Uno de los principios más importantes y relevantes del ordenamiento jurídico penal es el denominado principio in dubio pro reo, que vendría a significar “ante la existencia de duda, a favor del reo”. El ámbito propio de este principio es el de la valoración de la prueba. Si en dicho momento procesal, el Juez o el Tribunal tienen algún tipo de duda sobre el carácter incriminatorio de las pruebas presentadas, debe resolver siempre lo que sea más favorable o beneficioso para el acusado.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este principio, estableciendo el mismo como una norma de interpretación procesal, tal y como se desprende del Auto 106/2002 de 18 de enero. Además, el mismo Tribunal establece que no cabría aplicar el principio in dubio pro reo, en el caso de que el Tribunal o el Juez competente no hayan tenido dudas, al considerar que las pruebas presentadas son claramente incriminatorias. Esto se desprende de varias sentencias del Tribunal Supremo, como la de 1 de marzo de 1993 o, en fecha más reciente, la sentencia 837/2006, de 17 de julio.

Respecto al Tribunal del Jurado, este principio viene transcrito en el artículo 54.3 de la Ley Orgánica 5/1995, que regula dicho Tribunal. Este artículo declara que, en el caso de que una vez producida la deliberación correspondiente, no se hayan conseguido resolver las dudas sobre la prueba, el Tribunal deberá pronunciarse en el sentido que resulte más favorable para el acusado.

En cuanto al origen histórico del principio in dubio pro reo, se ha relacionado el mismo con la aparición de la libre convicción del Juez en la valoración de la prueba, existiendo distintas etapas en su configuración. Ya en el siglo IV a.C., el filósofo Aristóteles, en sus “Problemas” hablaba de la importancia de poseer un ordenamiento jurídico carente de arbitrariedad o de nepotismo. En el Derecho Romano, este principio ya se empezó a aplicar en el sentido de favorecer al reo cuando existieran dudas, ya que, según el propio Ulpiano, era mejor que un criminal quedase en libertad que condenar a un inocente.

Este principio aparece también durante la Edad Media, con otras denominaciones, como in dubio absolvitur reus o en la duda hay que absolver al reo. Este principio, además, se relaciona con el de presunción de inocencia, que encontró su reconocimiento internacional con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966, aunque ambos principios no son lo mismo, como pasaremos a analizar posteriormente.

Respecto al recurso de casación, la jurisprudencia y la doctrina han estado de acuerdo en que la no aplicación del principio in dubio pro reo no podría dar lugar al acceso al recurso de casación, puesto que no se ha violado ningún principio constitucional, tal y como declara el Tribunal Supremo en su sentencia de 30 de abril de 1999. Aun así, se considera que sí podría dar lugar al recurso de casación si el Tribunal, aun teniendo dudas sobre el carácter incriminatorio de la prueba, dicta sentencia desfavorable, es decir, condenatoria, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otro lado, en cuanto al recurso de amparo, que es aquel que se dirige a la protección de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 a 29 y 30.2 de nuestra Constitución, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones para negar el acceso del principio in dubio pro reo a tal recurso de amparo. En cambio, el principio de presunción de inocencia, que se encuentra recogido en el artículo 24.2 de la Constitución española, sí estaría protegido con el recurso de amparo constitucional. A su vez, el Tribunal Constitucional ha afirmado que el principio in dubio pro reo carece de transcendencia constitucional.

Como hemos dicho, pese a su aparente identidad, el principio in dubio pro reo y el de presunción de inocencia no son iguales. El principio de presunción de inocencia tiene lugar cuando existe una falta absoluta de pruebas o dichas pruebas se han obtenido sin respetar las garantías necesarias. Es decir, es el principio que garantiza que exista una mínima actividad probatoria. En cambio, en el principio in dubio pro reo, sí que existe la prueba, pero se tiene una duda racional al respecto de su carácter incriminatorio y, por lo tanto, es un principio subjetivo, relacionado con el interno convencimiento del juzgador.

Además, los momentos en los que aparecen ambos principios son bien distintos. Por un lado, el principio de presunción de inocencia tiene su aparición en el marco de la carga probatoria, en el sentido de que no es al acusado a quien corresponde la demostración de su inocencia, sino todo lo contrario. En cambio, como hemos definido al principio del artículo, el principio in dubio pro reo aparece en el momento procesal de valoración de la prueba.

También se puede relacionar el principio in dubio pro reo con otros principios pertenecientes a otras ramas del Derecho. De esta manera, en el ámbito del Derecho Laboral, encontramos el principio in dubio pro operario. Este principio establece que, tanto la selección como la interpretación de la norma debe hacerse de la forma que más favorezca al trabajador. Esto es así porque el ordenamiento jurídico considera al obrero la parte “débil” de la contratación que necesita de una especial protección jurídica. Por lo tanto, en caso de existir dos normas aplicables o en caso de existir varias interpretaciones de la misma normal, se deberá siempre acoger la más favorable para el trabajador.

Otro principio similar es el pro libertate, que se encuentra recogido en el artículo 10.1 de la Constitución española. Este principio se relaciona con la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, que debe hacerse siempre en el sentido de los derechos y las libertades fundamentales.

En el ámbito del Derecho de obligaciones, encontramos, con significación similar, el principio in dubio pro debitoris o más conocido como favor debitoris. Éste significa que, en caso de darse situaciones dudosas ante un incumplimiento de una obligación, debe resolverse siempre a favor del deudor. En este mismo sentido, se aplica este principio cuando existan cláusulas contractuales que puedan dar lugar a distintas interpretaciones o que presenten ambigüedades, siempre a favor del deudor de la obligación.