La expresión “concurso de acreedores” no resulta ajena a nadie, pues todo el mundo la ha escuchado en alguna ocasión, ya sea en la televisión, en la prensa o de boca de otras personas. Pero, ¿qué es realmente estar en concurso de acreedores? ¿Cuál es su efecto práctico?

En primer lugar, respecto al concepto de concurso de acreedores, podríamos decir que es aquel procedimiento jurídico que tiene como fin garantizar a los acreedores de determinada persona, ya sea física ya sea jurídica, el cobro de sus créditos, ante la falta de liquidez de la persona deudora.

La clave está en que los acreedores son varios, es decir, no es un único acreedor el que resulta perjudicado por la iliquidez de su deudor, sino que son un grupo, más o menos amplio, de ellos. Si tan solo existiera un único acreedor, lo que se llevaría a cabo no sería un concurso, sino una ejecución singular, donde el mismo acreedor exigiría su deuda sobre el patrimonio de la persona afectada junto con un título ejecutivo que reconozca su derecho de cobro. La complicación surge cuando los acreedores son dos o más, puesto que, si se siguiera el mismo sistema de ejecución individual de créditos podría darse una situación ciertamente injusta.  Esto es así porque si el patrimonio del deudor no diese para satisfacer a todos ellos, es decir, con sus bienes y derechos no tiene suficiente para pagar todas sus deudas, podría llevar a la clara injusticia de que solo cobrasen algunos de ellos, mientras otros no viesen satisfechos sus créditos. En cambio, si el deudor tuviera suficiente para satisfacerlos a todos, sí que podría seguirse el procedimiento a través de la ejecución individual.

En esta situación de insolvencia del deudor, se deberá dar satisfacción, en la medida de lo posible, a todos los acreedores y ese es el fin principal del concurso. En nuestro ordenamiento jurídico, el concurso de acreedores se encuentra regulado en la Ley Concursal 22/2003, que ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los años.

Tenemos que tener en cuenta que todos los deudores, en el caso de que sea necesario, serán sometidos al procedimiento concursal. Es totalmente indiferente que sean una persona física (es decir, un individuo que sea, por ejemplo, un profesional liberal) o que sean una persona jurídica (por ejemplo, una empresa, ya sea una multinacional o una PYME).

Antes hemos dicho que el presupuesto fundamental del concurso, además de la pluralidad de acreedores, es la insolvencia del deudor. Pero, ¿qué podemos entender exactamente por insolvencia? Sería aquel estado patrimonial en el que permanece un deudor cuando, con todos sus bienes y patrimonio, no puede satisfacer el montante total de sus créditos. Es en ese momento, cuando el deudor cesa en sus pagos por no poder afrontarlos, cuando surge el concurso de acreedores. Además, nuestra legislación diferencia la situación patrimonial de la empresa de las posibles dificultades económicas temporales que esté sufriendo esa persona. Es decir, tiene que ser previsible que, de continuar en esta situación, se podría producir la quiebra o la suspensión de pagos, siendo esta segunda situación algo menos grave que la primera.

Quién solicite el concurso es importante, pues tiene incidencia en cómo se va a desarrollar. Puede ser una solicitud voluntaria, realizada por la propia persona física o jurídica insolvente, o una solicitud forzosa, realizada por alguno de los acreedores o, en el caso de las empresas, alguno de los socios de la misma. En el primer caso, se determinará que el concurso es voluntario, mientras que en el segundo se considerará un concurso necesario. Para que se considere como voluntario, que tiene algunos puntos importantes más ventajosos relacionados con las funciones de administración, el deudor ha debido solicitarlo dentro de los dos meses desde que conoció de su propia insolvencia, es decir, de que se percató de la situación. El juez de lo mercantil competente recibirá la solicitud de concurso y decidirá si se abre o no dicho procedimiento. En el caso de que se determine que el concurso es necesario, las funciones de administración se traspasarán, obligatoriamente, a favor de un administrador concursal.

Una vez que se abre el procedimiento, el concurso irá pasando por varias fases o etapas. A partir de ese momento, el deudor pasará a ser denominado como concursado. Las fases en las que se entrará serán la fase de concurso, la fase de convenio, la fase de liquidación y, finalmente, la calificación del mismo.

Dentro de la fase común se incluirá la propia presentación de la solicitud de concurso. Además, si es necesario, se llevarán a cabo todas las medidas cautelares que sean precisas para conservar el patrimonio. En esta fase también se nombrará el administrador que deberá llevar a cabo la gestión del concurso, intentando, en la medida de lo posible, garantizar que la empresa pueda seguir desarrollando su actividad. El administrador deberá, en un plazo de dos meses, presentar un informe que contenga datos como las circunstancias del deudor, el estado de sus cuentas y finanzas, el inventario de las masas activas y pasivas, con la determinación de los créditos.

Durante la siguiente fase, que es la denominada fase de convenio, el concursado presentará un convenio, en el que introducirá quitas y esperas, no pudiendo ser la primera nunca superior al 50% de la deuda, ni la segunda ir más allá de cinco años desde el concurso. Si no existe esta proposición de convenio, los acreedores podrán presentar su propia propuesta siempre que representen más del 20% del pasivo. Para que se apruebe el convenio se deberá obtener, al menos, el voto favorable del 50% del pasivo.

En caso de que no se haya producido un acuerdo, se abrirá la fase de liquidación. También se abrirá dicha fase si, aun habiendo aprobado un convenio, éste no se ha cumplido. En la liquidación se llevará a cabo la enajenación o venta de la masa activa con el fin de pagar a los acreedores. Es deber de los administradores concursales el presentar un plan de liquidación.

Por último, estaría la calificación. En ella se determina si existe, o no, responsabilidad de los administradores. Si se cree que se ha tenido algún tipo de responsabilidad, se calificará el concurso como culpable. En otro caso, se considerará fortuito. La calificación de un concurso como culpable puede suponer consecuencias graves, como la inhabilitación de los administradores para ocupar cargos representativos durante un cierto periodo de tiempo o, incluso, que éstos respondan con su propio patrimonio personal.