circunstancias, como el plazo de cobro del crédito, la calidad de los deudores del mismo. Además, se suele introducir un tipo de interés por el cobro anticipado del crédito.

En cuanto a las ventajas que tiene este tipo de contrato para las empresas que deciden ceder sus créditos, podemos encontrar las siguientes:

  • La posible obtención de liquidez cuando ésta se requiere.
  • El ahorro administrativo y de gestión que supone, pues la empresa cedente ya no tiene que preocuparse por ese cobro, que queda gestionado al completo por la empresa financiera que actúa como factor.
  • Este ahorro administrativo y de gestión supone, además, un importante ahorro de tiempo.

En cuanto a los tipos de factoring que podemos encontrar. Serían los siguientes:

  • Factoring con cesión en firme de créditos. Esta tipología puede, además, dividirse entre el factoring sin recurso (si se produce el impago del crédito, el riesgo de insolvencia recaería sobre la propia empresa financiera) o con recurso (en este caso, si el crédito no se puede llegar a cobrar, la empresa financiera recuperará su crédito).
  • Factoring con cesión de créditos en comisión de cobranza. En este caso, el cedente no cobrará nada hasta que el deudor pague el crédito. Este sería un tipo de contrato de factoring sin anticipo de las cantidades debidas, por lo que en esta clase no existiría una de las ventajas anteriormente mencionadas, quedando solo la liberación de las gestiones.

Hay una serie de servicios adicionales que se pueden incluir en un contrato de factoring. De esta manera, la empresa financiera puede obligarse a calificar la solvencia de los clientes o posibles clientes de la empresa cedente, determinando un límite crediticio y considerando como aptos o no los documentos que se presentan para ceder. También puede comprometerse a realizar la contabilidad de los clientes y llevar a cabo todas las acciones y gestiones precisas para cobrar los créditos impagados, realizando funciones administrativas para la empresa cedente.