En los últimos meses, la serie más comentada ha sido “Por trece razones”, una producción de Netflix que habla del suicidio, el acoso y la incidencia de las redes sociales en la vida de los jóvenes. Ante su visionado, han surgido muchas preocupaciones y dudas, no solo a los adolescentes, sino también a sus padres. Pero, ¿cómo se puede afrontar legalmente un caso de acoso escolar o, como se suele denominar, bullying?

Primero, tendríamos que dar una definición de acoso escolar. El Tribunal Supremo, en SSTS 1218/2004, 819/2002 y 1122/1998 se ha preocupado en definir lo que se puede entender como bullying o acoso escolar.  Podríamos decir que es aquel maltrato, ya sea físico, psicológico o verbal, en el ámbito escolar. No son situaciones aisladas, sino que, por desgracia, tienen lugar continuamente, puede que un día tras otro, como establece la instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado, de la que más tarde hablaremos. Por lo tanto, no entrará en la definición de acoso aquel incidente pasajero o encontronazo que se haya podido producir un día concreto. Dentro del acoso, entra una miríada de conductas, como pueden ser amenazas, aislamiento, burlas, insultos, agresiones físicas o, incluso, sexuales.

Para que se considere que existe una situación de bullying, se precisa que la situación, por tanto, sea reiterada, intencionada por parte del agresor y, además, que debido a ese tipo de conductas se cree un desequilibrio de poder entre agresor y agredido.

En nuestro Código Penal no hay ningún artículo concreto que hable del acoso escolar, así que, en el ámbito jurídico, podremos dirigirnos a la Convención de Derechos del Niño de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, a la Constitución española, a las leyes educativas y a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. Además, dentro de la legislación educativa, se aplicará el Real Decreto 732/1995 de 5 de mayo de 1995, sobre los Derechos y deberes de los alumnos y normas de convivencia en los centros. El octavo artículo de tal Real Decreto hace recaer la responsabilidad de frenar el acoso escolar tanto a la dirección de los centros educativos como a la Administración. Además, prevé una serie de medidas para dicho fin, tales como reuniones con alumnos o padre e, incluso, expulsiones.

También debemos tener en cuenta la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo. Esta ley establece el deber de los centros educativos de crear normas o planes de convivencia, para fomentar un buen clima dentro del centro escolar, además de contener una serie de medidas correctoras ante el incumplimiento delas normas establecidas en dichos planes. Esta misma norma legal plantea, en su disposición adicional vigesimoprimera, que los alumnos y alumnas puedan ser cambiados de centro educativo cuando se produzcan situaciones de violencia de género o de acoso escolar.

Los profesores deben ser los primeros en conocer del problema, por ello, los centros escolares deberán llevar a cabo un seguimiento constante del cumplimiento de las normas de convivencia, con el fin de detectar situaciones de acoso, pudiendo la Inspección técnica de Educación, tras examinar los informes de seguimiento del centro, proponer medidas para reparar las deficiencias que se hayan encontrado.

En los casos más graves, el asunto no se solucionará con la intervención de los centros y de los planes de igualdad, es decir, a través de vías extrajudiciales. En ese caso, habrá que acudir a la vía judicial.

En el caso de que el agresor tenga una edad inferior a los catorce años, la Fiscalía de Protección de Menores será quien intervendrá puesto que a los menores de 14 años no se les puede exigir responsabilidad penal. Por ello, se intentará encontrar una solución al problema. Para ello, podrá exigir al centro escolar para que lleve a cabo todas las medidas que estén en su mano para poner fin a los abusos y amparar al agredido o acosado.

Pero, si su edad es superior a los catorce años, sin llegar haber alcanzado aún los 18, se acudirá a la vía Penal, a través de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que conlleva penas inferiores a las que se establecen en el Código Penal. Los actos del acoso escolar podrían encuadrarse en algunos de los delitos tipificados en el Código Penal, tales como lesiones, coacciones, injurias, amenazas, etc. Además, podrá considerarse aplicable el artículo 173.1 de dicho cuerpo legal, que tipifica el delito de trato degradante. También el delito de acoso del 172. Ter CP, conductas insistentes y reiterada que incluyen vigilancia, persecuciones o el uso indebido de datos personales.

Es importante tener en cuenta el Informe de la Fiscalía General del Estado sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, 10/2005, que considera que el acoso escolar, y todo lo que comporta, suponen un debilitamiento de los cimientos de la sociedad civilizada. Esta Instrucción considera a la jurisdicción de menores como subsidiaria, dando primacía a los centros educativos, tal y como hemos comentado anteriormente. Además, considera esencial que la información fluya entre el Ministerio Fiscal y las direcciones de los centros escolares.

En los casos más graves, el Ministerio Fiscal podría incluso decretar el internamiento de los agresores, aplicando siempre y en todo caso los principios de excepcionalidad, proporcionalidad, subsidiariedad y provisionalidad.

Además, fuera del ámbito penal, puede buscarse la reparación de los daños y perjuicios que se hayan causado con la figura de la responsabilidad civil extracontractual. Se podrá exigir esta responsabilidad a los profesores y a los padres de los acosadores, pro culpa in vigilando, incluso como acción civil derivada de delito.  Para poder imponer este tipo de indemnizaciones civiles, será importante que se pueda probar y cuantificar el daño que se ha derivado del acoso.

Dentro de la jurisprudencia, es importante destacar el denominado “Caso Jokin”, en el que un menor se suicidó debido al acoso constante que sufría por parte de sus compañeros de escuela, caso al que se debe atribuir mucha de la importancia social que ha tomado el bullying en los últimos años. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco condenó a los progenitores de los agresores a abonar 10.000 euros a la familia del menor acosado.

Además, es importante señalar que, en muchas ocasiones, se podría considerar al propio centro educativo como responsable, a través de la vía administrativa.