Podríamos definir medida cautelar, en el ámbito penal, como aquellas disposiciones que se acuerdan durante un proceso, con el fin principal de asegurar que el proceso mismo llegará a buen puesto, así como garantizar que la sentencia dictada se pueda llegar a cumplir.

Podemos dividir las medidas cautelares en dos tipos:

  • Medidas cautelares personales. Son aquellas que implican una limitación o incluso una privación de la libertad personal del sujeto investigado. Con este tipo de medidas se trata de evitar que el investigado se fugue, lo cual pondría en peligro tanto el proceso como el cumplimiento de la pena; riesgo de que se oculten o destruyan las posibles pruebas y el riesgo de que se cometan delitos mientras que se tramita el proceso.
  • Medidas cautelares reales. El riesgo que tratan de impedir es el riesgo de que el investigado o, en su caso, aquellas terceras personas que tengan algún tipo de responsabilidad civil en el proceso, se coloquen en una situación de insolvencia y, a consecuencia de ello, no puedan afrontar el pago de las indemnizaciones que se puedan llegar a reconocer en la sentencia a favor de los ofendidos o perjudicados por el delito. Este tipo de medidas consisten en la exigencia de una fianza, tanto al investigado como a los terceros responsables civiles, que asegure esas eventuales responsabilidades pecuniarias.

Las principales medidas cautelares que contempla nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Enjuiciamiento Criminal son las siguientes:

a) La detención

Es una medida cautelar que podríamos calificar como personal. Supone la detención de aquella persona a quien se impute la comisión de un hecho delictivo. Solo se puede proceder a la detención en alguna de las siguientes circunstancias:

  • Cuando se pilla al sujeto en el momento de ir a cometer el delito.
  • Cuando se sorprende al sujeto, es decir, se trata de un delincuente in fraganti, que ha sido sorprendido mientras cometía el delito.
  • Cuando el sujeto se haya fugado del establecimiento penal, aunque estuviese esperando un traslado al establecimiento penal definitivo.
  • Cuando el sujeto se fugue al ser conducido al establecimiento penal.
  • Cuando el sujeto se fugue estando detenido o preso por causa pendiente.
  • Cuando el procesado o condenado se encontrase en situación de rebeldía.
  • Cuando la autoridad o agente considere que existen los motivos suficientes, desde un punto de vista racional, para creer en la existencia de un hecho delictivo, que infiera también que el sujeto ha tenido algún tipo de participación en el mismo y, además, que la pena a la que se enfrente sea superior a tres años de prisión. Aunque, en el caso de que sea inferior, también cabe siempre que, ateniendo a los antecedentes o a las circunstancias del hecho se pueda presumir que el sospechoso no comparecerá cuando sea llamado, aunque en este último supuesto se podrá evitar la detención si se presta una fianza.

En cuanto a los sujetos que pueden practicar la detención, cualquier persona puede llevarla a cabo en el caso de que se trate de un sujeto que iba a cometer un delito o que lo estaba cometiendo. Pero, en el resto de casos, solo podrá llevar a cabo la detención la Autoridad judicial o agente de la Policía Judicial.

En cuanto a la duración, si es detenido por la policía tan solo podrá durar el tiempo estrictamente necesario para que se esclarezcan los hechos. Aun así, el plazo máximo en todo caso será de 72 horas, tras las cuales deberá ser puesto a disposición judicial o en libertad. En casos de terrorismo, se podrá prorrogar dicho plazo por otras 48 horas. En caso de que la detención haya sido ordenada por un Juez, deberá decidir en todo caso, pasadas 72 horas, si procede la prisión provisional o deja al sujeto detenido en situación de libertad.

En el caso de que no proceda la detención, se procederá a citar al sujeto para que comparezca en el Juzgado en el día señalado. Es lo que se denomina como citación cautelar.  Si el citado no llegase a comparecer, se podrá convertir la orden de comparecencia en una orden de detención.

b) La prisión provisional

La prisión provisional supone la privación de libertad del investigado en un establecimiento penal. Solo puede ser acordada por el Juez en el caso de que se lo solicite el Fiscal o algún acusador.

Hay que tener en cuenta que la prisión provisional no es una pena, y que mientras dura se sigue manteniendo el derecho a la presunción de inocencia. Por ello, en el caso de que el sujeto, finalmente, sea condenado, se restará el tiempo que haya pasado en esta situación de la condena. Por el contrario, si resulta absuelto de los cargos, el sujeto tendrá derecho a recibir una indemnización por parte del Estado.

Para que se pueda interponer esta medida, será necesario que el sujeto se enfrente a una pena superior a dos años de prisión. Aunque también cabrá, aunque no se supere dicho límite, en el caso de que tuviese antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación derivados de delito doloso, si ha sido objeto de dos requisitorias por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores, si se tiene un temor racional de que la víctima pueda sufrir daños en sus bienes en el caso de que se mantenga la libertad o si se puede inferir que el sujeto actúa concertadamente con otras personas o que realiza con habitualidad sus actividades delictivas.

Respecto a la duración, esta medida no puede ir más allá que los motivos que la hacen necesaria. En el caso de que ya no exista motivo, también deberá extinguirse la prisión provisional. Si se trata de evitar el riesgo de fuga o de comisión de otros delitos, la duración máxima será de un año prorrogable en seis meses más, en caso de que la pena sea inferior a tres años de prisión o de dos años, con prórroga de dos más, en el caso de que sea superior. Pero, si se trata de conjurar el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, no podrá ir más allá de los seis meses. Para el cómputo de los tiempos se tendrá también en cuenta lo que el sujeto haya estado en prisión provisional por la misma causa.

c) Arresto domiciliario

Si el investigado se halla sometido a un tratamiento de desintoxicación o tiene problemas de salud, se puede acordar que la prisión provisional sea sustituida por el arresto domiciliario, en el segundo caso, o por el cumplimiento en el centro de desintoxicación, en el segundo.

d) La libertad provisional

En el caso de que no se den los presupuestos para dictar la prisión provisional, se tendrá que acudir a la libertad provisional. Se puede poner como condición la prestación de una fianza o el deber de comparecer ante el juez, incluyendo en este caso posibles medidas como la retención del pasaporte.

e) Alejamiento entre agresor y víctima

Esta medida puede ser acordada para delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, libertad e indemnidad sexual, intimidad, derecho a la propia imagen e inviolabilidad del domicilio, honor, patrimonio y orden socioeconómico. En cuanto a su objeto, puede consistir o bien en la prohibición de residir en un lugar determinado, o bien la prohibición de acudir a un lugar determinado, o por último la prohibición de aproximarse o comunicarse con personas determinadas.

f) Fianza y embargo

Por último, tenemos las medidas cautelares reales. Estas consisten en la prestación de una fianza que pueda cubrir la condena por responsabilidad civil derivada de delito. Si no se presta la fianza, se procederá al embargo de los bienes.