Que las nuevas tecnologías han cambiado nuestra vida radicalmente es un hecho que nadie puede negar. En muchas ocasiones, las implicaciones legales que tiene el uso y el abuso de este tipo de dispositivos aún no están recogidas, debido a pereza legislativa o necesidad de estudio de situaciones complejas. En el caso que nos ocupa, antiguamente ya se podían realizar grabaciones mediante aparatos de captación de sonido. Pero, hoy día, todo ello se simplifica mucho más, pues todo el mundo tiene en su bolsillo un teléfono móvil que cuenta en el 99% de los casos con una grabadora de fiabilidad que poder utilizar cuando la otra persona no se lo espera. Además, también aparecen otros medios a través de los que se puede conversar, como los correos electrónicos o la mensajería instantánea. ¿Se pueden utilizar todos estos como medios de prueba en un juicio? ¿Es preciso que todos los participantes de la conversación presten su consentimiento?

Las materias en las que más suele abundar la utilización de pruebas de este tipo es en el ámbito penal y en el laboral. Si nuestro jefe nos amenaza y grabamos la conversación, ¿eso podrá usarse posteriormente como prueba? ¿Y si alguien mandó un Whatsapp a otra persona confesando su crimen? Pues bien, podemos establecer que, como regla general, las grabaciones sí se admiten en los procedimientos judiciales, si bien hay una serie de cautelas y de requisitos a tener en consideración.

Los dos derechos más importantes sobre los que giran la mayoría de impugnaciones de pruebas de este tipo se encuentran, ambos, en el artículo 18 de la Constitución Española. No son otros que el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones. Pero estos derechos no amparan cualquier tipo de situaciones, sino unas muy concretas que vamos a pasar a enumerar. También, en algunas ocasiones, se pueden llegar a impugnar pruebas por vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

En cuanto al derecho a la intimidad, hay que considerar que tan solo se tiene por intimidad aquello que atañe a la esfera más íntima de la persona, es decir, su vida personal y familiar. Así, no se admitirán como prueba todas aquellas conversaciones que se inmiscuyan en la vida privada de los individuos, puesto que son cuestiones ajenas y que no interesan a la esfera pública. Eso sí, no todo es vida privada o familiar. Por ejemplo, varias sentencias, entre las que se encuentra la Sentencia del Tribunal Supremo con fecha de 20 de Noviembre de 2014 consideran que la grabación de una conversación que ha tenido lugar entre un jefe y un empleado no consiste una vulneración del derecho a la intimidad, siempre que se traten exclusivamente temas laborales. Además, hay que tener en cuenta que es indiferente que se tenga o no el consentimiento de la otra parte, siempre y cuando se traten temas ajenos a ese ámbito privado.

Incluso el propio Tribunal Constitucional se ha manifestado para rechazar que este tipo de conversaciones, que no versan sobre el ámbito privado o familiar, vulneren de algún modo el artículo 18 de la Constitución. También hay que señalar que, si el interlocutor prestó su consentimiento para que se realizase la grabación, no se podría impugnar ni aunque contuviera referencias a la vida íntima y familiar del interlocutor.

En lo que respecta al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, hay que distinguir dos tipos de grabaciones. Por un lado, estarían las grabaciones en las que el sujeto que procede a la grabación es parte interlocutora. Es decir, uno de los partícipes decide grabar, con o sin consentimiento, una conversación que otro u otros sujetos están teniendo con él. Por otro lado, estarían aquellas conversaciones que se consideran como ajenas. Estas serían, en contraposición, aquellas que se graban por una persona que no es parte integrante de la misma, sino que simplemente procede a realizar una grabación de una conversación que están teniendo otros sujetos.

En cuanto a las segundas, es decir, la grabación de conversaciones ajenas, los únicos que pueden llevarlas a cabo son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, para proceder a ello se precisará de una autorización judicial que se concederá o no según los casos. Entre estas conversaciones ajenas podemos incluir pinchazos telefónicos o colocación de micrófonos en habitaciones, siempre que su fin es captar conversaciones privadas en las que la persona que graba no está participando.

En cambio, respecto a las primeras, es decir, aquellas que son grabadas por una persona que participa en la conversación, se reconoce su validez siempre y cuando se respete lo ya dicho sobre el derecho a la intimidad. En este sentido podemos encontrar varias sentencias del Tribunal Supremo, como las de 11 de mayo de 1994, 30 de mayo de 1995 o, más recientemente, febrero de 2014. En este caso también es indiferente que se tenga o no el consentimiento de la otra persona o de las otras personas que participen en la conversación.

Pero también se puede vulnerar un tercer derecho, que es el derecho a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Vinculado con ello está el hecho de que, toda conversación que contenga una autoinculpación de los hechos por parte de una persona considerada como presuntamente culpable no tendrá la misma validez que una confesión, aunque si se considerará como una notitia criminis, es decir, un medio que puede producir el inicio de la actividad de la justicia penal.

También en relación con este derecho fundamental encontramos las grabaciones provocadas, es decir, forzadas o buscadas a través de algún tipo de engaño. También en este caso se distinguirá según la hubiera obtenido un particular o hubiera sido captada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En el primer caso, no se considerará que se vulnera el derecho, aunque se tendrá en cuenta lo ya dicho respecto a las conversaciones auto inculpatorias.

En cambio, si han sido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes, haciendo uso de su posición de superioridad respecto a los particulares, han obtenido una grabación forzada, se podría llegar a impugnar, aunque habría que estar, según señala la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a parámetros como la naturaleza y grado de coacción, el interés público en juego y el castigo que lleva aparejado el delito.

Es conveniente, a la hora de presentar como prueba en un juicio una grabación de este tipo, acompañarla de un informe pericial que acredite su no manipulación o alteración, además de transcribir las conversaciones.

Por último, ¿qué ocurre con las nuevas vías de comunicación online? Es decir, aquellas conversaciones que se mantienen a través de SMS, correo electrónico o servicios de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram. En estos casos, el consentimiento se encuentra implícito en el hecho de mandar algo escrito a otra persona. Si bien hay que tener en cuenta que hay que extraer los datos del dispositivo que los contiene y, además, probar suficientemente que la dirección de correo electrónico o el número de teléfono corresponden a la persona a quien se acusa.