Es común escuchar en los medios de comunicación que se ha “decretado el secreto de sumario” de un proceso penal concreto. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Es lo mismo que la celebración a puerta cerrada de un juicio? Intentaremos analizar su significación y función en el proceso.

Para comenzar, podemos dividir, someramente, el proceso penal en tres fases: la fase de instrucción, donde se realiza la investigación del presunto delito; la fase de apertura del juicio oral, donde se prepara; y el propio juicio oral.

Como regla general, nuestra Constitución de 1978, en su artículo 120, establece que las actuaciones judiciales son públicas, aunque permite que las leyes procesales establezcan ciertas excepciones. Este derecho se podría relacionar con el derecho a la tutela judicial efectiva, que se encuentra en el artículo 24 de nuestra Carta Magna y el derecho a la información, que tiene su cabida en el artículo 20 del mismo cuerpo legal. La publicidad se establece como la garantía, del acusado y de la sociedad, de que el proceso judicial se desarrolla correctamente y de que los jueces no incurren en arbitrariedad.

Ahora bien, el mismo artículo que reconoce la publicidad de los procesos permite que se establezcan una serie de excepciones. Estas excepciones, respecto al proceso penal, se encuentran recogidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 301 y 302.

El primero de esos artículos, el 301 LECrim, establece que las diligencias en la fase de instrucción serán reservadas, no teniendo carácter público hasta la apertura del juicio oral. Por lo tanto, volviendo a las fases del proceso penal antes expuestas, la primera de ellas sería reservada. Posteriormente, una vez abierto el juicio oral, ya se permitiría el acceso al público. Lo mismo ocurre con la sentencia, a la que también se da publicidad.

Pero reservada no es lo mismo que secreta. Reservada quiere decir que los sujetos que pueden conocer son limitados, pero existen.

La razón de ser de esta reserva en la fase de instrucción se encuentra en el hecho de que en esta fase se llevan a cabo una serie de investigaciones que no tienen por qué concluir en la apertura de un juicio oral y, por tanto, en la posible comisión de un delito por parte de los sujetos investigados. Es más, en muchas ocasiones, dichos sujetos terminan por ser absueltos antes de la apertura del juicio oral, al considerarse que no cometieron el presunto delito.

Que la instrucción sea reservada tiene la consecuencia fundamental de que solo ciertos sujetos van a poder acceder al contenido de la misma. Estos sujetos serán el Juez de Instrucción, el Fiscal y las partes, es decir, la defensa y la acusación.

Por otro lado, el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece el llamado secreto de sumario. El secreto de sumario propiamente dicho es cuando la instrucción deja de ser reservada y pasa a ser secreta, lo que tiene otra significación. El Tribunal Constitucional considera el secreto de sumario como una excepción a la garantía del ya referido artículo 120 CE, es decir, la publicidad de las actuaciones.

La propia Exposición de Motivos de la LECrim se refiere al secreto de sumario, diciendo que éste subsiste tan solo para impedir que desaparezcan las huellas del delito, para recoger e inventariar los datos que sean suficientes para la comprobación de su existencia y para reunir los elementos que se utilizarán y depurarán más tarde.

De dicha exposición podemos extraer que el secreto de sumario tan solo podrá decretarse en dos casos:

  • Cuando exista un riesgo grave para la vida, la libertad o integridad física de una persona.
  • Cuando se necesite prevenir una situación que pueda llegar a comprometer el éxito de la investigación penal.

La diferencia entre que las actuaciones sean reservadas y que sean secretas es que las personas que pueden tener acceso se reducen drásticamente. Durante el secreto de sumario tan solo tendrán acceso el Juez y el Fiscal, nadie más. Esto ha sido criticado por algunas personas, puesto que el Ministerio Fiscal se persona como parte también, y tendría un privilegio del que el resto de partes carecen.

El secreto de sumario se puede decretar de forma total o parcial. La forma de declararlo será mediante un auto, que podrá dictarse de oficio por el propio Juez o a instancia del Ministerio Fiscal o de cualquiera de las partes.

Las actuaciones solo estarán en secreto de sumario durante el plazo máximo de un mes, aunque dicho mes podrá ser prorrogado sucesivamente. Una vez que se levante el secreto de sumario, la instrucción no pasará a ser pública, sino que, obviamente, seguirá siendo reservada.

No respetar dicha reserva o secreto conlleva sanciones que se establecen en nuestro Código Penal. Así, el 466 de ese texto legal establece que, si el abogado o procurador de una de las partes revelase el secreto de sumario, se procederá a imponerle multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de 1 a 4 años. Si la revelación proviene de un Juez, un miembro del Tribunal, un representante del Ministerio Fiscal, Secretario Judicial o cualquier funcionario público de la Administración de justicia se impondrá multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para cargo público de 3 a 5 años en su mitad superior. Si es cualquier otro particular que intervenga en el proceso, la pena de impondrá en su mitad inferior.

A pesar de estas sanciones, se producen filtraciones a la prensa, que suele tener acceso a las investigaciones. Pero es muy complicado conseguir determinar quién ha sido el culpable de la filtración, por el derecho del periodista a guardar secreto profesional y a no revelar sus fuentes, ni siquiera ante el Juez. Esto supone un claro choque entre la necesidad de decretar las actuaciones secretas para conseguir que el proceso concluya satisfactoriamente y el propio derecho a la información.

Por último, podemos distinguir el secreto de sumario del “secreto en el juicio” o puerta cerrada. La regla general es que los debates que se producen en el seno del juicio oral son púbicos, es decir, cualquier interesado puede entrar en los mismos y ver lo que allí acontece. A pesar de ello, existen algunas situaciones en las que, por razones de orden público o de vulnerabilidad de los ofendidos por el delito, se podrá acordar por el Tribunal la celebración a puerta cerrada, bien de oficio, bien a instancia de las partes, antes de la iniciación del juicio oral o incluso antes de dicho momento. En caso de decretarse, todos los sujetos ajenos al procedimiento deberán abandonar la sala.

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